Las mil y una trabas para deshacerse de los embriones congelados sobrantes

Pausar el reloj biológico de la fertilidad es cada vez más habitual y más sencillo en España. Bien sea de manera voluntaria o por dificultades socioeconómicas, el número de mujeres que apuestan por congelar óvulos y embriones sigue creciendo progresivamente y se ha multiplicado por 18 en la última década. De 424 en 2011 a 7.712 en 2021, último año con datos disponibles en el Registro Nacional de Actividad de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Este crecimiento está planteando a las clínicas el dilema de qué hacer con los embriones y óvulos sobrantes que las mujeres ya no quieren preservar. Deshacerse de ellos no es tan sencillo por motivos legales y éticos, pero mantenerlos de manera indefinida, con el gasto económico que supone, tampoco es la solución ideal.

Se calcula que hay 777.679 embriones congelados en España, de los cuales el 70%, unos 540.000, lleva más de dos años almacenado. Nunca antes había habido tanta acumulación y, hace una década, cuando se recogieron los primeros datos, la cifra se reducía a más de la mitad. El retraso en la edad de la maternidad, que en España se sitúa de media en los 32,6 años, y la mejora de las técnicas de reproducción asistida, que permite un embarazo más rápido, son los dos factores principales que explican esta acumulación. La ginecóloga especializada en reproducción asistida y autora del libro Quiero quedarme embarazada. Claves para entender la reproducción asistida, Sara López, argumenta que “hace unos años era más común transferir entre dos y tres embriones a la vez”, con el riesgo de embarazo múltiple que suponía, pero ahora “lo habitual es transferir solo uno y eso hace que sobren más”.

El exceso de acumulación supone “un problema para las clínicas”, que se ven obligadas a mantener los embriones durante años y años en las condiciones adecuadas, según comenta el presidente de la SEF, Juanjo Espinós. “Defendemos que haya opciones que permitan utilizar o descartar los sobrantes, porque no tiene sentido tenerlos en laboratorios sin hacer nada”, manifiesta. Sostiene la misma opinión el doctor Ernesto Bosch, director del Instituto Valenciano de Infertilidad de Valencia, que ve un doble problema: de coste, “por el consumo de nitrógeno líquido” —que se utiliza para rellenar los tanques y conservar los embriones a unos -200 °C—, “de luz o por la adquisición de tanques de almacenamiento”, y de espacio. A los embriones congelados hay que sumar los 371.626 óvulos que se encuentran en la misma situación, según el registro de la SEF.

Deshacerse definitivamente de los óvulos o de los embriones cuando una mujer decide que ya no los quiere utilizar no es sencillo. Es una decisión que no está únicamente en sus manos. La Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, que data de 2006, ofrece tres vías en estos supuestos. La primera es donarlos a otras mujeres con fines reproductivos; la segunda, cederlos a la ciencia con fines de investigación y, por último, en caso de no querer que nadie más los aproveche, cesar su conservación.

El problema es que cada una de las tres opciones presenta alguna traba. Para ceder los embriones a otras parejas hay que cumplir una serie de garantías. La mujer debe tener menos de 35 años en el momento en el que se generan los gametos y el hombre menos de 50 y, además, no puede haber antecedentes de enfermedades genéticas. Y, aun cumpliendo estos requisitos, hay mujeres que recelan de donar un embrión “por la concepción moral de que es como un hijo no nacido”, según cuenta López.

La segunda posibilidad, la de donarlos a la ciencia, presenta menos dilemas morales para las parejas, pero tampoco es una solución para dar salida al tapón de embriones congelados, ya que apenas hay proyectos de investigación en los que se puedan utilizar, según argumenta la experta en reproducción asistida Rocío Núñez. “Tienes que informar a los pacientes del proyecto y tienen que estar de acuerdo”, comenta, cosa que no siempre es sencilla.

El cese de su conservación sin ninguna otra finalidad, la tercera opción, tiene un condicionante que alarga el mantenimiento. Dos responsables médicos ajenos al centro donde se guardan deben verificar que “la receptora no reúne los requisitos adecuados para la práctica de la técnica de reproducción asistida”, bien sea por edad o por otras afecciones sanitarias, según indica la legislación. En la práctica, esto supone que los centros se ven obligados a conservar los gametos y los embriones y, en ocasiones, “el tiempo de acumulación supera los 20 años”, esgrime Núñez. Se estima que unos 60.000 embriones se encuentran en esta situación de abandono, según una investigación del grupo de Ética y buena práctica clínica de la SEF, publicada en 2022.

Hay un truco legalmente permitido que utilizan las clínicas para paliar, en cierta manera, el exceso de acumulación y que se usa principalmente con los óvulos, según explica Núñez. Los centros están obligados a contactar con los pacientes a los dos años para renovar el contrato de preservación y que sigan pagando las cuotas, pero, si tras dos intentos el paciente no da ninguna respuesta, los óvulos y los embriones pasan a ser propiedad de la clínica, que puede darles el tratamiento que le parezca más oportuno. De media, el tratamiento de congelación cuesta unos 2.500 euros, a los que hay que añadir cuotas anuales, que suelen costar alrededor de 500 euros, aunque este precio varía en función de cada clínica.

Precauciones éticas

Superadas estas trabas, que ya suponen un retraso temporal notable, aparece una más: las precauciones éticas. López comenta que las clínicas son “muy prudentes con los embriones congelados de progenitores que se han desentendido de ellos”. “Aunque, teóricamente, si la pareja no da señales de vida durante varios años, pasan a ser propiedad de la clínica, no hay leyes claras que establezcan qué hacer con ellos”, explica. Una posición que comparte la doctora especializada en Ginecología y Obstetricia del Instituto Bernabéu Alicia Herencia, para quien el tema de qué hacer con los embriones abandonados supone un mayor problema ético que con los óvulos. “Nadie se atreve a tirarlos”, zanja Núñez.

Un caso paradigmático que justifica las precauciones de las clínicas es el que ocurrió hace un par de meses en Alabama, Estados Unidos. El Tribunal Supremo del Estado dictaminó que los embriones congelados eran niños, en respuesta a dos casos en los que los embriones de varias parejas se destruyeron por accidente.

Las quejas y las dificultades recogidas por los distintos expertos convergen en un punto común, la necesidad de reformar la legislación. El presidente de la SEF protesta por la falta de exactitud sobre la edad a partir de la cual una mujer ha agotado su capacidad reproductiva. “La referencia es alrededor de los 50 años, pero depende de cada mujer”, expresa, y percute en el desfalco que supone que los óvulos y los embriones “tengan el mismo estatus legal” que impide deshacerse fácilmente, mientras que “el semen se puede guardar y descongelar cuando sea”. El doctor Bosch es más contundente: “Pedimos que la administración de orden clara y respaldada legalmente para la destrucción de embriones abandonados”.

Propuestas para su reforma no faltan. Desde ampliar la edad de donación a reducir los informes necesarios para conseguir cesar su conservación. “Cuando una pareja se separa o uno de los miembros fallece, no tiene sentido seguir manteniendo sus embriones porque ya no se van a utilizar”, ejemplifica Espinós. La doctora Núñez pide fomentar más proyectos de investigación y López incide en romper el tabú de donarlos a otras mujeres. “Hay que animar a las parejas a donar embriones a otras parejas”, sentencia.