California muestra a Estados Unidos el futuro sin discriminación positiva

La mirada de Estados Unidos se ha enfocado en California. La mayoría conservadora del Tribunal Supremo eliminó la discriminación positiva de los campus universitarios. Los expertos en Derecho creen que el futuro de las instituciones educativas nacionales se parecerá mucho al día a día que viven las universidades del Estado, que votó hace 27 años en contra de que la raza sea un factor que determine el ingreso a la educación superior pública. En California, la decisión adoptada por los togados impactará en centros privados como Stanford, la USC (Universidad del sur de California) y la de Pomona.

“La discriminación positiva no era una respuesta real a los problemas endémicos de por qué excluye el sistema educativo”, afirma Raquel Aldana, profesora de Derecho de la Universidad de California en Davis. La decisión de los jueces del Supremo, tras ocho años de juicio, tomó a pocos por sorpresa en el Estado. El fallo fue la culminación de un esfuerzo de décadas de una lucha por abolirla. El tema es bien conocido en la escuela donde Aldana imparte cátedra. En 1973, un ingeniero de 32 años demandó a la universidad por “discriminación invertida” después de haber sido rechazado dos años seguidos por la escuela de Medicina, pese haber tenido notas superiores a los candidatos previos.

El ingeniero, Allan Bakke, quien es blanco, tenía impresionantes méritos, una de las palabras que resurgen frecuentemente en el debate sobre la discriminación positiva. Había formado parte de la Armada y trabajaba en un laboratorio de la NASA cuando se propuso comenzar los estudios para ser médico. Bakke presentó su demanda argumentando que habría podido entrar a la escuela si Davis no reservara 16 de sus 100 plazas a candidatos de minorías raciales. El Supremo le dio la razón en 1978 y Bakke entró a la universidad con 38 años. En 1982 se licenció como anestesiólogo. Nunca habló públicamente del caso que le abrió las puertas a Davis.

Aquella decisión fue un golpe al sistema de cuotas y prohibió que la raza fuera el factor definitivo o exclusivo para ingresar a la educación. Se convirtió en un precedente a tomar en cuenta en el delicado tejido social de un país diverso. La discriminación positiva era parte de ese mosaico, una “herramienta imperfecta”, como la llama Aldana, para cambiar un sistema injusto. Los sectores republicanos y conservadores intensificaron desde entonces su ofensiva para borrar la herramienta.

“Los latinos son en realidad el objetivo principal detrás de la ofensiva contra la discriminación positiva”, señala el abogado Thomas Saenz, egresado de Yale con máximos honores. “Y eso es porque somos una población que está creciendo, por lo que se nos percibe como una amenaza, mientras que la afroamericana aumenta en menores proporciones”, añade el presidente del Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF).

La discriminación positiva enfrentó su campaña final en California en 1996. Esta fue abanderada por Ward Connerly, un empresario de la construcción que formaba parte del cuerpo de Gobierno de la Universidad de California, una institución fundada a mediados del siglo XIX que tiene hoy más de 280.000 alumnos en nueve campus del Estado. Connerly era el vivo retrato del sueño americano. Una historia de éxito a pesar de haber nacido en la pobreza más extrema de Luisiana y haber quedado huérfano a los cuatro años. Su éxito en los negocios subrayaba su mensaje: que las herramientas para corregir la injusticia racial hacían más daño que el propio racismo. En su biografía hay un dato importante. Connerly era un amigo cercano de Pete Wilson, el influyente gobernador republicano, quien fue determinante para que el partido se volcara en la causa, que necesitaba un millón de firmas para convertirse en un referendo.

Con el 55% de los votos, California enterró el otoño de aquel año la discriminación positiva. Desde entonces, la Proposition 209 eliminó la posibilidad de que el color de piel o la pertenencia a una etnia sea un factor en la contratación. La medida afectaba a todo el servicio público, desde las oficinas del Gobierno hasta el sistema de educación en todos los niveles, incluidas las prestigiosas Berkeley, UCLA y la red de Cal State. El 76% de la población latina votó en contra de la propuesta, pero su poder en el electorado era menor al 27% que representa hoy.

Las universidades tuvieron que llevar a cabo varios cambios para hacerse instituciones diversas. Lo que más ha ayudado a la causa es la composición del Estado. Más de la mitad de los alumnos que egresan de preparatoria son latinos. Siete de cada diez de estos siguen su camino de educación superior en escuelas técnicas, que ofrecen programas de dos años. Solo el 5 o 6% del grupo llega a universidades de élite, a pesar de ser el 40% de la población de la entidad. “¿Me vas a decir que eso es justicia racial? No es suficiente. Podemos decir que la Universidad de California tiene diversidad porque educa a muy pocos [el 8% de los estudiantes del Estado], pero en números reales tenemos problemas de representación”, asegura Raquel Aldana. La misma disparidad en el sistema educativo está presente en Texas, donde los latinos son el 40% de la población y el 20% en la Universidad de Texas.

Los campus de la Universidad de California se han convertido, en estas casi tres décadas, en un laboratorio de experimentación que hoy tiene una mayoría asiática (32%), un 22,5% de latinos y un 22,2% blancos. El 4,5% del alumnado es negro. La inversión en programas de diversidad, según han señalado algunos expertos, alcanza los 500 millones de dólares. Se han modificado los concursos de ingreso, un aro por el que cada año pasan unos 60.000 aspirantes y solo se quedan unos 2.000.

Eliminación de la estandarización

Los centros más importantes del Estado, en una decisión que pretende marcar tendencia, han eliminado los exámenes de estandarización, al considerar que son indicadores de comprensión lectora y habilidades matemáticas, pero que dicen poco de la capacidad de resolución de problemas o de la creatividad de los aspirantes. La UC les ha quitado peso gradualmente hasta desaparecerlos totalmente desde 2025. Se enfocará en su lugar en 12 puntos para las admisiones. Estos van más allá de las notas obtenidas, sino que pasan por “talentos especiales” para las artes visuales, el interés por otras culturas, el involucramiento en actividades comunitarias y hasta la ubicación de su casa en una región que tiene problemas de movilidad.

Recientemente, las instituciones educativas del país han comenzado a darse de baja del popular ranking de universidades elaborado por la publicación U.S. News & World Report, que tan solo el año pasado fue consultado por 35 millones de personas. Los centros consideran arbitrarias estas listas, que tienen la posibilidad de alterar las prioridades de los aspirantes. Al menos 14 escuelas de Derecho y Medicina, entre las que se encuentran Yale, Columbia, Harvard, Stanford y la Universidad de Pensilvania.

Saenz y otros expertos consideran que hay todavía varios obstáculos por derribar. El presidente de MALDEF cree que uno de estos es el GPA ponderado, una media de las notas que toma en cuenta actividades extracurriculares o clases privadas. “Tienen un sesgo importante, y aun así son piezas centrales en los procesos de admisión, al igual que las recomendaciones de tutores y profesores, que pueden tener sesgos inconscientes”, añade.

Saenz y su organización encabezaron en 2020 una campaña por derogar la propuesta 209. Su iniciativa, la Proposición 16, sumó apoyos y recaudó 20 millones de dólares. Ha sido la única de tres que ha logrado convertirse en un referendo. En noviembre de aquel año, el 57% de los votantes de California se inclinó por continuar con la 209. Saenz explica que el fracaso se debió a múltiples factores. El principal fue la falta de tiempo provocado por la pandemia para explicar al electorado los beneficios de las medidas de diversidad. “En ese punto, después de 24 años sin ella, la mayoría de los votantes no habían tenido experiencia alguna con la discriminación positiva en su vida adulta”, señala. La población latina, según indicaron las encuestas, estuvo dividida.

La sentencia del Supremo cambiará poco la vida de las universidades públicas en California, que tiene 40 millones de habitantes. Y según Saenz, también perpetúan una de las grandes falacias de la educación superior. “Hay una creencia de que nuestro sistema de admisiones está basado en méritos. No lo está. Muchos de los criterios que se perciben como neutrales no lo son en la práctica, pues no identifican a quienes tienen mejores posibilidades de triunfar en la universidad o más allá. Ese mito es contra el que estamos luchando”, señala el letrado.