Violencia machista
Tribuna
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Demasiadas víctimas de violencia de género

Las medidas de sensibilización y protección de las mujeres a veces no son eficientes porque el sistema de justicia, en su conjunto, no funciona debidamente

Un momento de la concentración celebrada el pasado lunes en Las Palmas de Gran Canaria para condenar el asesinato machista de una mujer en Adeje (Tenerife), cometido el día anterior.
Un momento de la concentración celebrada el pasado lunes en Las Palmas de Gran Canaria para condenar el asesinato machista de una mujer en Adeje (Tenerife), cometido el día anterior.Ángel Medina G. (EFE)

En los últimos tiempos ha habido una acumulación de mujeres muertas a mano de sus parejas o exparejas que ha alarmado a todos. Muchos se preguntan, y no sin razón, de qué han servido las medidas de sensibilización y protección de las mujeres que han existido hasta ahora si sigue habiendo agresiones, muertes y hasta “manadas”. El desánimo hace que todo se cuestione, particularmente la orientación inicial que tienen todas las medidas, basadas en la lucha contra un machismo aún imperante en determinados tramos de la sociedad y que hay que combatir sin descanso.

Sin embargo, tal vez ha llegado el momento de poner el acento político también en otros aspectos. Las medidas a veces no son eficientes porque el sistema de justicia, en su conjunto, no funciona debidamente. Nos hemos acostumbrado ya a que se presentan denuncias, querellas y demandas, y casi siempre se pasan varios meses cogiendo polvo en algún juzgado o fiscalía hasta que por fin sus responsables tienen posibilidad material de atenderlas, debido a la inmensa acumulación de asuntos. En algunos casos, además, las demoras están justificadas porque deben realizarse muchas diligencias de investigación. Pero en otros, precisamente como los delitos de violencia de género, son habitualmente muy escasas las diligencias a practicar para recoger los vestigios del delito, pese a que parezcan complejas al revestir una enorme y anticuadísima burocracia que hace muchos años que hubiera debido ser simplificada e incluso automatizada.

Cuando se denuncia un caso de violencia de género, lo que hay que hacer es proteger a la víctima de inmediato y conceder unos pocos días a los abogados de las partes y a la policía para que aporten los materiales probatorios que hayan recogido, que insisto en que suelen ser escasos. En esos días ya están identificados los testigos, hay parte de lesiones, ha podido haber evaluación psicológica de agresor y víctima y ambos están en disposición de comparecer ante la Justicia. Dado este escenario, en el que además no es probable que se recojan más vestigios por más tiempo que pase, lo que hay que hacer no es demorar la instrucción, esa fase previa, sino simplemente juzgar de inmediato, de manera que tras la denuncia del acto de violencia, el caso no tarde más de un par o tres de semanas en ser juzgado en primera instancia.

Para ello sería necesaria una reforma simple pero ambiciosa, reduciendo muy drásticamente esa fase previa: la fase de instrucción. Pero no ha sido esa la orientación del legislador. Además, para conseguir esa rapidez habría que haber especializado a algunos jueces de juicio —los que dictan sentencia­—, y no a jueces de instrucción, porque esos jueces solo recogen los vestigios y protegen a las víctimas, pero no juzgan. Sin embargo, el legislador, desorientado por una visión muy tradicionalista y fuera de época del proceso penal, especializó a los jueces de instrucción creando los llamados “juzgados de violencia sobre la mujer”. Y habiendo procedido así, las sentencias pueden tardar mucho tiempo en llegar, lo que quiere decir que se pierden pruebas, se retractan las víctimas dolosamente persuadidas por sus agresores, los testigos pierden su memoria y, en todo caso, la respuesta del sistema llega tardísimo.

Desamparo de las víctimas

Pese a los incontables esfuerzos de los jueces de violencia sobre la mujer, lo que percibe la víctima es desamparo. Por añadidura, ante la falta de respuesta a su debido tiempo, el agresor no tiene auténtica consciencia de lo que ha hecho, salvo que se le ingrese inmediatamente en prisión provisional, lo que no siempre es posible, y ni siquiera razonable.

Por tanto, si realmente se desea un descenso de las cifras de agresiones, más allá de las campañas de sensibilización y formación en perspectiva de género, deben crearse juzgados que enjuicien muy rápidamente estos hechos, sin excusas, mucho menos burocráticas. Solo así se percibirá que el sistema funciona, las víctimas se sentirán protegidas y los agresores sentirán que sobre ellos existe el peso de la autoridad. Así dejarán ellos mismos de banalizar sus acciones. Si se deja pasar tanto tiempo, no solamente no se juzga mejor, sino mucho peor, puesto que se desfigura la prueba de la violencia, lo que es fatal para proteger a las mujeres.

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