Estados Unidos aprueba una ley para blindar el matrimonio entre personas del mismo sexo

Solo falta que el presidente, Joe Biden, la firme. El Congreso de Estados Unidos ha aprobado definitivamente una ley para proteger en todo el país los derechos de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Tras la votación del Senado de la semana pasada, la Cámara de Representantes ha aprobado por una amplia mayoría (258 a 169 votos) una norma que blinda el matrimonio igualitario frente al riesgo de que la mayoría conservadora del Tribunal Supremo decida revertir su doctrina, que hasta ahora lo reconoce como un derecho constitucional.

Es la primera vez que el Congreso de Estados Unidos aprueba una ley para defender el matrimonio entre homosexuales. Como tantos otros derechos en Estados Unidos, el de casarse con una persona del mismo sexo no se aplicaba en todo el país por una ley federal, sino por una sentencia del Tribunal Supremo.

La nueva ley ya fue aprobada en el Senado con 61 votos a favor y 36 en contra. El respaldo de numerosos congresistas del Partido Republicano en ambas cámaras refleja el amplio apoyo social al matrimonio entre homosexuales conquistado en las últimas dos décadas. En 2004 solo era legal en Massachusetts y se oponían al mismo incluso prominentes demócratas como Barack Obama, que luego celebró en 2015, siendo presidente, la legalización por parte del Supremo como una “victoria para América”.

El apoyo de parte de los republicanos ha permitido una tramitación rápida de la norma antes de la renovación del Congreso, en enero, con los elegidos en las elecciones del 8 de noviembre. La mayoría de los republicanos, en todo caso, ha votado en contra de la ley. De hecho, ha habido menos votos a favor que en otra versión del texto, aprobada antes de las elecciones.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha celebrado ostensiblemente el resultado de la votación. Aunque quedan algunas iniciativas por tramitar en el Congreso antes de su disolución, esta es probablemente la última ley con alta carga simbólica de su mandato. En la próxima legislatura los republicanos tendrán mayoría en la Cámara para elegir un nuevo presidente y Pelosi, de 82 años, ya ha anunciado que deja incluso el liderazgo de su grupo.

Este miércoles, Pelosi ha publicado un artículo en The Washington Post en el que aplaudía la prevista aprobación de la ley como “un glorioso triunfo del amor, de la libertad y de la dignidad para todos”. “Al igual que empecé mi carrera luchando por las comunidades LGBTQ, estoy encantada de que una de las últimas leyes que firmaré como presidenta de la Cámara sea la Ley de Respeto al Matrimonio, que garantiza que el Gobierno federal nunca más se interpondrá en el camino para casarse con la persona que uno ama”, añadía.

Blindaje parcial

La nueva norma no establece el matrimonio entre homosexuales como un derecho federal aplicable en todo el país, pero sí que impide que se pueda discriminar a un matrimonio porque los dos miembros de la pareja sean del mismo sexo. Así, en caso de que el Supremo llegase a revocar su doctrina, los Estados podrían impedir a las parejas homosexuales casarse en su territorio, pero tendrían que reconocer legalmente y con igualdad de derechos a los matrimonios celebrados en otro Estado donde sea legal. No es un blindaje completo, pero es la solución de compromiso alcanzada, junto a otras concesiones, para lograr el apoyo de suficientes senadores republicanos.

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en todo Estados Unidos desde que el Tribunal Supremo, entonces con mayoría progresista, dictó la sentencia Obergefell contra Hodges en 2015 en la que anuló leyes de Míchigan, Kentucky, Ohio y Tennessee que solo permitían la unión entre un hombre y una mujer. El Supremo declaró que todos los Estados tienen obligación de permitir el matrimonio a parejas del mismo sexo. Antes de esa sentencia, ya era legal en 37 Estados y la capital, Washington. Hay cerca de 600.000 parejas homosexuales casadas en Estados Unidos.

El riesgo de que el Supremo cambiase de criterio se puso de manifiesto en un voto particular en la sentencia sobre el aborto de junio pasado. El juez Clarence Thomas, de la mayoría conservadora invitaba a revisar otros precedentes, entre ellos el que legalizó el matrimonio entre homosexuales en todo el país. A raíz de ello, los demócratas propusieron en el Congreso blindarlo mediante ley. Varios congresistas republicanos han asegurado durante los debates que no es cierto que la doctrina del Supremo esté en peligro y que esta norma era innecesaria. Otros siguen rechazando el fondo de la cuestión y se oponen al matrimonio de personas del mismo sexo.

Reconocimiento explícito

Quizá el blindaje de la ley no resulte necesario, pero el riesgo es que si el Supremo decide revertir sus precedentes, podría volver a estar en vigor la restrictiva ley de Defensa del Matrimonio, aprobada en 1996, que solo reconocía la unión entre un hombre y una mujer y negaba los derechos y beneficios federales a los matrimonios del mismo sexo y luego anulada por el Supremo. La nueva Ley de Respeto al Matrimonio deroga la norma de 1996 y reconoce expresamente los derechos federales para los matrimonios entre homosexuales y entre personas de diferentes razas.

Las cautelas que ha introducido el texto y que han permitido el apoyo de parte de los republicanos, e incluso de la iglesia mormona, consisten en un reconocimiento expreso de la libertad religiosa que evita que se pueda obligar a las iglesias a celebrar y reconocer esos matrimonios homosexuales y que las blinda de perder exenciones y beneficios fiscales por no hacerlo. También se ha dejado claro que el reconocimiento no alcanza a matrimonios polígamos.

Los demócratas presentaron una proposición de ley en verano con poca confianza en que saliese adelante. Era más una forma de forzar a los republicanos a retratarse ante los votantes antes de las elecciones legislativas del pasado 8 de noviembre. Pero los senadores republicanos se mostraron abiertos a apoyar la ley si se dejaba para después de las elecciones. Así ha sido, tras el esfuerzo de políticos y donantes homosexuales republicanos para lograrlo.

Pese a esta victoria, las amenazas para el colectivo LGTBI siguen vigentes. El Supremo estudia ahora un caso en que deberá trazar hasta qué punto la libertad de expresión se puede utilizar como argumento para permitir la discriminación a parejas del mismo sexo. La semana pasada tuvo lugar la vista y los magistrados conservadores parecían inclinados a respaldar a una diseñadora de páginas webs que se niega a hacerlas para bodas entre homosexuales.

“Esta sería la primera vez en la historia en la que el Tribunal [Supremo] dijese que un negocio comercial abierto al público, que atiende al público, puede negarse a servir a un cliente por motivos de raza, sexo, religión u orientación sexual”, alertó la jueza progresista Sonia Sotomayor.