235 ambulancias saboteadas en cuatro meses de conflicto laboral en el País Vasco

Una mujer de 71 años falleció la madrugada del 13 de enero en su domicilio de Bermeo (Bizkaia) mientras un médico le practicaba maniobras de reanimación. Se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Al domicilio de la paciente no pudo acudir la ambulancia de este municipio porque había sido atacada por unos desconocidos. Para atender la emergencia hubo que llamar a un vehículo del servicio urgente de Gernika (a 26 minutos por carretera), pero esta unidad tampoco pudo movilizarse porque le pincharon las ruedas y le destrozaron las lunas cuando iba a prestar la asistencia sanitaria, según denuncia la cooperativa La Pau, concesionaria del servicio de ambulancias en el País Vasco. Los hechos están siendo investigados por la Ertzaintza. El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado esta semana que lo sucedido es “particularmente” grave.

Este suceso luctuoso es el más preocupante de una cadena de sabotajes cometidos desde septiembre contra las ambulancias que gestionan las cooperativas La Pau y Ambulancias Gipuzkoa. Desde entonces, se han registrado 235 ataques contra unidades sanitarias. Todos los actos vandálicos han sido denunciados ante la Policía vasca. El 9 de enero, a una ambulancia del servicio urgente le pincharon las ruedas cuando había acudido a asistir a un paciente infartado en Miribilla (Bilbao), lo que “puso en peligro la vida de este paciente”, afirma el portavoz de Ambulancias La Pau, Rafael Fernández Cañas. La noche del 19 de diciembre, en vísperas de una huelga convocada por los sindicatos, un vehículo con soporte básico vital llegó con “más de media hora de retraso” a atender a una persona de 94 años que había sufrido un ictus porque “las unidades de las bases más cercanas estaban pinchadas o incendiadas”, añade el representante de la cooperativa concesionaria.

Las ambulancias siniestradas durante los últimos cuatro meses han sufrido daños de diversa índole: vehículos incendiados, lunas rotas, ruedas pinchadas, cinturones de seguridad cortados, retrovisores arrancados, pintadas… El 95% de estas acciones vandálicas se han producido en Bizkaia, principalmente en zonas del interior y aisladas de los principales núcleos urbanos, donde los recursos son más escasos. El portavoz de La Pau calcula que los desperfectos ocasionados están valorados en “más de 360.000 euros”. “Cada una de las dos ambulancias quemadas cuestan unos 150.000 euros. Además, se han tenido que reparar las lunas y retirar las pintadas de varios vehículos, entre otros gastos”, asegura Fernández Cañas.

El último de estos episodios ocurrió el domingo por la noche en Santurtzi (Bizkaia), donde fue saboteada una unidad que había sido reparada recientemente tras sufrir cuatro ataques en los últimos 14 días. “Esta ambulancia del servicio de transporte sanitario urgente ha sido inutilizada cada tres días, prácticamente cada vez que ha sido reparada”, afirma el portavoz de La Pau.

La persecución contra las ambulancias tiene su origen en el conflicto laboral por la renovación del convenio colectivo, que se ha visto salpicado por jornadas de huelga todos los meses desde septiembre. Los sindicatos se han ido desmarcando de estos ataques y han condenado el más grave ocurrido el sábado en Bermeo. La Pau ha interpuesto una denuncia en el juzgado de guardia por estos hechos. El representante de LSB-USO Antonio Frechilla condenó el lunes lo sucedido en la localidad vizcaína tras conocerse que la mujer que estaba siendo atendida había fallecido antes que llegara una ambulancia a su domicilio. Pero aclaró que el recurso sanitario que se trasladó a Bermeo no era de La Pau, sino “una ambulancia pública con personal de Osakidetza, que no está en huelga” y que no resultó saboteada. Para el delegado sindical, la empresa está haciendo una utilización “mezquina” de la situación y está “enquistando” el conflicto laboral.

Los ataques contra las ambulancias se han ido intensificando con el paso de los meses. Durante los tres días de huelga de noviembre, 32 unidades sanitarias resultaron saboteadas y otras dos ambulancias fueron apedreadas mientras transportaban a pacientes, siempre según la versión de la concesionaria. La Pau, que cuenta con una flota de 350 ambulancias­, contabilizó 45 de estos vehículos eléctricos con las ruedas pinchadas la noche del 14 de noviembre en la base de Zorrotza (Bilbao). En los paros de diciembre, 21 fueron saboteados en 24 horas y una de las ambulancias fue quemada en Basauri (Bizkaia), “poniendo en peligro a dos trabajadores que trataban de extinguir el fuego y acabaron siendo atendidos por inhalación de humo”, se queja Fernández Cañas.

La negociación que mantienen la patronal y los sindicatos ELA, USO, LAB, UGT, CC OO y ESK no ha permitido acercar posturas tras celebrar una treintena de reuniones. El conflicto tiene en vilo a 1.800 trabajadores. La representación laboral reclama la homologación con los empleados públicos que prestan el mismo servicio para Osakidetza, entre otras mejoras. La patronal ha ofrecido un incremento salarial del 20% en cinco años, además de más días festivos y libranzas. Esta parte asegura que los trabajadores de este sector en el País Vasco son “los que menos horas trabajan de todo el país”, 1.712 horas anuales frente a las 1.800 de media en el conjunto de España, y los que más ganan de media (16,88 euros por hora frente a 11,94 euros de promedio en el resto del país). El sindicato ELA, en cambio, asegura que el personal tiene el convenio bloqueado desde hace dos años y sufre una pérdida de poder adquisitivo del 20%.

La Asociación Empresarial de Ambulancias del País Vasco (EOGE, en sus siglas en euskera) advierte de que “cuando se sabotea una ambulancia se pone en peligro la salud de las personas, porque supone enviar a otras dotaciones de otras bases y los retrasos pueden acarrear riesgos para la vida de los pacientes”. En especial, “ponen en peligro a personas que deben asistir a tratamientos de diálisis, quimioterapia, radioterapia y otras diagnosis”. El portavoz de La Pau lamenta que, además de los daños ocasionados en las ambulancias, “trabajadores están sufriendo amenazas de sus compañeros, los coches particulares de mandos intermedios de la empresa han sido atacados y se están vertiendo amenazas a través de las redes sociales”. Representantes sindicales también han denunciado ataques contra sus vehículos personales y el envío de “pasquines amenazantes” al domicilio de un delegado de ESK.

El conflicto no tiene visos de solucionarse en un breve plazo. La representación de los empleados ha exigido que se desbloquee la mesa de negociación y llama a secundar movilizaciones que, bajo el lema Ambulancias en huelga, se prolongó hasta el 21 de enero frente a los hospitales en defensa de un nuevo convenio colectivo. La protesta del sector se une a la oleada de huelgas que se está dando en los últimos meses en el País Vasco, principalmente contra la administración pública y que ha afectado a sectores como el transporte, la educación, la sanidad o la Ertzaintza.