El Supremo de EE UU anula el acuerdo de Purdue Pharma y los Sackler con las víctimas de los opioides

El Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo de bancarrota de Purdue Pharma, la farmacéutica que, con su agresiva comercialización del analgésico OxyContin, se convirtió en el principal causante de la peor crisis de salud pública de Estados Unidos entre el sida y la pandemia, la crisis de los opioides. El pacto que alcanzó en los procedimientos de quiebra implicaba que los Sackler, que controlaban la empresa, aportasen hasta 6.000 millones de dólares (unos 5.600 millones de euros) para la reestructuración de la empresa, pero al tiempo blindaba de responsabilidad frente a posibles reclamaciones a la familia, que controlaba la compañía y recibió jugosos dividendos. La Administración de Joe Biden impugnó el acuerdo y el Supremo le da ahora la razón.

Los Sackler se quedan sin el blindaje frente a potenciales demandas que deseaban, pero al tiempo, las víctimas y los Estados que esperaban las indemnizaciones, se quedan sin ellas. La sentencia, redactada por Neil Gorsuch, señala que “nada en la ley actual autoriza el descargo de responsabilidad de Sackler”.

La procuradora general, Elizabeth Prelogar, argumentaba que el acuerdo concedía a los Sackler y una serie de otras personas y entidades —que no se han acogido a la protección por quiebra— una “exención de responsabilidad de una amplitud excepcional y sin precedentes”. Esa liberación absoluta, incondicional, irrevocable, plena y definitiva exoneraba a los Sackler de cualquier tipo de demanda civil relacionada con los opioides, incluso demandas basadas en fraude y otras formas de mala conducta intencionada.

La decisión se ha tomado por cinco votos a cuatro, con el rechazo de las tres juezas progresistas (Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) y de Brett Kavanaugh, que redacta el voto particular. “La decisión de hoy es errónea desde el punto de vista jurídico y devastadora para más de 100.000 víctimas de los opioides y sus familias. La decisión del Tribunal reescribe el texto del Código de Quiebras de Estados Unidos y restringe la autoridad establecida desde hace tiempo de los tribunales de quiebras para diseñar una reparación justa y equitativa para las víctimas de daños masivos. Como resultado, las víctimas de los opioides se ven ahora privadas de la sustancial recuperación monetaria por la que lucharon durante tanto tiempo y que finalmente consiguieron tras años de litigios”, escribe Kavanaugh. “. Las víctimas de opioides y otras futuras víctimas de agravios masivos sufrirán mucho a raíz de la desafortunada y desestabilizadora decisión de hoy”, añade.

El plan de quiebra quedó suspendido a la espera de la decisión del Supremo. El Departamento de Justicia consideraba que un acuerdo de bancarrota de una empresa (en este caso Purdue Pharma) no puede conceder inmunidad a una tercera parte (la familia Sackler) que en puridad no era parte del proceso concursal. Los Sackler, sin embargo, se habían comprometido a aportar esos 6.000 millones de dólares y a renunciar a la propiedad de la empresa, que saldría de la quiebra como una entidad diferente, Knoa Pharma.

Según el plan de quiebra ahora anulado, la nueva firma desarrollaría y distribuiría tratamientos contra la adicción a los opiáceos y medicamentos para revertir las sobredosis, al tiempo que seguiría fabricando los productos de Purdue Pharma, incluido OxyContin. Sus beneficios se destinarían al tratamiento y la prevención.

El caso dividía a las víctimas y sus familias. Mientras algunas rechazaban el blindaje de los Sackler, otras consideraban que era la solución viable para obtener una reparación monetaria. La cuestión era que si se eliminaba ese blindaje, peligraba el acuerdo en su conjunto y, con ello, unas indemnizaciones por las que los demandantes llevan años peleando. Ahora, descartado el blindaje frente a futuras reclamaciones, los Sackler no tienen incentivo alguno para aportar ese dinero de su propio bolsillo, que solo es una parte de los enormes beneficios que lograron con los opioides.

“La sentencia de hoy del Tribunal Supremo supone un gran revés para las familias que perdieron a sus seres queridos por sobredosis y para quienes siguen luchando contra la adicción”, dijo Edward Neiger, abogado que representa a más de 60.000 víctimas de sobredosis, en un comunicado citado por Associated Press. “El plan de Purdue era un plan centrado en las víctimas que proporcionaría miles de millones de dólares a los estados para ser utilizados exclusivamente para abatir la crisis de los opioides y 750 millones de dólares para las víctimas de la crisis, para que pudieran empezar a reconstruir sus vidas. Como resultado de la insensata cruzada de tres años del Gobierno contra el plan, miles de personas murieron por sobredosis, y la decisión de hoy provocará más muertes innecesarias por sobredosis”, añade.

Adicción

El fármaco de la empresa con sede en Stamford (Connecticut), usado como remedio para dolores no crónicos, enganchó a cientos de miles de estadounidenses, y ha causado más de 500.000 muertes en dos décadas. Para muchos adictos, el consumo de OxyContin fue la puerta de entrada al fentanilo, una droga sintética 50 veces más potente que la morfina y que también se ha convertido en una epidemia por todo Estados Unidos.

Purdue Pharma se declaró en bancarrota en 2019 para hacer frente a sus deudas, derivadas de miles de demandas. El acuerdo de reestructuración de la empresa fue aprobado en 2021, con la previsión de aportar en principio 10.000 millones de dólares a Estados, municipios, centros de tratamiento y recuperación de adicciones, hospitales, supervivientes y familiares de los fallecidos, entre otros afectados. El Gobierno de Biden y ocho Estados impugnaron el acuerdo. Estos últimos accedieron a retirarse tras aceptar los Sackler contribuir con más dinero al fondo de compensación. El tribunal de apelaciones dio por bueno el pacto admitiendo el blindaje con el argumento de que las reclamaciones contra Purdue Pharma y contra los Sackler estaban tan vinculadas entre sí que si se impedía esa inmunidad, no sería posible el pacto. El Departamento de Justicia impugnó esa decisión ante el Supremo.

En paralelo, Purdue Pharma aceptó en un acuerdo con el Departamento de Justicia el pago de un total de 8.300 millones de dólares en concepto de multas, responsabilidad civil e indemnizaciones, la mayor sanción impuesta a una empresa farmacéutica. Sin embargo, la propia declaración de bancarrota de la empresa complicaba que se hicieran efectivos esos pagos.

Numerosas compañías farmacéuticas han llegado a acuerdos para pagar indemnizaciones que suman decenas de miles de millones de dólares por la crisis de los opioides. Ha habido asunciones de responsabilidad tanto por fabricantes de medicamentos como por cadenas que los comercializaban y dispensaban. Sin embargo, el caso de Purdue Pharma y de los Sackler está en el epicentro de la crisis sanitaria.