La Iglesia española indemnizará a todas las víctimas de abusos que lo pidan, incluso cuando el acusado haya fallecido

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Los obispos españoles afirman que indemnizarán a todas las víctimas de abusos, incluso en los casos en los que el agresor haya fallecido, cuando la Iglesia tenga la “convicción moral” de que el hecho sucedió. “Habrá que estudiar caso por caso. Y si se llega a esa conclusión moral, habrá esa reparación moral”, ha explicado este viernes el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, en la rueda de prensa tras la asamblea plenaria del episcopado español. Hasta ahora, en la guía de actuación que publicó en mayo la CEE, llamada Instrucción de la CEE sobre abusos sexuales, los obispos descartaban indemnizar a las víctimas cuyo victimario esté muerto, lo que ocurre en la mayoría de los casos. Este es uno de los puntos seguros que incorporará el futuro “plan de reparación integral de las víctimas” de la pederastia en la Iglesia que los obispos han aprobado por unanimidad para poner en marcha su desarrollo.

“Es un iter de trabajos que ha presentado el servicio de coordinación de las oficinas de atención a menores y tiene tres líneas fundamentales de orientación: la atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral en todas las perspectivas, la psicológica, la social, la espiritual y también la económica”, ha explicado García Magán. El portavoz no ha especificado el plazo previsto para la aprobación del plan: “Se hará lo antes posible”. Tampoco ha precisado si los obispos tienen claro el baremo que piensan pagar a las víctimas, ni tampoco si planean vender patrimonio para hacer frente las reparaciones. “En principio, lo tienen que pagar los victimarios, que son los que han hecho el delito y, en su caso, las instituciones implicadas. Por ejemplo, si el victimario ha fallecido, la institución. Si es una diócesis o si es un instituto de vida consagrada. En principio, la Conferencia Episcopal, pues no”, ha puntualizado.

Tras la rueda de prensa, los obispos han publicado un comunicado de cuatro páginas donde piden perdón a las víctimas, se comprometen “a rendir cuentas ante ellas” y a ser más transparentes en sus investigaciones y procesos de reparación. “Queremos expresar sin ambages el dolor, la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad”, dice el documento. Como es habitual, no han hecho mención al encubrimiento y silenciamiento que, durante décadas, ha practicado la Iglesia ante los abusos. En cambio, sí han subrayado que la pederastia también es un problema social y que es injusto que, por este asunto, se ponga en duda el trabajo de todos los sacerdotes y religiosos. “No es justo atribuir a todos el mal causado por algunos”, señalan los prelados españoles en el comunicado.

El anuncio de los obispos choca frontalmente con la auditoría sobre abusos a menores que hace más de año y medio encargaron al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, uno de cuyos cometidos es precisamente elaborar una propuesta sobre cómo la Iglesia debe reparar a las víctimas. A pesar de que el despacho entregó el viernes pasado el informe casi completo a los obispos (a falta de unas aportaciones de asesores externos al bufete), los obispos afirman que solo han recibido cuatro documentos: un borrador sujeto a cambios, de unas 800 páginas, y tres anexos con un cuadro provisional de denuncias y unas tablas de prevención de las diócesis españolas y de las congregaciones. Lo único que ha avanzado el secretario general es que el índice del documento “no se corresponde con el originalmente aprobado”.

La relación entre el despacho de Javier Cremades y la CEE ha sido tensa en los últimos meses, y la institución llegó a darle un ultimátum de 10 días, el mes pasado, para que entregara el informe. El bufete se negó a aceptarlo y anunció que lo presentaría en diciembre. Los obispos debían decidir en esta asamblea si dan por roto el contrato o admiten sus explicaciones. García Magán ha señalado que aún no se ha tomado una decisión.

La asamblea se celebra también en medio de la expectación por la visita al Papa que el próximo martes realizarán todos los obispos españoles en Roma, ante una insólita citación del Pontífice. El pretexto oficial es para analizar la inspección, también excepcional, que ha hecho el Vaticano de los seminarios españoles. No obstante, la convocatoria se anunció dos días después de que el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, hiciera su primera valoración del informe del Defensor, acusando a los periodistas de mentir sobre las cifras “con la intención de engañar”. Preguntado por esta reunión, García Magán ha explicado que la gestión del escándalo de la pederastia no está entre los puntos a tratar en Roma, pero que, en el caso de que el Papa les pregunté, le informarán de todo: “Si se abre el diálogo, lo haremos con gran interés”. Afirmó que no tenían ningún temor, aunque admitió que esta convocatoria “no es algo que ocurre todos los días”.

Durante la rueda de prensa, García Magán volvió a condicionar la participación de la Iglesia en la propuesta del Defensor del Pueblo a participar en un fondo estatal de reparación, a través de un organismo independiente, que las reconozca como tales y fije las reparaciones. “La Iglesia va a reparar siempre. Lo que sí digo es que esa gestión de indemnizaciones, si se crea un fondo para reparar a todas las víctimas, participaremos. Si es para reparar a las víctimas de la Iglesia, sea con sentencia judicial, sea sin sentencia judicial, o desde un punto de vista de una obligatoriedad de carácter moral o ético, entonces lo gestionaremos nosotros”, ha puntualizado el portavoz de la CEE.

Lo cierto es que la CEE nunca ha querido informar sobre las indemnizaciones que ha pagado hasta ahora. Tampoco lo ha hecho este viernes. El propio secretario general de los obispos afirmó firmemente hace unos meses que no tenía constancia de que ninguna diócesis u orden religiosa haya pagado una indemnización por pederastia. No obstante, según un recuento de EL PAÍS de casos judicializados, la Iglesia ya ha abonado al menos 2,1 millones de euros a 230 víctimas que sufrieron abusos de 53 pederastas. Las cuantías oscilan entre los 675 euros y los 73.000 por víctima. De hecho, en el Informe del Defensor, siete diócesis admiten haberlas pagado en alguna ocasión (Cartagena, Mallorca, Tui-Vigo, Vitoria, Barcelona, Bilbao y Madrid).

Desde la publicación del informe del Defensor del Pueblo, los obispos españoles, liderados por su presidente,Juan José Omella, lo han desacreditado públicamente. De hecho, Omella, en el discurso de apertura de la plenaria este lunes, aseguró que los resultados del informe sobre pederastia en la Iglesia del Defensor del Pueblo no eran válidos y atacó la encuesta realizada por GAD3 sobre la estimación de víctimas en el ámbito religioso (un 1,13% de la población, es decir, más de 440.000 personas): Expresamos nuestra intensa decepción por la citada extrapolación y por la dudosa fiabilidad de los resultados presentados de dicha encuesta. (...) Hemos revisado la información sobre la referida encuesta que aporta el Defensor del Pueblo en su informe y, francamente, nos resulta imposible confiar en la veracidad y fiabilidad de tales resultados”, dijo el presidente de los obispos. El también arzobispo de Barcelona volvió a acusar a los periodistas de “difamación” por hacer el cálculo del porcentaje (el Defensor no incluye cifras numéricas de estimaciones en su estudio), al que considera un dato “exorbitante”. Pero el jefe de los obispos no solo arremetió contra la encuesta de GAD3, sino contra los sondeos demoscópicos en general y puso en duda la credibilidad de la ciencia sociológica: “Las encuestas no son fiables porque no hay forma de confirmar la veracidad de la respuesta”.