Los fondos europeos de Derechos Sociales para construir residencias y centros de día se enredan en los plazos

La distribución de los fondos europeos en el área de políticas sociales ha desatado inquietud entre las comunidades autónomas. La semana pasada iban a repartirse los casi 900 millones correspondientes a 2022 de los que los Gobiernos regionales disponen para invertir en asuntos como modernizar el sistema de servicios sociales o levantar nuevos centros de cuidados de larga duración, que se adapten a un modelo de atención que gire en torno a las necesidades de cada persona. El problema es que, si bien en los convenios bilaterales firmados a lo largo del año pasado entre el Ministerio de Derechos Sociales y las autonomías se recogía que debían plantearse objetivos hasta 2023, pero se permitía prolongar la ejecución de las obras hasta 2026, ahora se establece que los trabajos para construir o renovar 23.069 plazas en residencias y centros de día deben estar finalizados a final del año que viene. Es a lo que España se había comprometido con la Comisión Europea en julio del año pasado. Es decir, los acuerdos con las autonomías recogían un posible plazo y lo pactado con Bruselas contemplaba otro. Derechos Sociales reconoce ese disenso, pero recalca que los proyectos no están en riesgo.

Fuentes autonómicas de distintos colores políticos confirman que el pasado jueves, en un consejo territorial en el que se reunían las autonomías con Derechos Sociales, arreció la preocupación. Los responsables de las consejerías transmitieron la inseguridad que les genera la situación. En ese encuentro debía votarse el reparto del crédito: 899,99 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinados a la economía de los cuidados. Finalmente, el ministerio optó por dejar el asunto encima de la mesa y posponer la votación a otro consejo territorial que por el momento no ha sido convocado, para “poder explicarlo bien y que las comunidades se sientan seguras”. Muchas de las autonomías consultadas expresan malestar, en mayor o menor grado, y piden que se retrase hasta 2026 la posibilidad de terminar la ejecución de las obras, como creían inicialmente.

Ya el año pasado, en abril, se repartieron cerca de 731 millones de euros, el tramo de los fondos europeos presupuestado para 2021, y en 2023 habrá una nueva partida. Hay distintos tipos de inversión, desde proyectos piloto de innovación en servicios sociales hasta la dotación de nuevos centros públicos para cuidados de larga duración y remodelación de los ya existentes. El meollo del asunto atañe precisamente a esto último porque implica obras, y los plazos para licitar y para ejecutarlas son elevados, según resaltan fuentes autonómicas, e incluso están teniendo problemas con el encarecimiento de los materiales.

En un anexo de la documentación para establecer el reparto de los casi 900 millones, que ya había sido aprobada por el Consejo de Ministros y se mandaba a votación en el consejo territorial, se materializan por primera vez objetivos concretos para cada autonomía para cumplir la meta global pactada con la Comisión Europea en la Decisión de Ejecución del Consejo (CID, en sus siglas en inglés), el documento en el que se recogen todos los componentes del Plan de Recuperación, sus hitos y objetivos. Entre ellos, cuántas plazas en residencias o centros de día deben tener construidas o remodeladas las autonomías a finales de 2023, desde 50 en La Rioja hasta 6.000 en la Comunidad de Madrid. Hay comunidades que consideran que la meta es irrealizable en ese tiempo.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales explican que “en un principio se entiende que el hito es comprometer presupuesto hasta 2023″, es decir, que las obras podrían continuar a partir de esa fecha y finalizarse hasta 2026, como se negoció con las autonomías, “y que posteriormente, al detallarse los mecanismos de verificación [con la Unión Europea, en el CID], el cumplimiento supone acabar las obras en 2023″. Estas fuentes reconocen que el cambio supone “una diferencia importante, que en algunos casos se va a cumplir [algunas autonomías] pero que en otros no es realista, es más difícil que se cumpla”. Por ello, añaden que, “si se abre la ventana de renegociar objetivos con la Comisión Europea, este debería ser uno de ellos”. En cualquier caso, aseguran que, “incluso si no se recalendarizase, habría motivos para defender que hemos avanzado en un buen grado en el cumplimiento del hito, que las obras están en marcha”.

Fuentes autonómicas piden que se renegocie el plazo, en la línea de lo recogido en los convenios bilaterales. En 2021, cada comunidad diseñó con el ministerio su hoja de ruta respecto a todas las líneas de actuación con estos fondos europeos, que se plasmó en acuerdos que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado. Las conversaciones comenzaron en muchos casos antes de que se publicara el CID. Se establecieron objetivos para cada región, en función de su realidad, y cada una los plasmó a su manera en esos documentos. Hay comunidades que se comprometen a construir un determinado número de plazas nuevas, otras hablan de número de centros.

Lo que es común a todas ellas es que la vigencia de los convenios es hasta 2026, y a partir de ahí las hay, como Aragón, que han planteado que el 100% de sus obras debe estar finalizado en 2023, y otras que, aunque prevean que los proyectos estén ya comprometidos (es decir, ya licitados y adjudicados) en 2023 e incluso iniciadas las obras, han calendarizado que su ejecución pueda alargarse hasta 2026. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo expone de forma explícita. Respecto a las obras de remodelación de centros, apunta que en el segundo semestre de 2023 deberá estar el “100% comprometido con anualidades hasta 2026″.

La consejera madrileña del ramo, Concepción Dancausa, envió una carta a la ministra Ione Belarra en la que criticaba la “modificación unilateral del convenio” ya suscrito por el ministerio y las autonomías: “Una gran mayoría de los miembros del consejo territorial ha puesto de manifiesto la imposibilidad de cumplir con los nuevos plazos de ejecución recogidos en dicha modificación, con el riesgo de tener que reintegrar las cantidades transferidas”. La consejera catalana Violant Cervera también envió una carta al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, según apuntan fuentes del departamento, que consideran “inaceptable el cambio de criterio a estas alturas, haciendo pagar a las comunidades autónomas la mala gestión del ministerio y usándolas, una vez más, como simples gestoras sin capacidad de decisión”. Otras comunidades expresan la necesidad de revisar los plazos, algunas con un tono más pausado, otras haciendo hincapié en que “otras áreas disponen de plazos más amplios”.

Un técnico que participó en las conversaciones del ministerio con una comunidad autónoma afirma que no cree que se tenga que devolver el dinero si no se llega al 100% de ejecución en 2023, aunque sí admite la posibilidad de que, dado que el reparto de los fondos en 2023 está ligado al grado del cumplimiento de hitos intermedios, el grado de avance pueda afectar a la distribución del próximo año. “Aunque también podría no afectar. Yo creo que tenemos que recalcar que estos fondos suponen una nueva manera de trabajar y es normal que haya estos errores iniciales”, prosigue. Las fuentes de Derechos Sociales sostienen que no se pretende obligar a las comunidades a hacer algo diferente a lo establecido en los convenios y aseguran que ni estamos en un “contexto en el que deba devolverse el dinero” ni tampoco “se pone en riesgo ni los fondos ni las obras, dado que las comunidades están avanzando lo más rápido que pueden”.