Una activista polaca condenada por cooperar en un aborto

Una activista polaca ha sido condenada este martes por un tribunal de Polonia a nueve meses de restricción de su libertad mediante la prestación de 30 horas mensuales de trabajo comunitario por haber dado hace tres años sus pastillas para abortar a una mujer, víctima de violencia machista, que las necesitaba. Justyna Wydrzynska (Varsovia, 48 años) ha declarado a los medios tras la sentencia que no se considera culpable, que continuará su actividad y que apelará el fallo del tribunal. Polonia, junto a Malta, tiene una de las leyes del aborto más restrictivas de Europa: solo lo permite en caso de incesto, violación o riesgo para la salud de la madre; en cualquier otro caso es ilegal. Y ayudar a una mujer a hacerlo también lo es, está penado con hasta tres años de cárcel.

El fiscal pidió para Wydrzynska una pena de diez meses de restricción de libertad con trabajo comunitario y 10.000 zloty (unos 2.130 euros) de multa con destino a fondos penitenciarios y para pagar costas. “Seguiré haciendo mi trabajo, ayudamos a cualquiera que nos lo pide. Espero que ahora podamos seguir adelante en vez de dar entrevistas y acudir a tribunales porque no es lo que habíamos planeado al principio. No hacemos política, ayudamos a la gente a abortar”, ha explicado la activista al conocer la sentencia.

Según la ONG Abortion Dream Team, a la que pertenece esta mujer, es el primer caso en Europa en el que una persona del movimiento proabortista va a juicio por compartir sus propias pastillas para provocar la interrupción del embarazo. La ONG imparte formación sobre el aborto y ayuda a residentes en Polonia a acceder a la intervención segura en el extranjero.

Según la explicación aportada por Wydrzyska, en febrero de 2020 —al comienzo de la pandemia de coronavirus— la ONG recibió una petición de una mujer, víctima de violencia machista, que necesitaba abortar. Aunque la organización a la que pertenece Wydrzyska no proporciona directamente píldoras abortivas a quienes las necesita, la activista apreció que la mujer estaba realmente decidida a abortar. Por lo tanto, optó por enviarle las suyas propias porque temía que si no lo hacía, la mujer podría herirse. Sin embargo, las pastillas llegaron a manos de la pareja de la mujer y fue él quien lo notificó a la policía, que las interceptó.

El caso de Wydrzyska ha atraído la atención de instituciones internacionales. Cuatro representantes de la ONU —Mary Lawlor (Relatora Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos), Melissa Upreti (responsable del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas), Tlaleng Mofokeng (Relatora Especial sobre el derecho a la salud) y Reem Aslalem (Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres)— habían pedido al Gobierno polaco que retirara los cargos, algo que finalmente no ha hecho. También ha habido una petición similar por parte de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

El juicio a Wydrzynska ha puesto en alerta a las redes internacionales de defensa de los derechos reproductivos de la mujer. Antes de conocer la sentencia, la polaca declaró a EL PAÍS: “Cuando miras las leyes europeas sobre el aborto en Francia, Bélgica, Países Bajos, etcétera, en casi todos los países compartir píldoras puede ser considerado un delito”. En su opinión, en lugares donde la interrupción del embarazo es legal y se puede llevar a cabo de la mano de doctores de forma fácil y segura, el acceso a las píldoras fuera del sistema sanitario es innecesario, pero Wydrzynska quiere llamar la atención sobre posibles situaciones en los márgenes. “Si te denuncian, te puedes encontrar con una condena… Un caso como el mío puede darse en cualquier país europeo”.