El Supremo se inclina por mantener el acceso a la píldora abortiva en Estados Unidos

El Supremo de Estados Unidos escuchó este martes los argumentos orales en un caso que devolvió al alto tribunal el asunto del aborto casi dos años después de que sus magistrados derogaran medio siglo de la protección federal que fijó la histórica sentencia Roe contra Wade (1973). Discutían si restringir o no el uso de la mifepristona, la píldora más usada en combinación con otra llamada misoprostol para practicar interrupciones del embarazo. Tras 100 minutos de debate y de preguntas sobre las razones de ambas partes, los nueve jueces parecieron inclinarse por mantener el nivel actual de acceso al fármaco en Estados Unidos. La sentencia no se conocerá hasta el final del curso judicial, en junio.

Hasta que esa fecha llegue, solo es posible interpretar las actitudes de los magistrados durante la vista de este martes. Y de esa lectura cabe concluir que una mayoría ―tal vez todos ellos menos los dos más a la derecha, Samuel Alito y Clarence Thomas― entiende que los querellantes, una asociación de médicos cristianos antiabortistas creada ex profeso para lanzar esta cruzada judicial, no han demostrado cumplir un requerimiento que exige la ley: haber sufrido un daño suficiente en el asunto que se discute para estar autorizados a demandar.

El Supremo estadounidense está formado por cinco hombres y cuatro mujeres. Tres magistradas se identifican como liberales y seis como conservadores, tres de los cuales nombró el expresidente Donald Trump con el encargo expreso de cambiar las reglas sobre el aborto en Estados Unidos. Uno de los nombramientos del expresidente, Neil Gorsuch, alertó de algo que considera una tendencia preocupante: el aumento de asuntos llevados ante ese tribunal por un grupo de individuos con aspiraciones de convertir sus “pequeñas demandas” en “cambios de hondo calado” y alcance “universal”. “Este caso es un excelente ejemplo de eso”, consideró.

FDA Vs Alliance for Hipocratic Medicine (AHM) tiene su origen en una demanda interpuesta en noviembre de 2022 contra la agencia del medicamento (FDA) al calor de la polémica sentencia del Supremo que tumbó el derecho constitucional al aborto en junio de ese año. Aquel fallo devolvió a los Estados el poder para regular sobre la libertad reproductiva de las mujeres. La AHM eligió iniciar su guerra judicial en Amarillo (Texas), confiada en que allí se encargaría del caso Matthew Kacsmaryk, un juez cristiano conservador, y que su decisión la revisaría después un tribunal de apelaciones, el del Quinto Circuito, también con una trayectoria proclive a sus intereses.

Los 15 primeros minutos de la sesión en el solemne edificio del Supremo en Washington ―a cuyas puertas se concentraron desde horas antes del comienzo de la vista manifestantes a favor y en contra del aborto― se fueron en discutir si esa “alianza por la medicina hipocrática” tienen capacidad legal para demandar a la FDA, dado que no recetan píldoras abortivas como parte de su práctica. Elizabeth B. Prelogar, abogada que representaba a la agencia, también argumentó que aunque lo hicieran sería altamente improbable que se encontraran con pacientes con complicaciones derivadas del uso de mifepristona; en uno de los estudios aportados por la Administración se fija en un 0,32% el número de esos casos. La AHM afirma por el contrario, aunque sin aportar pruebas, que se han registrado “decenas de miles de complicaciones”.

El objetivo inicial de los demandantes era prohibir el acceso total a la píldora abortiva, que, según los últimos datos del Instituto Guttmacher, concursa junto al misoprostol en el 63% de las interrupciones del embarazo se llevan a cabo en Estados Unidos, una cifra que ha crecido tras la derogación de la sentencia que tumbó Roe. El primer fármaco detiene la producción de progesterona e interrumpe la gestación; el segundo provoca contracciones en la paciente y provoca la expulsión del feto. La FDA, que aprobó su uso hace más de 20 años, calcula que la han usado más de cinco millones de mujeres desde entonces.

Kacsmaryk les dio la razón en todo en Amarillo, pero el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito, que tiene jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Misisipí, solo les compró una parte del argumento: la que culpa a sendas decisiones de 2016 y 2021, que ampliaron el acceso a la píldora abortiva al permitir su receta por telemedicina y la compra por correo, de un supuesto aumento de los problemas derivados de ese uso más extendido. Prelogar dijo que no existían datos para sostener esa relación causa-efecto. Por su parte, Jessica Ellsworth, la letrada que representó ante el Supremo a Danco, la farmacéutica que comercializa la mifepristona, recordó que dos estudios citados por los demandantes para argumentar que el fármaco no es seguro fueron repudiados recientemente por la revista científica que los había publicado, y que esta se retractó de su difusión.

Plazo reducido

Si el Supremo contradijera las señales que emitió este martes (que en ningún caso son concluyentes) y diera la razón a los demandantes, la mifepristona se podrá seguir recetando, pero solo en persona y con un límite de siete semanas, frente a las 10 actuales, que es el tiempo durante el que la ciencia ha demostrado su eficacia para interrumpir la gestación. El nuevo plazo equivaldría en la práctica a una prohibición, pues muchas mujeres no pueden saber para entonces si están encintas.

Desde el final de Roe contra Wade, 21 Estados han prohibido o restringido severamente el derecho al aborto en mitad de un caótico mapa de legislaciones cruzadas y batallas en los tribunales. En esos territorios, las mujeres han recurrido más que antes de la sentencia a la mifepristona, porque así se ahorran los largos y costosos desplazamientos a otros Estados para poder acceder a un aborto quirúrgico en clínicas que a menudo se encuentran colapsadas por la creciente demanda de los últimos dos años. Los estudios demuestran que tras el fallo del Supremo el número de interrupciones del embarazo ha crecido en lugar disminuir en Estados Unidos.

Erin Hawley, abogada que representaba la AHM y esposa del senador republicano de Misuri Josh Hawley, voz destacada de la facción más conservadora del partido, se quejó de que el movimiento antiabortista en Estados Unidos, que logró del Supremo una gran victoria en 2022 tras cuatro décadas de luchar por ella, había sufrido un perjuicio por haber tenido que concentrar sus esfuerzos en “en explicar los peligros de los medicamentos abortivos”. Ese argumento lo puso en duda hasta Clarence Thomas, tal vez el juez situado ideológicamente más a la derecha de los nueve.

Durante la vista también flotó otra pregunta: ¿seguiría el Supremo la senda de sentencias anteriores con las que han restado poder a las agencias gubernamentales, como hizo en 2023 con la EPA, encargada de la protección del medioambiente? La idea de que su influencia ha engordado demasiado en el sistema estadounidense es uno de los argumentos favoritos del ala más dura del Partido Republicano. Otro punto de la defensa de la FDA es que si el alto tribunal da la razón a la otra parte eso abrirá la compuerta para que se pueda poner en duda cualquier decisión sobre un medicamento basándose en razones políticas. Tras lo escuchado este martes, parece que los jueces no usarán este caso para ahondar en esa estrategia.

Está no será la única oportunidad en la que el alto tribunal tercie este año en el tema del aborto, uno de los asuntos que más han hecho por deteriorar su imagen, más dañada que nunca, ante la opinión pública estadounidense. En abril, examinarán el caso Idaho contra Estados Unidos, en el que deben decidir sobre la legalidad de una norma antiaborto del Estado del Medio Oeste. Es una de las más severas del país. Según sus detractores, enfrenta a médicos y enfermeras a un dilema de difícil solución en los casos en los que la vida de la madre está en peligro si se la obliga a continuar con la gestación. Si practican una interrupción del embarazo, se exponen, según la ley de Idaho, a perder su licencia o incluso a acabar en la cárcel. Si no, contravendrían otra norma, esta de alcance federal, que obliga a los hospitales que ofrezcan servicios de emergencia a intervenir si la salud de la paciente está en juego.