Sanidad choca contra las comunidades del PP para aprobar su nuevo plan antitabaco

El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo que pretende, entre otras cosas, ampliar los espacios libres de humo y subir los impuestos al tabaco, va a seguir adelante “aunque el PP no apoye”. Con esta contundencia se ha manifestado este jueves en la red social X el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. El ministerio tiene previsto informar este viernes a las comunidades sobre su aprobación en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en el que no lo someterá a votación. En su lugar, ha pedido a las autonomías que decidan este jueves, hasta las 13.00, si se adhieren o no.

Según Sanidad, Cataluña, Canarias, Navarra y Asturias se han sumado. País Vasco ha solicitado no hacer pública su postura hasta mañana, y la mayoría de las comunidades no han mostrado una posición cerrada, han subrayado que el procedimiento “no es el adecuado” y esperarán a la reunión del viernes con la ministra para pronunciarse oficialmente. El frente contra algunos aspectos del plan está formado sobre todo por comunidades populares, pero también las hay gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, que aún no se ha pronunciado claramente, o Navarra, que sí se adherirá pero que muestra, como la región gobernada por Emiliano García-Page, reticencias ante el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027, cuyo borrador habían recibido el pasado 14 de marzo.

Ante esa primera versión, algunos directores generales de salud pública pidieron tiempo para estudiar el documento. En la siguiente reunión del Comité de Salud Pública (participada por esos directores), que se celebró el miércoles, Sanidad aceptó 147 de las 157 enmiendas que presentaron. Pero tampoco hubo votación para aprobar el documento, según se quejan fuentes de algunas autonomías gobernadas por el PP. “El ministerio mandó otro borrador para la reunión del miércoles y planteó que no se vota, sino que las comunidades pueden adherirse o no y dio otro plazo de 24 horas para hoy. Existen dudas de que la fórmula empleada sea adecuada”, explican desde una consejería popular.

El ministerio, por su parte, ha dado por buena esa versión del documento, que será, previsiblemente, la que se acabe aprobando, y que servirá como hoja de ruta sobre las normativas tabáquicas con cinco grandes objetivos: prevenir el inicio del consumo de tabaco y de productos relacionados, fomentar el abandono del tabaquismo y facilitar la ayuda para dejar de fumar, reducir la exposición ambiental a las emisiones de tabaco y productos relacionados, promover la investigación aplicada y la monitorización en el control del tabaquismo y potenciar la coordinación y el establecimiento de alianzas.

Esta estrategia, en teoría, dará lugar ―entre otras muchas medidas― a la mencionada subida de impuestos, que se tendrá que pactar con Hacienda, o a una restricción de los lugares donde se puede fumar, como pueden ser las terrazas, siempre que el Congreso apruebe una ley al respecto. Esto se hará, como dice Padilla, con o sin el concurso de las comunidades del PP.

EL PAÍS se ha puesto en contacto con todas las autonomías para recabar su postura ante al plan. La mayoría no ha mostrado una disposición firme en un sentido u otro. Sí lo ha hecho Aragón (PP-Vox), que ha dicho que no se adherirá al plan por su “falta de concreción”, entre otras cuestiones. Nuria Gayán, su directora general de Salud Pública, ha mostrado su preocupación por la actitud de Sanidad por aprobar sin consenso y con “precipitación” una norma de esta “importancia”.

Gayán resume algunas de las pegas que ven varias autonomías: “Un plan sin dotación económica y sin calendario de ejecución nos parece flojo. Y tampoco nos parece bien que no se hayan tenido en cuenta las estrategias basadas en autorregulación de la voluntariedad de crear espacios libres de humo con un distintivo, que van creando conciencia, que tienen resultados positivos en algunas comunidades. Tampoco se dice cuáles son los espacios libres de humo, el ministerio dice que ya lo dirá después, y no sabemos a qué se refiere: si campus universitarios, espacios deportivos, terrazas de hostelería...”.

Sí se adherirá Navarra (PSOE), pero con “todas las cautelas”. Su consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha justificado esto porque, aunque están “de acuerdo con los aspectos generales, falta información”. “No sabemos qué implica la adhesión total o parcial, no hemos tenido tiempo de valorar el texto con todas las aportaciones y tampoco sabemos a dónde puede llevarnos en la legislación de los espacios sin humo”, ha declarado. La también socialista Castilla-La Mancha se muestra en líneas generales a favor, pero le afea su falta de memoria económica.

Otras comunidades se están mostrando más ambiguas y no muestran una postura clara por su rechazo a la forma de sacar adelante del plan que ha escogido el ministerio. Cantabria ha dicho que no se pronunciará hasta mañana. Marciano Gómez, consejero de Salud de la Comunidad Valenciana, ha comunicado que su postura es “la defensa de la salud de los valencianos”, sin aclarar adhesión al plan, aunque ha recalcado que echa en falta la memoria económica. Andalucía no ha dado una respuesta cerrada, pero se ha mostrado en contra del procedimiento, igual que Extremadura, que, además, rechaza varios puntos (como el empaquetado genérico o la “imposición de prohibir fumar en las terrazas”, que no aparece en el texto). Su consejera quiere debatirlo en el CISNS de este viernes, en la que los responsables autonómicos se reunirán con la ministra Mónica García.

Respuesta de Sanidad

El secretario de Estado ha respondido en X cuáles a las principales alegaciones de las comunidades reacias a suscribir el plan:

“Se ha hecho muy rápido y no hemos tenido tiempo para valorar el plan”, es una de las alegaciones. A esto, Padilla contesta que se lleva años trabajando y que ha habido 15 días para hacer alegaciones, de las que se han incorporado la gran mayoría.

“No tiene memoria económica”, es otra queja. El secretario de Estado asegura que los asesores del ministerio no lo consideraron necesario, y que los grandes planes integrales que han pasado por el consejo interterritorial tampoco la tenían y aun así se aprobaron.

“La medida del empaquetado genérico no tiene bibliografía”, prosiguen algunas comunidades ―en palabras de Padilla― al referirse a una de las propuestas del plan: que las marcas no aparezcan destacadas en las cajetillas de tabaco, y que todas tengan una apariencia similar. En la bibliografía del plan hay un apartado con 20 referencias.

Las comunidades reacias también arguyen que “si se suben los impuestos al tabaco, tienen que ser finalistas”. Padilla contrargumenta que los impuestos finalistas al tabaco tienen “un dudoso” encaje en el ordenamiento jurídico español y que Sanidad espera que el aumento fiscal suponga una disminución de la recaudación por su impacto en el consumo.

Otra crítica apunta a que “los espacios libres de humos, como las terrazas, tienen que ser voluntarios y tener incentivos fiscales”. Aunque el plan no menciona las terrazas, sí que habla de ampliar espacios libres de humo. Padilla argumenta que hacerlo ya es voluntario y no funciona. “Cuando no hay motivos que se puedan hacer públicos para oponerse a medidas de sentido común, uno se agarra a aspectos formales. Esta semana quedará para decidir quién, una vez más, se sitúa en un lugar en el que los años mostrarán que no tenía sentido estar”, concluye el secretario de Estado.