Primera gran protesta en Andalucía contra el Gobierno del PP: “Le chupan la sangre a la sanidad pública”

Los profesionales sanitarios y los usuarios de la sanidad pública andaluza han protagonizado este sábado la primera movilización multitudinaria contra el Gobierno de mayoría absoluta del PP, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla. El colapso de la atención primaria, la necesidad no solo de más médicos, sino de mejores condiciones laborales para evitar que se vayan de la comunidad y el avance en la privatización sanitaria han sido las principales reivindicaciones de los convocados por Marea Blanca: miles de personas que se han congregado en las calles de Sevilla, Granada, Cádiz y Algeciras. “La realidad sanitaria es muy precaria y cunde el desánimo entre los profesionales de la salud y los ciudadanos”, ha remarcado Esperanza Morales, médico de familia e inspectora jubilada, en la lectura del manifiesto con el que ha concluido la marcha en la capital hispalense.

Con el poso de la masiva manifestación del 13 de noviembre en Madrid, los organizadores de las manifestaciones de este sábado eran conscientes de que el Gobierno de la Junta apelaría a la comparación en el número de asistentes para desmarcarse de la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso. Con todo, tanto Marea Blanca como los partidos políticos —Por Andalucía y las formaciones que la integran, Adelante Andalucía y el PSOE, que ha estado presente a través de sus diputados a título particular―, los sindicatos —CC OO, UGT, CGT, USTEA y SAT― y la veintena de asociaciones que han secundado la marcha se han mostrado “muy orgullosos y satisfechos” por la asistencia. Sus cifras discrepan de las oficiales. La Delegación del Gobierno ha contabilizado 4.000 personas en la de Sevilla, mientras que los organizadores han calculado 20.000; en Granada, Cádiz y Algeciras, la Policía Nacional ha contabilizado unas 800 en total.

“No estamos en la misma situación que Madrid, pero nos vamos pareciendo cada vez más”, indica Sebastián Martín, médico de familia jubilado y portavoz de Marea Blanca. El Gobierno andaluz presume de inversiones récord en sanidad —4.000 millones desde 2019 y un incremento del 17,94% respecto de 2022 para el año que viene― y de 30.000 contrataciones, pero Martín tiene una respuesta. “Una cosa es decir que se incrementa el presupuesto público para sanidad y otra muy distinta que vaya destinado a la sanidad pública”, advierte. El 33% del gasto en las cuentas para 2023 se destina al sector privado, sostiene. Para el año que viene, los presupuestos contemplan la derivación de 245.000 pacientes a hospitales concertados, un 25,16% más que en 2022 (195.745).

Sobre el incremento en la platilla, Martín recuerda que durante la pandemia se contrataron 20.000 sanitarios con fondos covid, de los que 8.000 fueron despedidos en octubre de 2021. El futuro de los 12.000 restantes, cuyo contrato expira el 31 de diciembre, está en el aire. Marea Blanca, además de su renovación, exige la contratación de 4.000 profesionales para cubrir el déficit de la atención primaria y de otros 4.000 para poder abrir por la tarde 20 hospitales públicos “en lugar de sufragar infraestructuras a los privados”. A esas “dos mentiras” de la Junta, el portavoz de Marea Blanca añade una tercera: “Se nos dice que es importante la colaboración público-privada cuando no existe colaboración: se trata de chupar sangre de la pública para beneficiar a la privada. Los seguros privados no quieren a los mayores de 65 años ni a los enfermos crónicos”, ha afirmado antes los miles de manifestantes.

Entre la indignación y el hartazgo

La manifestación de Sevilla ha discurrido en un ambiente reivindicativo, pero a la vez festivo, animada por la batucada que abría la marcha y los gritos de quienes iban detrás de las pancartas o enarbolaban carteles a favor de la sanidad pública. El sentir general que compartían los que acudieron como usuarios de los centros públicos de salud era de indignación. Los profesionales de la sanidad dejaron entrever más su hartazgo y resignación por las duras condiciones en las que tienen que trabajar, que, aseguran, no dejan de empeorar.

“Ahora mismo yo no puedo ser médico de familia. Todo es correr, correr y correr”, explica Patricia Jiménez, médico de atención primaria en Sevilla, de 39 años. Jiménez atiende una media de 50 citas diarias. “Debería hacer programaciones con los pacientes, pero no puedo porque todo mi tiempo se reduce a verlos”, señala con un deje de desaliento, que no pasa desapercibido ante sus hijos, que, como ella, van vestidos con una bata blanca. Como Jiménez, Rocío Perea, de 45 años, se ha puesto su atuendo de trabajo, se ha llevado a su hija a la manifestación y también está acostumbrada a atender a 50 pacientes más allá de su horario laboral en su centro de salud, el de Mairena del Alcor (Sevilla). “La presión asistencial cada vez es más alta porque los recursos están más al límite y a los pacientes no se los puede atender con calidad”, indica. Entiende perfectamente que los nuevos MIR no quieran decantarse por su especialidad.

Pilar, de 27 años, lleva de un brazo a su abuela mientras con el otro enarbola una pancarta con el lema “Me recortan salud y vida”. La joven es enfermera y ejemplifica otra de las tristes realidades de su profesión en Andalucía: la falta de puestos y las precarias condiciones de los contratos en esta comunidad. Se graduó en 2020 y desde entonces lleva ejerciendo en el País Vasco. “Aquí no me llamaron y allí no he parado de encadenar contratos. Claro que me gustaría venirme, pero para eso las condiciones laborales deberían ser, como mínimo, iguales. Y las de aquí no se les parecen ni por duración ni por salario”.

En otra zona de la marcha, otra colega, Mª Ángeles Rodríguez, sujeta una pancarta que defiende la sanidad pública en Huelva. Es enfermera en Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez y ha venido acompañada de otros profesionales sanitarios, farmacéuticos y usuarios. “Huelva es la única provincia andaluza sin hospital materno-infantil, mientras la Junta está ampliando los conciertos privados con el Grupo Pascual”, denuncia. Diego Romero y varios paisanos de La Roda de Andalucía, a 126 kilómetros de la capital, han madrugado para venir en autobús. “La situación es catastrófica. En los municipios de la zona, todos de 2.000 habitantes, no se puede tardar seis días en tener cita, no cubren las bajas médicas y nos derivan a las consultas telefónicas y nosotros demandamos atención presencial”, señala.

Romero alerta de que, en su comarca, la población está muy envejecida, igual que pasa en las barriadas sevillanas de Palmete y Tres Barrios, donde a la edad avanzada hay que añadir el bajo nivel de renta de sus vecinos. “Nosotros no podemos permitirnos un seguro privado y además asistimos a una dejadez brutal en la inversión de nuestros centros de salud. Los pediatras están compartidos con otros centros y la media para ver a un especialista es de seis meses”, se quejan Santos Antúnez y Amparo Zapata, de 51 y 61 años, dos vecinas que han acudido como parte del colectivo Barrios Hartos. Rafi, que vive en otro barrio humilde de Sevilla, el de Amate, sostiene que ella sí podría tener seguro privado, pero que no tiene intención de hacérselo. “No me da la gana. Llevo 40 años cotizando y no he hecho uso ni abuso de la Seguridad Social. Y ahora, que me hace falta, me dan la espalda”, dice. Lleva desde principios de octubre sin médico de cabecera.

El PP sabe que la sanidad es el talón de Aquiles del Gobierno andaluz. El desgaste que las movilizaciones de los sanitarios produjeron en los Ejecutivos socialistas fue clave en su ascenso al poder. El descontento por el colapso en la atención primaria no ha disminuido y, en los últimos días, a la presión por la renovación de los 12.000 profesionales covid se han sumado otros episodios como la inauguración de un consultorio de un pueblo de Huelva sin tener el contrato de suministro eléctrico, o la confirmación de que los 17 quirófanos del Hospital Militar que Moreno inauguró en abril aún no están operativos. Los sanitarios ya han advertido de que la lucha no termina con las manifestaciones. El Sindicato Médico Andaluz, que no se ha adherido a esta marcha, ha anunciado movilizaciones en diciembre.