La Comunidad de Madrid encarga un estudio para localizar con imágenes de satélite “áreas vulnerables” por culpa de la Línea 7B de Metro

El Gobierno madrileño ha encargado a la Universidad Politécnica de Madrid un estudio satelital para conocer la “salud estructural” de los edificios en el entorno de la Línea 7B de Metro, en el este de la región de Madrid, según ha adelantado este sábado la agencia EFE. El encargo, sin coste alguno, se conoce después de años de drama, una lista de 260 viviendas afectadas y una factura para el Ejecutivo autonómico de más de 70 millones de euros. Este nuevo estudio permitirá localizar “áreas vulnerables”, según la información del convenio entre la Consejería de Vivienda y la universidad madrileña.

El estudio usará una técnica que permite conocer con precisión milimétrica la velocidad de deformación del terreno, edificaciones e infraestructuras, comparando datos entre 2003 y 2025. La tecnología se conoce como Interferometría Radar de Apertura Sintética (InSAR, por sus siglas en inglés).

El acuerdo ha sido publicado este sábado en el boletín regional, el BOCM, y especifica que el informe deberá incluir propuestas de acciones “para realizar un seguimiento futuro de los movimientos en la zona objeto de estudio”.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha heredado este problema de su antecesora, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, quien lanzó este proyecto fallido de 12 kilómetros y 650 millones de euros. Aguirre inauguró el Metro Este en 2007 (una ampliación de la Línea 7 de Metro) y poco después aparecieron daños en los inmuebles de la superficie bajo la que pasa el túnel, en el municipio de San Fernando de Henares. La obra se diseñó en un terreno inestable que facilitó la filtración del agua. Desde entonces se han demolido 21 edificios con 75 viviendas donde vivían unas 200 personas. El Metro lleva cerrado desde 2022 por las obras de reparación y no hay fecha para su reapertura.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando discrepan sobre el alcance de los daños. Mientras que el Ejecutivo regional ha aceptado que 260 viviendas han sufrido desperfectos a causa de la obra, el gobierno local, del socialista Javier Corpa, eleva esa cifra a más de 600, tras haber realizado un censo.

En el convenio con la UPM, la Comunidad expone que “los trabajos de auscultación” han puesto de manifiesto “determinados movimientos del terreno cuyo origen no ha sido únicamente debido a la construcción del túnel”. Por ello quiere “comparar las deformaciones de las inmediaciones del túnel con zonas no afectadas por este”.

Esta técnica satelital permitirá hacer un análisis histórico de deformaciones desde 2003 hasta 2025 a partir del cual “planificar la instrumentación y campañas topográficas futuras” y “clasificar cada uno de los edificios y las infraestructuras según su grado de afección”. El estudio estará dirigido por Rubén Martínez, catedrático del Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno de la UPM.