Los geriatras piden que inmovilizar a los mayores se prohíba por ley

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) pide “un cambio legislativo que dé cobertura a un nuevo modelo de atención sin sujeciones”, es decir, sin que los mayores sean inmovilizados. Ni físicamente —a través, por ejemplo, de cinturones o chalecos— ni tampoco a través de fármacos para tratar problemas como la agitación o la deambulación errática de las personas con demencia. Así lo ha hecho constar en un documento presentado este martes en el que se defiende el derecho de los mayores a ser atendidos sin que se limite su movilidad, ni en residencias ni centros de día, y tampoco en los hospitales. Los geriatras han reivindicado la necesidad de este cambio cultural y han reiterado que su uso debe ser considerado “maleficente”, por lo que debe ser absolutamente excepcional, cuando hayan fallado el resto de alternativas y durante un tiempo máximo de 24 horas. Más allá de esos casos muy concretos, es considerado maltrato. Las sujeciones de ninguna forma pueden ser una manera de cuidar.

El documento, titulado Cuidado sin Sujeciones, es el segundo que publica esta sociedad médica al respecto, después de otro de 2014 que trataba de protocolizar cuándo y cómo usar estas formas de inmovilización, y en el que también instaban a no emplearlas. Era necesario actualizarlo. Ahora van un paso más allá, se centran básicamente en el derecho de los mayores a recibir una atención sin ser inmovilizados de ninguna manera. “En este país hemos evolucionado de sujetar mucho y mal, a sujetar mucho y bien. Estamos hablando de no sujetar”, ha explicado Ana Urrutia, miembro de la Comisión Cuidados Sin Sujeciones de la SEGG. “Es un cambio de enfoque y va a llevar años”, dice esta geriatra, que dirige la fundación Cuidados Dignos y que lleva años trabajando en la no sujeción.

La publicación llega, tal y como ha explicado José Pascual, el coordinador de esta comisión, después del “paso de gigante” que se dio el año pasado con la publicación de dos documentos. Por un lado, la instrucción de la Fiscalía General del Estado, que ordenó a los fiscales vigilar las sujeciones en residencias de mayores y de personas con discapacidad y en unidades psiquiátricas. Este documento llamaba a comprobar que siempre se produjeran bajo prescripción médica, que exista un consentimiento informado y que sean una medida excepcional. Por otro, el acuerdo al que llegaron las comunidades autónomas y el Ministerio de Derechos Sociales para que los centros que presten atención dentro del sistema de la dependencia sigan un plan para eliminar las sujeciones de aquí a 2025. Pero no tiene rango legal, no hay ninguna norma que, a nivel nacional, prohíba estas prácticas. De ahí que los geriatras insten a su aprobación, tal y como ya han hecho países como Alemania y Japón, según han explicado.

El trabajo de la SEGG va en la línea del aprobado por Derechos Sociales y las autonomías porque, de hecho, esta sociedad fue miembro de la mesa de diálogo civil, que asesoró en los trabajos de elaboración de aquel pacto que pretende pasar a una atención centrada en la persona, y no tanto en los procesos organizativos. Que sean los centros los que se adapten a las necesidades de los usuarios y no al revés. Pero este documento se centra exclusivamente en las sujeciones. Así, detallan fundamentos éticos y legales. ¿La conclusión? Los centros deben adquirir un compromiso formal respecto a la atención libre de sujeciones físicas y químicas —que deberá plasmarse en un plan de supresión de sujeciones y un plan de cuidado sin sujeciones—, que tendrá que ser aprobado por la comunidad autónoma de la que se trate y cuya ejecución deberá controlar el servicio de inspección.

La SEGG plantea que únicamente puedan utilizarse “en situaciones urgentes, de manera temporal y excepcional”, y después de haber aplicado medidas preventivas para evitar su uso que hayan fracasado. Es decir, que se limitarán a cuadros agudos “de urgencia vital, en los que se den situaciones o conductas que representen una amenaza real para la integridad física de la persona o de terceras personas”, “protección de dispositivos sanitarios de urgencia vital”, en las que se deba “asegurar el reposo cuando esté indicado por razones terapéuticas”, o en caso de una “enfermedad mental diagnosticada en situación de crisis aguda, y siempre que el paciente lo haya solicitado voluntariamente y el médico considere que existen criterios clínicos de indicación”. Así lo ha ejemplificado Ana Urrutia: “Si un señor con demencia se levanta a las dos o las tres de la mañana porque duerme poco, el cambio que proponemos es dejarle levantarse. Antes la idea era que tenía que dormir, y si no quería, pues se le ponía un cinturón”, para evitar, por ejemplo, caídas. La forma de protegerles debe pasar, pues, por cambiar la organización de los centros, por ejemplo, utilizando camas bajas que prevengan las caídas.

José Augusto García Navarro, presidente de la SEGG, ha insistido en que, además de atentar contra los derechos de los mayores, las sujeciones entrañan riesgos. A una persona con demencia que deambula, “le das una medicación calmante y lo dejas sedado, quizás deja de caminar, pero puede acarrear otros muchos problemas, se puede caer, puede atragantarse al comer, desorientarse todavía más”. Por no hablar del miedo y la angustia que pueden provocar, o los “graves efectos adversos” de las sujeciones físicas que menciona el documento, “como en los casos en los que la persona queda atrapada por el dispositivo en una posición que genera riesgo de asfixia”. Se han publicado casos en prensa de muertes debido al uso de sujeciones.

Los geriatras han explicado que es complicado cuantificar la prevalencia de las sujeciones en mayores. “Entre un 20% y un 40% son sometidos a sujeciones físicas en residencias y en hospitales, según distintos estudios, aunque si se mira específicamente la población de personas con demencia, las cifras suben mucho, son alarmantes”, ha explicado Ana Urrutia, quien ha combatido la “idea de que solo se sujeta en residencias, los hospitales van por detrás”.

José Pascual, quien también preside la asociación Dignitas Vitae, precisa que hay cientos de residencias que ya prestan atención sin sujeciones. “Contabilizamos al menos 1.600 [de las más de 5.000 que hay en el país] que se han puesto en contacto con la fundación en la que trabaja Ana [Urrutia] o la mía, que o ya atienden sin sujeciones o están en ese proceso”. Urrutia continúa: “No puede hacerse de la noche a la mañana, dura unos dos años. Es preciso que haya formación a los trabajadores”. Ambos aseguran que los centros que ya han emprendido este camino no han tenido que elevar las ratios de personal, aunque sí ven necesario tanto mejorar la formación como que se contrate a más personal para que se mejore la atención a la dependencia. El presidente de la SEGG, de hecho, ha criticado que España dedique un 0,82% del PIB a cuidados de larga duración, frente al 1,5% de media de la Unión Europea, “una cifra que sube al 2,5%” si solo se tiene en cuenta a los ocho países más ricos de la Unión. Aún queda mucho por avanzar.