TikTok acuerda colaborar con la Agencia de Protección de Datos para retirar publicaciones no consentidas

El primer contacto de los menores con la pornografía se sitúa entre los nueve y los once años, según un estudio publicado por la Universitat de les Illes Balears. En el Día Mundial de la Infancia, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha mostrado su preocupación por esta información tras recordar que el 90% de los adolescentes españoles consume porno y, de ellos, tres cuartas partes visualizan escenas duras. Ante esta situación que está relacionada con el aumento de las conductas violentas, ha anunciado la colaboración de su entidad con TikTok para retirar de esta red social los contenidos publicados sin consentimiento que vulneran los derechos de las personas. También intranquilo por la situación, el fiscal coordinador de menores, Eduardo Esteban, ha mostrado el apoyo de la Unidad de Menores de la Fiscalía General a la propuesta de Pacto de Estado para proteger a los niños y adolescentes en el ámbito digital que ha sido promovida por la Asociación Europea para la Transición Digital y consensuada con Fundación ANAR, Save The Children, Dale una Vuelta, iCMedia y Unicef; y a la que la AEPD ya se había sumado anteriormente. Estas entidades consideran que los dispositivos móviles abren la puerta de la pornografía, que banaliza las relaciones sexuales y puede desencadenar situaciones delictivas.

España ha matizado que los jóvenes pasan una media de seis horas al día en Internet. En consecuencia, muchos padecen depresión e insomnio. “Uno de cada tres padres tiene que obligar a sus hijos a salir de casa”, ha explicado. Además, ha insistido en que cada vez los adolescentes consumen contenido más violento. “Existe una auténtica adicción a las redes sociales y a la tecnología”, ha apuntado Esteban.

Estos datos han propiciado el establecimiento de una vía de comunicación entre la AEPD y TikTok para atender con urgencia, de forma rápida y gratuita, a través del llamado Canal Prioritario, la retirada de contenidos publicados que pongan en grave riesgo los derechos y libertades o la salud física y mental de las personas afectadas. Se incluyen, entre otros, los temas sexuales o violentos publicados sin el permiso de las personas que aparecen en ellos. En particular, en casos de acoso a menores o violencia sexual contra las mujeres, pero también en situaciones de violencia digital de todo tipo.

De este modo, TikTok se suma a empresas que ya tienen el canal establecido, como Google, Meta o Microsoft, entre otras. En octubre, los moderadores de TikTok en España se declararon en huelga al estar expuestos a largas jornadas de control de contenido violento, perjudicial para su salud, a cambio de lo que ellos consideraban un bajo sueldo.

Durante 2023, la AEPD ha ordenado la eliminación de contenidos a diferentes páginas web en más de una treintena de casos. Desde el lanzamiento del Canal Prioritario, en septiembre de 2019, la Agencia ha enviado 165 órdenes de retirada de vídeos o fotografías de contenido sexual grabados con consentimiento, pero publicados sin permiso. También ha eliminado grabaciones de agresiones y humillaciones, además de publicaciones de perfiles falsos de mujeres en páginas web pornográficas con su imagen real y su número de teléfono.

El porcentaje de efectividad de la retirada de contenidos ha alcanzado el 100% en 2023. Con carácter general, la eliminación se produce en un plazo de 72 horas cuando el responsable de la plataforma se encuentra en España.

El acceso al porno a edades tempranas propicia que las jóvenes normalicen que sus parejas graben las relaciones íntimas. Cuando rompen la relación, la víctima de difusión de contenido sexual suele ser la mujer, menor de 30 años, generalmente, según España; situaciones que, en algunos casos, han llegado a provocar suicidios. Por ello, la AEPD también ha tomado otras medidas como la sanción a dos empresas de pornografía por la falta de exactitud en la verificación de la edad de acceso y de privacidad. Burwebs S.L. ha sido multada con 75.000 EUROS y Techump Solutions S.L. con 525.000 euros, porque existía un riesgo de que los menores de edad accedieran directamente y sin limitaciones a un contenido perjudicial para ellos. Aunque había mecanismos para declarar la edad, no existía ninguno para comprobarla.

Los menores, víctimas del algoritmo

Las principales medidas de consenso de la propuesta de Pacto de Estado exigen que los algoritmos y sistemas de tratamiento estén auditados por terceros independientes y autoridades de control que respondan ante la privacidad de los menores. Existen modelos de negocio de grandes plataformas y redes sociales que se basan en la captación de la atención de los jóvenes a través de diseños persuasivos, casi siempre ocultos incluso para los padres y madres, produciéndose una comercialización de sus datos.

La propuesta también incluye la rendición de cuentas de los directivos responsables de las plataformas distribuidoras de contenidos para que respondan ante el incumplimiento del establecimiento de la obligación de comprobar la edad. España ha anunciado que el 14 de diciembre la AEDP anunciará nuevos criterios de verificación de edad para impedir el acceso a contenidos de adultos. En Francia, a partir de julio de 2024, cualquier dispositivo tendrá que incluir control parental.

Límites al uso de la tecnología en los centros

Por otra parte, el proyecto pretende promover una regulación en las Comunidades Autónomas para limitar el uso de los móviles en los centros educativos y adecuar la utilización de los dispositivos tecnológicos en el aula a la edad del alumnado. Incluso, propone fomentar escuelas de padres y madres para facilitarles herramientas que les permitan educar a sus hijos en un uso responsable de Internet y las redes sociales. Suecia y Finlandia han retirado la enseñanza a través de dispositivos electrónicos porque no han comprobado beneficios. De momento, en España, solo Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha prohíben el acceso de los móviles en las aulas.

Además de adecuar los contenidos a los menores en base a su capacidad cognitiva, también se considera necesario que la industria les informe de manera clara y comprensible de la finalidad de la recogida de sus datos. Por ello, si la propuesta sale adelante se exigirá un etiquetado inteligente por edades en servicios y productos para facilitar la detección de contenido perjudicial. Se pondrá especial énfasis en las escenas de pornografía, el lenguaje inapropiado y la violencia física o psíquica.

El servicio de Atención Primaria también está incluido en la propuesta con la dotación de recursos para detectar, prevenir y afrontar el consumo problemático de Internet, las redes sociales y la pornografía. En España solamente la Comunidad de Madrid incluye tratamientos públicos para la adicción tecnológica. El coste privado de estas terapias ronda los 3.000 euros mensuales.

La Asociación Europea para la Transición Digital ha destacado que, con el reciente inicio de la legislatura y la inclusión del nuevo Ministerio de Infancia y Juventud, la propuesta de Pacto de Estado es una llamada de atención a los diferentes grupos parlamentarios para que se produzcan cambios legislativos que protejan con más efectividad a los menores en el ámbito digital.