El arzobispado de Barcelona admite que tenía noticia de los abusos del cura depredador de menores desde 1975

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El arzobispado de Barcelona ha informado finalmente, después de ocho días de negarse a hacerlo a este periódico, sobre el caso del cura Josep Vendrell Cortasa, acusado de abusar de al menos 20 menores en la provincia de Barcelona durante los años sesenta y setenta. En un comunicado enviado la tarde de este miércoles, admite que en 1975, cuando era obispo Narcís Jubany, tuvo noticia de sus abusos en el municipio de Caldes d’Estrac. Pese a ello, el sacerdote fue encubierto por sus superiores y siguió activo 30 años más, hasta su muerte, en 2004. La archidiócesis fue informada por dos fuentes distintas, otro párroco cercano y el padre de un chico. El párroco advirtió de que a los niños “les pedía una práctica sexual inmoral”. El feligrés envió una carta el 6 de junio de 1975 en la que expresa que en un principio no había dado crédito a las acusaciones de abusos, pero que, gracias al posterior testimonio de su propio hijo, pide que el párroco sea retirado de la parroquia, que lo desplace “donde no haya ningún niño”. “Creo que por caridad debe ponerse en manos de un médico”, escribía. La nota de la archidiócesis asegura que “la documentación existente no recoge ninguna denuncia directa de las víctimas o de sus familias” en el arzobispado, y “tampoco se hace ninguna mención de las decisiones tomadas por la autoridad eclesial”. “No hay más información documentada en los años anteriores o posteriores a los hechos referidos”, concluye.

Lo cierto es que en el verano de 1975, Vendrell desapareció de la noche a la mañana de Caldes d’Estrac, al igual que había ocurrido en 1970 en la parroquia de Santo Tomás de Aquino de Barcelona, a raíz de otro escándalo, de donde fue trasladado a Caldes. Su nuevo destino en 1975 fue Montcada i Reixac, donde permaneció hasta 1990. El arzobispado explica que “en los nombramientos no se referencian motivos especiales ni hechos relevantes”, pero señala que “una nota destinada a ser publicada en la hoja parroquial de la parroquia de Caldes d’Estrac, el 5 de septiembre de 1975, especifica que Mn. Vendrell había pedido al Sr. Cardenal-Arzobispo en ese momento ser relevado del cargo en aquella parroquia por ‘haber sido objeto de una campaña que afecta a su fama entre los feligreses’, lo que había provocado ‘tensiones en el seno de aquella comunidad cristiana”.

La archidiócesis ha encontrado documentación referente a esas “tensiones”, que versan sobre tres aspectos: “la situación de la parroquia (incluso con quejas de alguna catequista), la situación de la escuela parroquial y el comportamiento del entonces párroco”. Entre esos papeles se encuentran la carta del feligrés y dos del párroco que denuncian los abusos de Vendrell. El cura que escribe dice que “la situación es insostenible por el enfrentamiento entre Mn. Josep Vendrell y el Ayuntamiento, por la atención y actitud pastoral del párroco y la manifestación de algún joven de que el párroco ‘les pedía una práctica sexual inmoral”. Salvador Clofent, una de las víctimas que ha hablado con EL PAÍS, asegura que fue su padre quien envió esa carta al arzobispado, después de que él le contara sus abusos: “Se movió lo indecible porque nadie le hacía caso”. Los testimonios recabados por este diario indican que otras familias también informaron al entonces arcipreste del Maresme, monseñor Pons. Por otro lado, en los archivos ha aparecido otra carta de las religiosas que llevaban la escuela parroquial del pueblo, con fecha del 7 de julio de 1975, firmada también por un representante de la asociación de padres de alumnos, “en la que defienden al sacerdote y consideran que se lo está difamando”.

José Vendrell Cortasa, según reveló EL PAÍS el sábado, pasó impunemente de un destino a otro durante décadas. Antes de ser sacerdote fue entrenador en el club de natación Montjuic, de 1954 a 1957, y tras estudiar en Roma fue ordenado en 1964. La información inicial reconstruyó su carrera hasta 1990, pues los datos disponibles indicaban que se había retirado en ese año en una parroquia del municipio de Montcada i Reixac, pero en realidad aún tuvo otros dos destinos: volvió a Barcelona, pese a la información que tenía la archidiócesis sobre las acusaciones contra él. Siguió activo hasta su fallecimiento en dos parroquias de la capital catalana, la de Sant Domènec de Guzmán, en el barrio de Sant Antoni, de 1990 a 1999, y en la de Sant Ignasi, de la calle Provenza, de 1999 a 2004, según confirma el arzobispado de Barcelona. El 8 de enero de 1991 fue nombrado administrador parroquial de la parroquia de Sant Domènec de Guzmán, y el 24 de febrero de 1992 fue designado párroco. Tras ser trasladado, el 15 de julio de 1999 lo hicieron párroco de Sant Ignasi de Loiola, cargo que desempeñó hasta su muerte, con 70 años, en 2004. Es decir, ejerció casi 40 años en al menos cinco parroquias. El arzobispado precisa que no le “consta ningún dato sobre la causa de su defunción”.

Hasta ahora han surgido acusaciones contra Vendrell en la parroquia de Santo Tomás de Aquino, en Barcelona, donde permaneció al menos desde 1965 a 1970, y en Caldes d’Estrac. Ahora, este diario ha encontrado a una víctima más, David Boguñá, que se despertó el sábado con la noticia: “Me sorprendió, después de tantos años”. Uno de los que aparecían en el reportaje era un hermano suyo que, como él, estuvo en el internado del colegio de Caldes d’Estrac, donde Vendrell era el director. “Este tío era un depredador brutal. Están diciendo que si hay 20 víctimas… No, habrá cientos. Lo intentaba con todos. Te llevaba a su apartamento, te daba una copita de whisky o de coñac, un cigarrito, y probaba. A mí me pasó con 12 años. Me bajó los pantalones y me empezó a masturbar, pero lo empujé y salí llorando de allí. Nunca más lo intentó”. Boguñá asegura que conoce al menos a otras cuatro personas cercanas de aquella época que sufrieron abusos. “En el pueblo era vox populi”, concluye. De este modo, el número de víctimas conocido se eleva a 20.

La diócesis que dirige el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, se había negado hasta ahora a dar información sobre lo que sabe del caso. Del mismo modo, aún no ha abierto una investigación canónica, pese a que conoce el caso desde hace dos meses, a través del tercer informe de pederastia en la Iglesia española de EL PAÍS, y el sábado fue publicado un reportaje con ocho testimonios. Sigue sosteniendo que solo puede hacerlo si las víctimas acuden a denunciarlo al arzobispado, aunque afirma que investiga por “otras fuentes”. Ha calificado los informes de este periódico, que han recogido 500 casos en un año, de “delaciones anónimas” que no son suficientes para emprender una investigación previa. Lo cierto es que la archidiócesis está desobedeciendo al Papa, pues las normas del Vaticano obligan a abrirla ante cualquier indicio verosímil de delito, como las informaciones de medios de comunicación, y no es necesaria la denuncia de una víctima. Este diario solo facilita a diócesis y órdenes el contacto con las víctimas si estas dan su autorización, y en este caso hasta ahora no lo han hecho, aunque han adelantado que próximamente contactarán con el arzobispado.

EL PAÍS ha recogido hasta ahora el testimonio de seis personas que fueron alumnos en Caldes y de dos de la parroquia de Santo Tomás de Aquino. Este grupo ha prestado declaración ante la comisión del Defensor del Pueblo que investiga los abusos, y asegura que al menos otras siete personas que conocen han hecho lo mismo, pero desconocen el número total, porque en los últimos meses han hablado con muchos antiguos compañeros que aseguraron que se unirían a ellos. El Defensor explica que no puede revelar cuántos son los denunciantes que se han dirigido a la institución, debido a la Ley de Protección de Datos. Solo ha indicado que en su última visita a Barcelona entrevistó a 25 personas, aunque no solo de este caso.

El Ayuntamiento de Caldes d’Estrac divulgó el martes un comunicado firmado por todos los partidos en el que expresa “su más contundente condena” del caso. “El Ayuntamiento, con todos los grupos municipales en bloque, hace público su apoyo y solidaridad a todos los afectados y sus familias. Asimismo, se compromete a facilitar todo el apoyo que necesiten y esté a su alcance, reafirmando su postura de tolerancia cero frente a la violencia sexual y cualquier tipo de abusos”. El consistorio ya se ha reunido con algunas de las víctimas y se plantea unirse a las denuncias al Defensor del Pueblo.