Consumo sanciona a 17 webs de apuestas ‘online’ con 81 millones y cierra diez de ellas en el segundo semestre de 2023

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), encargada de controlar las páginas de apuestas y juegos de azar, ha sancionado en el segundo semestre de 2023 a 17 webs por infracciones graves o muy graves con multas que superan los 81 millones de euros, según datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Diez de las páginas se consideran ilegales y se ha ordenado su cierre; destaca el expediente a la Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos, acusada de competencia desleal por la ONCE, que recibe una penalización de 35 millones y una orden de cierre de cuatro años. Desde que comenzaron a hacerse públicas este tipo de sanciones, en julio de 2021, se ha impuesto 139 por 333 millones de euros.

“Estas sanciones, que ya son firmes, son muy importantes para mantener un entorno de juego seguro”, resume Mikel Arana, director general de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. “Las multas a los operadores ilegales pretenden evitar que haya juego ilegal en el mercado español. Por eso, en cuanto los detectamos los intentamos bloquear, porque son la puerta de entrada para menores de edad, o bien para personas que se han inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego —el registro de autoprohibidos—, y tampoco aplican las medidas de juego seguro vigentes en España”, continúa.

Las infracciones muy graves se corresponden con operadores de juego online que operan sin licencia en España y que han sido detectados: Rabadi, Uno Digital Media, Eight Stars, Mrsloty Games Tech, Entretenimiento Rojo, Onyxion Malta, Trw Corporate, Vdsoft&Script Development o Uniquegame. A cada una de ellas se les sanciona con cinco millones de euros y el cierre de la web por dos años. “El juego ilegal en España está por debajo del 3%, somos líderes en Europa en bloquear este tipo de páginas, aunque a veces con algunas es como jugar al gato y al ratón, porque las cerramos y las vuelven a abrir con otro nombre”, apunta Arana.

En este último periodo hay infracción que destaca sobre las demás: la de la Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos (ONDEE). “Es un operador de loterías que no tiene licencia, dado que los únicos que pueden hacerlo son Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y la ONCE. Estamos hablando de una organización que se hace pasar por la ONCE y que pretende vender loterías cuando no puede hacerlo. Además, tiene un expediente anterior obligando a su disolución. Por eso la sanción es de una gravedad extraordinaria”, señala el responsable de la DGOJ. La web de la organización todavía sigue activa, pero tras concluir el proceso se procederá a su cierre.

El departamento también ha detectado infracciones graves en otros siete operadores, entre ellos Gamesys, 888, Esgaming o Codere. “Ocurren cuando un operador legal permite acceso a menores o a personas inscritas en el registro de autoprohibidos. Normalmente suele pasar por problemas técnicos. Se los notificamos y suelen arreglarlo rápido, pero aunque lo hagan conlleva una sanción”, dice el experto. “En cualquier caso, el operador con licencia cada vez cumple mejor las normas, por lo que este tipo de sanciones irán a menos”, añade. En estos casos, el conjunto de las multas ascienden a 1,1 millones de euros en total.

139 sanciones en dos años y medio

Hasta julio de 2021, este tipo de infracciones no se hacían públicas, pero a partir de ese momento pasaron a publicarse semestralmente. Desde entonces, el número de sanciones asciende a 139. Así, en el segundo semestre de 2021 se impusieron 19, mientras que en 2022 fueron 73. En el primer semestre de 2023, la DGOJ —dependiente entonces del Ministerio de Consumo— sancionó a 30 operadores de apuestas y juegos de azar por 71,4 millones de euros. La mitad de las multas, 15, se debieron a infracciones muy graves, 14 de las cuales se cerraron durante dos años. En total, desde julio de 2021 se han impuesto multas por un valor total de más de 333 millones de euros.

La reciente sentencia del Supremo que anuló algunos aspectos del decreto de publicidad del juego, como la limitación de promociones a nuevos jugadores o los anuncios con influencers, afectará a futuras sanciones. “Hasta que no volvamos a incluir esas limitaciones en la ley, no podremos sancionarlas. Por ejemplo, antes podíamos sancionar a los operadores que hacían publicidad con famosos y ahora, durante un tiempo no podremos hacerlo”, comenta Arana. En cualquier caso, “el sistema de sanciones está funcionando muy bien para mantener a raya al juego ilegal y mantener un entorno de juego seguro con el que defender a los jugadores más vulnerables”, concluye.