Carme Guil, magistrada: “Las víctimas de violencia de género también han de poder decidir si quieren dialogar con sus agresores”

La magistrada catalana Carme Guil preside, desde junio, la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME España), que promueve, entre otras cosas, la “justicia restaurativa”, una forma de resolución de conflictos en el ámbito penal que da a víctimas y agresores un espacio de encuentro alternativo al sistema judicial. Pese a la escasa cobertura legal, en España hay experiencias en muchos campos del delito —desde una pelea entre vecinos hasta el terrorismo de ETA—, pero hay un ámbito en el que resulta imposible porque la ley lo prohíbe de forma taxativa: la violencia machista, tanto en el delito de maltrato dentro de la pareja y expareja como en las agresiones sexuales. Guil critica ese veto y defiende un cambio de rumbo: “Esas víctimas también han de decidir si quieren dialogar con sus agresores con ayuda de facilitadores expertos y en espacios restaurativos seguros”.

La polémica ley del solo sí es sí, promovida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, incluye un artículo que prohíbe la “mediación” en supuestos de violencia sexual, en la senda de la norma de 2004 sobre violencia de género. Guil, que es magistrada en la Audiencia de Barcelona y antes fue fiscal, discrepa de esa prohibición, que no existe en otros países del entorno europeo, y la atribuye al “desconocimiento de la justicia restaurativa”, un espacio “seguro” y cuyo acceso es siempre “voluntario” para víctimas y agresores. “Hay prejuicios y desconfianza porque se piensa que los facilitadores de esos procesos no protegerán suficientemente a la víctima”.

“El veto traslada la idea de que a las víctimas solo se las protege con la justicia penal. Y eso es infantilizarlas, darles un trato paternalista, porque no se las deja opinar”, dice Guil, consciente de que defiende una posición polémica que es rechazada por parte del movimiento feminista. “¿Por qué es de peor condición una víctima de violencia de género que una víctima terrorista?”, agrega en alusión a los encuentros entre familiares de víctimas de ETA y los asesinos, como el que protagonizaron Maixabel Lasa y Luis Carrasco.

Los procesos de justicia restaurativa sobre violencia de género funcionan con éxito en países como Austria (pionero en la materia), Finlandia o el Reino Unido. Guil señala que hay muchos formatos posibles (no siempre son encuentros directos entre agresor y víctima), subraya que el proceso siempre es voluntario y confidencial y aclara que “no sustituye al proceso penal, ni lo suspende, sino que va en paralelo”. “Lo que pasa se queda allí. Si la mediación no es viable, el asunto regresa al órgano judicial sin más detalles, los jueces no sabemos qué ha pasado y el proceso no queda contaminado”. Hay muchas formas de aproximarse. En Austria, por ejemplo, trabajan con mediadores que “intercambian mensajes entre la víctima y el victimario”, de manera que se despeja “cualquier duda sobre el riesgo que algunos creen ver en este sistema”.

“Cuando entran en el juzgado, las víctimas se quejan de que nadie las tiene en cuenta. En estos procesos, según nos dice la experiencia europea, se sienten escuchadas y atendidas. Tienen la posibilidad de preguntar, de explicar cómo les ha afectado lo ocurrido, de contar cómo han cambiado sus vidas”. La justicia restaurativa, dice la magistrada, “neutraliza el sentimiento de culpa y vergüenza y aumenta su autoestima”. “Una legislación que solo atiende a la protección de la víctima dictando órdenes de alejamiento [en su parte penal] no mira por su interés. La víctima necesita dejar de serlo, y en estos procesos puede lograrlo”. Guil advierte de que la justicia restaurativa no está para “vaciar los juzgados penales”, sino para “concienciar de que la solución para la víctima no siempre es poner una denuncia o buscar la sanción de su agresor”.

Menos reincidencia

Para los maltratadores, sean presuntos o condenados, someterse a esos procesos “disminuye el riesgo de reincidencia”. A diferencia de las sentencias dictadas de conformidad con las partes antes del juicio —en las que el acusado acepta los hechos a cambio de una rebaja de pena—, en la justicia restaurativa “hay una reflexión, una responsabilización y una aceptación del daño causado”. “Eso es un motor de cambio que beneficia a toda la comunidad. Es bastante más profundo y hay más garantías de que el causante del daño no vuelva a hacerlo. Si entra en prisión y ya está, no integra que deba cambiar nada y acaba sintiéndose víctima del sistema”.

Navarra, País Vasco y Cataluña llevan la delantera en experiencias restaurativas y cuentan con “servicios públicos dentro de la administración de justicia”. Los jueces, además, “derivan cada vez más asuntos” a la justicia restaurativa. Pero no acaban de sentirse cómodos, explica Guil, por la falta de un paraguas legal. El sostén normativo es el artículo 15 del estatuto de la víctima del delito, que señala que esta “podrá acceder a servicios de justicia restaurativa” para obtener “una adecuada reparación material y moral” del daño sufrido. Guil pide una “legislación básica” que las instituciones europeas piden desde hace años: una recomendación del Consejo de Ministros de la UE (2018) y la Declaración de Venecia (2021) apuntan en esa dirección.

“Los medios materiales y humanos se destinan todavía a una respuesta penal punitivista”, dice Guil, que ve resistencias a la hora de legislar y pide “un cambio de paradigma”. “No decimos que el sistema penal deje de existir. Pero sí que la respuesta que ahora se ofrece, que se limita a castigar, para las víctimas es insuficiente. Si no consigo que el autor del delito desista de volverlo a hacer, o si no consigo que el ciudadano que ha sufrido un delito se sienta mejor y más seguro, no estoy haciendo bien mi trabajo”.

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