Las víctimas de abusos en los colegios jesuitas de Bolivia alzan la voz: “A los políticos no les importamos”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Las víctimas de pederastia en los colegios jesuitas de Bolivia han alzado la voz para advertir que el Gobierno no les ha consultado sobre el anteproyecto de ley que pretende hacer imprescriptibles los delitos de pederastia y para crear una comisión de la verdad que investigue casos concretos y elabore un informe con los resultados. “A los políticos no les importamos. No les importan las víctimas. Quieren aprobar una comisión de la verdad que han diseñado sin el asesoramiento de especialistas en la materia ni de las asociaciones de víctimas. Solo está compuesta por cargos públicos y quieren aprobar rápidamente el anteproyecto para cerrar este asunto”, dice Edwin Alvarado, portavoz de la asociación de antiguos alumnos del colegio Juan XXIII de Cochabamba, epicentro del escándalo de abusos a menores de la Compañía de Jesús. Muchos de los afectados también se sorprenden de que el anteproyecto, presentado hace unas semanas por el presidente Luis Arce, proponga la eliminación del delito de estupro —en la legislación boliviana, cuando un adulto mantiene relaciones con un menor de entre 14 y 16 años mediante seducción o engaño—. “No lo entendemos. Se supone que el objetivo es frenar la impunidad de los abusos, y el estupro lo es. Pareciera que esto puede beneficiar a varios políticos para librarlos de estos crímenes”, dice Alvarado.

El país latinoamericano ha visto cómo en menos de un mes la pederastia en la Iglesia se ha convertido en uno de los temas de más actualidad. La publicación del diario secreto del jesuita español Alfonso Pedrajas, donde admitió que abusó de decenas de niños en colegios bolivianos y que sus superiores lo encubrieron todo, ha hecho temblar los pilares de toda la Iglesia boliviana. Primero, obligó a la Compañía de Jesús a mover ficha, tanto para dar una respuesta a la mala gestión de los abusos durante décadas (apartó cautelarmente a ocho ex altos cargos por encubrimiento) como para frenar el terremoto mediático. Pero no fue suficiente: nuevos casos salieron a la luz y la indignación se instaló en la calle. De hecho, en las últimas semanas, se han sucedido pequeñas protestas por las grandes ciudades del país, en la que los manifestantes, ante las puertas de seminarios, iglesias y otras organizaciones eclesiásticas, han repudiado la respuesta de los jerarcas religiosos ante la pederastia. En ciudades como Santa Cruz, Sucre, Cochabamba o La Paz, las pancartas pedían justicia y más protección para los menores.

El problema saltó a la agenda política. La Fiscalía abrió una investigación y el presidente boliviano, en cuestión de una semana y media, ya tenía listo un anteproyecto de ley que facilitase a las víctimas “el derecho al esclarecimiento de la verdad” y a ser reparadas. Pero muchas de las víctimas organizadas sienten que el contenido de ese documento no ha sido suficientemente debatido, ni tampoco consultado con expertos. Tienen miedo de que las prisas solo favorezcan a los agresores y a sus encubridores. Por ello, han elaborado un texto, al que ha tenido acceso este periódico, con una decena de propuestas para modificar varios de sus puntos y que prevén presentar este viernes ante la Asamblea Legislativa en La Paz.

La principal reclamación de la asociación es que se reformule la conformación de comisión de la verdad, cuyos integrantes, en la propuesta actual, solo son cargos públicos. Como alternativa, los afectados reclaman que esté conformada por “un par de representantes de las organizaciones que aglutinan a las víctimas de delito sexual clerical”, entidades dedicadas a la protección de los derechos humanos y al menos dos especialistas independientes (un hombre y una mujer) elegidos por dos tercios del pleno parlamentario. De la comisión, destacan en el documento, no debe formar parte ningún miembro del Ejecutivo, de ningún ministerio ni del Defensor del Pueblo “para evitar la politización de un tema tan sensible”. En esta misma línea, proponen que el grupo sea “bicameral y multipartidista, para lo que debe incluir, además de los presidentes de ambas cámaras [Senado y Congreso], a los segundos vicepresidentes, que son representación de las minorías parlamentarias, para evitar cautividad partidaria”. Tajantemente, la asociación subraya que bajo ningún concepto puede participar de esta iniciativa las instituciones religiosas a las que han pertenecido los agresores y los encubridores.

Sobre la comisión que ha propuesto el Gobierno en el anteproyecto también se han pronunciado Ending Clergy Abuse, organización mundial de víctimas de pederastia en la Iglesia, presente en 17 países de cinco continentes, para destacar que esta “no es concordante con los estándares internacionalmente reconocidos para la conformación de comisiones de la verdad como las que ya han prosperado en países como Irlanda”. Esta asociación recordó en un comunicado días después de que Arce presentase el anteproyecto que estas iniciativas “exigen la necesaria e indispensable inclusión de los trabajos de las víctimas y organizaciones de derechos humanos” con el fin de “garantizar un acceso digno, pero sobre todo efectivo, a la justicia de manera independiente e imparcial”.

La organización internacional también muestra su preocupación por las declaraciones en una entrevista del ministro de Justicia, el abogado Iván Lima, y miembro propuesto para esta comisión como secretario técnico, en la que afirmaba, sin aludir a estudios concretos, que entre 1950 y 2021 el 99,7% de los sacerdotes no han cometido abusos a menores. “[Esto] permite advertir, preocupantemente, un criterio poco objetivo sobre la situación que actualmente viven las víctimas”, advierte la entidad. Sobre el caso de Pedrajas, Lima sostiene que el número de víctimas que el propio Pedrajas admitió en su diario (unas 85) “parece un exceso”. Ending Clergy Abuse cree que estas declaraciones, además de revictimizar a los afectados, “puede cuestionar la imparcialidad de esta comisión de la verdad y hacer que pierda legitimidad el tan loable esfuerzo del gobierno boliviano, pues un criterio sesgado y no imparcial, minaría la búsqueda de la justicia y reparación”.

Sobre otros puntos del anteproyecto, la asociación de antiguos alumnos estima que la nueva ley debe incluir como agravante “el abuso de poder o de conciencia”. Del mismo modo, proponen aumentar la pena de cárcel para encubridores de agresiones sexuales a adultos “hasta alcanzar un mínimo de cuatro a seis años” y en el caso de pederastia, de siete a 10 años. “Debe incluirse un párrafo que señale: ‘Cuando el encubridor es representante legal o máxima autoridad de una entidad cuyos miembros cometieron delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes se establece responsabilidad institucional en la comisión de este delito”, añade el documento.

La asociación de antiguos alumnos insiste en que la nueva ley debe confirmar “que ninguna institución religiosa está por encima de las leyes nacionales, más considerando que el Concordato de 1851 no está refrendado por ninguna Ley en Bolivia, por tanto, no tiene validez”.

Rechazo a la investigación del Vaticano

Muchas de las víctimas tampoco han visto con buenos ojos la visita a Bolivia del sacerdote español Jordi Bertomeu, uno de los mayores expertos en abusos en la Iglesia cercanos al papa Francisco. Bertomeu ha participado en numerosas misiones antiabusos en Latinoamérica, como la investigación al padre Maciel en los Legionarios de Cristo y el escándalo de pederastia en la Iglesia chilena, que terminó con el cese de prácticamente toda la cúpula eclesial de este país. “Las víctimas y sobrevivientes de pederastia clerical de Chile han denunciado públicamente que el año 2018 una Comisión papal compuesta por los obispos Charles Sicluna y Jordi Bertumeu fue solo un mecanismo de revictimización y de impunidad. Por este antecedente, alertamos a la opinión pública que la llegada de Jordi Bertomeu a Bolivia pretende repetir el caso chileno, sin resultados y con mayor revictimización”, anunció este martes la asociación de alumnos del Juan XXIII en un comunicado.

Los afectados dicen que les “preocupa que una institución [la Iglesia católica] que es investigada por posible comisión de delitos en grado de encubrimiento y complicidad se reúna con las víctimas” y reclaman a las autoridades bolivianas que eviten que “transgreda la soberanía” constitucional de Bolivia “ante la posibilidad de instalar jurisdiccionales eclesiales, que solo revictimizan a las víctimas y pretenden mantener la impunidad y el encubrimiento de delitos sexuales por parte de clérigos católicos”.