El Gobierno facilita las demandas colectivas de consumidores ante fraudes masivos

El Gobierno ha dado este martes el primer paso para facilitar las demandas colectivas de consumidores ante fraudes masivos, una reclamación histórica de las asociaciones del sector. El anteproyecto de ley, presentado por los ministerios de Justicia y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca agilizar el procedimiento judicial a seguir para el ejercicio de acciones colectivas por parte de las asociaciones de consumidores y otras entidades frente a conductas empresariales ilícitas.

La futura norma traspone la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y recoge medidas para eliminar barreras que han impedido que estas acciones colectivas puedan ser ejercidas de forma masiva. Además, regula la habilitación de asociaciones de consumidores para que puedan ejercer las acciones colectivas y la creación de una base de datos de entidades habilitadas para que la ciudadanía pueda acceder a esta información a través de la página web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La ley establece un procedimiento único para abordar las demandas colectivas —como la que se realizó Volkswagen por el dieselgate— y va más allá de la directiva europea, ya que su ámbito de actuación abarca todas las situaciones en las que se hayan vulnerado derechos e intereses de consumidores. Además, incorpora también el uso de plataformas electrónicas para cada proceso, lo que permite una tramitación más ágil tanto para los afectados como para los tribunales que se encarguen del proceso. Según fuentes de Derechos Sociales, la ley prioriza el juicio verbal y regula un mecanismo procesal ágil y con garantías para que las asociaciones de consumidores defiendan a los perjudicados.

Los ciudadanos que se acojan a una de estas acciones colectivas podrán ejercer acciones de cesación, es decir, exigir que se interrumpa una conducta nociva para los consumidores, introduciendo como novedad la reclamación previa al empresario o profesional como requisito para que resulte admisible la demanda. También podrán pedir a través de plataformas electrónicas acciones resarcitorias, es decir, una indemnización.

Cualquier indemnización vinculará automáticamente a todos los afectados automáticamente, salvo que específicamente pidan desvincularse. Según la interpretación de Justicia, esto significa que el fallo sobre el asunto se aplicará de manera automática a todas las personas que estén afectadas por el mismo sin tener que solicitar cada afectado su adhesión a este fallo, salvo que manifiesten que quieren desvincularse de la decisión.

Además, se crea un sistema de difusión y publicidad electrónica de estas acciones colectivas, de carácter público y gratuito —denominado Registro de Condiciones Generales de la Contratación y de Acciones colectivas— con el fin de difundir la existencia de las acciones colectivas y facilitar que los afectados puedan sumarse a ellas y permitir la adecuada coordinación entre órganos judiciales.

Según datos del departamento de Félix Bolaños, los pleitos masivos han aumentado un 120% en Europa entre 2018 y 2022. Con esta reforma, el Ejecutivo busca “garantizar la protección de los consumidores” y “lograr una Administración de Justicia más eficiente”. El anteproyecto se denomina la Ley Orgánica de Medidas en Material de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y de Acciones Colectivas para la Protección de los Derechos e Intereses de los Consumidores y Usuarios.

La norma es una reivindicación histórica de las entidades de consumidores, que creen que puede facilitar su labor. Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU, señala: “Valoramos positivamente la trasposición de acciones de representación. Creemos que es una herramienta muy importante que va a ayudar a las organizaciones a presentar más acciones colectivas en beneficio de los consumidores. Cubre casos nacionales y transfronterizos. Se incluye también un sistema de sanciones para disuadir los comportamientos reticentes al incumplir normas de consumo”.

Sin embargo, también encuentran fallos. Rubén Sánchez, secretario general de la asociación de consumidores Facua, critica que la norma permita que las grandes empresas puedan ser patrocinadoras de estas demandas colectivas. “No debería ser así. El anteproyecto mercantiliza las acciones colectivas, convirtiéndolas en una vía de negocio para terceros financiadores y una herramienta de patrocinio de las organizaciones de consumidores que decidan interponerlas”. Según Sánchez, “el proyecto busca poner a las asociaciones de consumidores al servicio de fondos de inversión que les financiarán las causas judiciales en las que vean negocio. Además, nos pondrá trabas si queremos emprender las demandas con nuestros propios fondos”.