Guerra a las pastillas abortivas en EE UU: los conservadores escalan su lucha judicial contra los derechos de las mujeres

Nuevo capítulo en la guerra contra el aborto en Estados Unidos. Un juez federal de tendencias ultraconservadoras radicado en Texas tiene en vilo el futuro de la mifepristona en todo el país, una de las sustancias activas de las píldoras abortivas que ha sido legal desde hace más de 20 años. El togado, Matthew Kacsmaryk, ha escuchado este miércoles los argumentos de quienes iniciaron esta batalla judicial, un grupo católico que pide a las autoridades federales retirar la aprobación para el uso de la sustancia, cuya utilización ha ido en aumento desde que el Supremo declaró ilegal el aborto el verano pasado. El argumento del bloque conservador, la Alliance for Defending (la Alianza para la Defensa de la Libertad, un grupo católico), es que los Estados deben encargarse de vigilar el consumo del ingrediente activo y que este respete las legislaciones sobre la interrupción del embarazo.

Kacsmaryk ha aumentado el misterio. El juez no ha comunicado ninguna decisión sobre el caso esta tarde, pero ha prometido una decisión “lo más pronto posible”. Si su fallo da la razón a la alianza, el acceso de las mujeres a la pastilla se dificultaría a nivel nacional, una muestra más de que las opciones para abortar se van cerrando incluso en las entidades que permiten el procedimiento. La mifepristona, usada en casi la mitad de los abortos que hay en el país, es el primero de dos medicamentos necesarios en los tratamientos con pastillas (Mifeprex y Cycotec, que tiene misoprostol). Los laboratorios Danco, los fabricantes de la sustancia activa, se han sumado a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que lucha por mantener la oferta de la medicina. El magistrado Kacsmaryk ha dado este martes dos horas a cada una de las partes para exponer sus argumentos.

El caso es de suma urgencia para las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Estas, dentro de las que se encuentran Planned Parenthood, han calificado el proceso de “fraudulento”. La alianza conservadora no presentó su demanda contra la FDA en Maryland, donde está ubicada la agencia gubernamental. Lo hizo en el condado de Amarillo, Texas, donde el juez Kacsmaryk recibe el 95% de las causas judiciales. El togado llegó en 2019 al distrito judicial y fue nombrado por Donald Trump. Antes de ser un juez federal, trabajó como abogado para el Instituto Primera Libertad, un bufete de abogados que litiga casos relacionados con la religión, de acuerdo a The Texas Tribune. Desde allí, inició varias demandas destinadas a defender la vida desde su concepción y a evitar que los servicios de salud pagaran por medicamentos para el control del embarazo. Su opinión jurídica ha sido muy recurrida por el bando republicano.

El Departamento de Justicia ha señalado que apelará si el juez Kacsmaryk da la razón al bloque conservador, lo que comenzaría un largo camino judicial que nuevamente puede quedar en manos de la mayoría ultraconservadora del Supremo. Este miércoles, el togado reservó algunas de las preguntas más duras a la alianza. El abogado de esta, Erik Baptist, reconoció que no existe un precedente judicial que haya acabado con la circulación de un medicamento que ha sido aprobado por el regulador farmacéutico. Pero el juez también escuchó cómo el letrado aseguró que la sustancia ha resultado peligrosa para algunas pacientes (según se dijo en la demanda que inició la controversia). La FDA no está de acuerdo. Más de 3,7 millones de mujeres la han utilizado desde que se permitió su uso, en el 2000. Desde entonces, la agencia ha recibido solo 26 informes de muertes de pacientes. Dos tenían un embarazo ectópico (fuera del útero), en cuya situación se desaconseja el empleo del medicamento.

En enero, la FDA publicó un cambio normativo que permitió a las farmacias minoristas ofrecer píldoras abortivas. El regulador publicó en su página web las nuevas directrices, pero no se emitió ningún comunicado público para evitar que el anuncio sirviera de munición para agitar la polarización en torno al tema. El costo del tratamiento varía de acuerdo al Estado, pero puede ascender a unos 500 dólares, que pueden ser cubiertos por algunos seguros. Un mes antes, en diciembre, el organismo hizo otra modificación de gran calado: eliminó el requisito de que las mujeres recogieran la prescripción en persona. En cambio, las pastillas podrían ser recibidas por correo después de una consulta médica en línea. Este era uno de los reclamos que hacían las organizaciones en favor del derecho a decidir de las mujeres.

La batalla por la mifepristona ha energizado a ambos bandos, no solo a la derecha. Hace unos días, el ingrediente activo generó titulares en California, un Estado santuario para los derechos de las mujeres. El gobernador Gavin Newsom anunció que su Gobierno no renovaría un contrato de más de 50 millones de dólares con Walgreens, una de las principales cadenas de farmacias en Estados Unidos. El motivo fue el anuncio de la compañía de que dejaría de ofrecer la mifepristona en 21 Estados, incluso en algunos donde el aborto sigue siendo legal. “California no permitirá que las empresas cedan ante los extremistas y minen un acceso crítico a la salud reproductiva y a la libertad”, afirmó el gobernador. El acuerdo que rompió Newsom daba a las autoridades locales acceso a medicinas de prescripción utilizadas principalmente en las cárceles del Estado.