Monjas contra el obispo de Mallorca: el monasterio del siglo XIV junto al mar seguirá siendo de ellas

El enorme y sobrio monasterio de Santa Isabel, enclavado en el centro histórico de Palma y a escasos metros del mar, es el escenario de una batalla judicial por su titularidad que enfrenta a la decena de monjas jerónimas de clausura que lo habitaron hasta 2014 con el obispo de Mallorca. Ese año, el Obispado inmatriculó el edificio de 6.418 metros cuadrados con jardines y patios, situado en un lugar goloso para emprender cualquier proyecto inmobiliario en la turística isla. Desde entonces, las religiosas y el Obispado han pleiteado para hacerse con la propiedad entre las suspicacias por ambas partes sobre el uso final que se daría al monasterio. El último asalto, por el momento, lo han ganado las monjas de clausura, aunque el Obispado ya ha avanzado que recurrirá la sentencia de primera instancia que esta semana ha concedido la titularidad del inmueble a las religiosas y ha anulado la inmatriculación de la Iglesia.

“La verdad padece, pero no perece”. Citando a Santa Teresa de Jesús, las religiosas celebran lo que consideran el reconocimiento de la existencia de sus derechos históricos y patrimoniales sobre el inmueble. En el pequeño y austero locutorio del monasterio, la priora de Santa Isabel, sor Ángeles Sanz, ha explicado este viernes que esta resolución judicial “muy esperada” ha llegado después de “algo tan escandaloso” como ha sido el no llegar a acuerdos entre los propios miembros de la Iglesia. Lo ha hecho detrás de una reja y junto a un crucifijo, después de obtener una dispensa para poder romper la clausura en público durante unas horas para poder explicar la postura de la congregación: “No es un triunfo, es simple y llanamente la verdad que ha salido a la luz”.

La también presidenta de la Federación de Monasterios de Monjas Jerónimas de Santa Paula ha subrayado el “sufrimiento” que han padecido durante años por tener que lidiar con alguien como el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, a quien ha excusado deslizando que “quizás han sido sus colaboradores los que le han llevado a este momento”. “Lo he pasado mal, por un dolor interno de que la Iglesia esté separada”, relata la priora, que lamenta que ha pedido entrevistarse varias veces con el obispo a solas y no lo ha conseguido.

Para la abogada de las religiosas, Pilar Roselló, la lucha ha sido “contra un sistema machista a más no poder” y acusa al Obispado de haber urdido “un embuste” para tratar de demostrar “con un certificado fraudulento” que el monasterio era de su propiedad. “Las monjas no son las hermanas pequeñas que se dedican a las tareas domésticas”.

El conflicto entre las Jerónimas y los sacerdotes se remonta a 2014, cuando la comunidad de religiosas de clausura, todas de avanzada edad, se trasladó a vivir al convento de San Bartolomé de Inca, en el centro de la isla. Las religiosas de la orden habían residido en Santa Isabel desde agosto de 1485. El céntrico monasterio se había quedado anticuado y se había convertido en un lugar enorme para la docena de monjas que todavía vivían en él.

Meses después del traslado, el Obispado de Mallorca inmatriculó la propiedad y les reclamó las llaves, ante las sospechas de que pudieran acabar vendiendo el lugar. Ellas se negaron a entregarlas y fue entonces cuando comenzaron las desavenencias, con una escalada del conflicto que les llevó a una trifulca en plena calle con enviados del Obispado cuando ellas intentaron sacar los cuadros y algunos objetos del monasterio para llevarlos a Inca.

Finalmente, las monjas decidieron acudir a los tribunales para tratar de anular la inmatriculación. La Audiencia Provincial dio entonces la razón al Obispado, en una sentencia dictada en 2017, al considerar que había actuado conforme a la ley impulsada en 1998 que permitió a la Iglesia registrar a su nombre miles de edificios, pisos y fincas en toda España con tan solo una certificación eclesiástica.

Gracias a esa norma, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, entre 1998 y 2015 la lista de bienes inmatriculados se elevó a 34.824 en toda España. De ellos, 137 en Baleares, la mayoría (106 edificios) son templos o dependencias complementarias, como el monasterio de las Jerónimas. Sin embargo, las religiosas recurrieron por la vía civil para adjudicarse la titularidad del convento y anular la actuación del Obispado.

Desamortizaciones del siglo XXI

Las monjas argumentan que la congregación ha poseído las tres fincas que conforman el monasterio “pacíficamente y sin interrupción” desde el 28 de agosto de 1485, lo que además fue reconocido por una certificación emitida por el Arzobispo-Obispo de Mallorca en julio de 1934, con una validación posterior del abogado del Estado. Las religiosas han presentado 143 documentos que prueban que Santa Isabel siempre ha sido suyo, desde certificados de dos obispos a facturas por obras realizadas, contratos de alquiler y notificaciones del catastro.

Buena parte de la documentación se encontraba en los archivos que las monjas guardaban con celo y por los que el Obispado trató de pugnar sin éxito. El obispo trató de tirar por tierra estos argumentos alegando que la comunidad de religiosas Jerónimas del Convento de Santa Isabel dejó de existir como personalidad jurídica en junio de 2014, cuando las religiosas se trasladaron a Inca, y apeló a las distintas desamortizaciones que prohibieron a las monjas de clausura la adquisición de bienes inmuebles.

La sentencia dictada esta semana por la jueza de primera instancia número 9 de Palma les da la razón a ellas, al ratificar que la congregación ha venido afirmándose “desde siempre” como propietaria de las fincas “afrontando su conservación, ampliación y reforma”. En el dictamen, la jueza subraya que se trata de una posesión “pacífica, pública e ininterrumpida” muy superior a los 30 años que son exigidos en el artículo 1959 del Código Civil.

“Nunca han dejado de poseerlas desde 1485 y siempre lo han hecho en concepto de dueñas, pese a las leyes desamortizadoras”, zanja la magistrada, que declara nula la inscripción del inmueble a nombre del Obispado, al que también condena a pagar las costas del proceso, como pedían las monjas, que acusaban a la Iglesia de “evidente temeridad y mala fe”. Junto con este caso, la polémica también estalló cuando trascendió que la Iglesia había inmatriculado una plaza pública, las Murallas de Sant Salvador en Artà o el colegio de Monti-sion de Pollença.

Aina Comas Delgado, portavoz de la plataforma Recuperando en Mallorca, fue una de las personas que luchó en los tribunales para que el Obispado mallorquín devolviese en 2021 la propiedad del conjunto histórico de las Murallas de Sant Salvador al Ayuntamiento de Artà, su verdadero propietario. Para ella, la sentencia favorable a las religiosas “demuestra que las reivindicaciones contra las inmatriculaciones no tienen una motivación anticlerical”, como define la Iglesia.

La asociación opina que el registro de este inmueble tiene un componente “especulativo” en el que la diócesis siempre saldría ganando. “No se han dedicado a inmatricular monasterios en ruinas, ni en zonas donde no va nadie, sino que han sido selectivos. En este caso, el convento de las Jerónimas está en la capital, donde el metro cuadrado de la vivienda tiene un gran valor”, explica la portavoz.

Futuro del monasterio

Sobre el pleito siempre ha planeado el destino que ambas partes pretenden dar al monasterio, un conjunto que cuenta con enormes jardines, patios y cocheras, que está protegido como Bien de Interés Cultural y que a día de hoy solo contempla usos asistenciales en el Plan General de Ordenación Urbana de Palma, aunque algunos creen que podría terminar vendido. “En este momento no hay ningún plan para vender. No hay ninguna negociación con nadie, no sabemos si por la otra parte la había”, ha deslizado la priora.

La congregación habla de rumores que apuntaban a una negociación del anterior obispo, Javier Salinas, con un grupo empresarial. “El señor Salinas parece ser que negociaba con hoteleros”, ha apuntado Enrique Trigueros, delegado de la Santa Sede para la asistencia religiosa.

Con todo, sor Ángeles Sanz ha recordado que cualquier propietario tiene derecho a hacer “lo que le parezca mejor” y ha insistido en que ahora la prioridad para la congregación es traer vida religiosa para habitar el monasterio, algo que puede resultar difícil por la falta de vocaciones. Hace unos años se puso sobre la mesa que el edificio se convirtiera en un centro asistencial gestionado por la fundación de personas con discapacidad Amadip Esment, en el que las religiosas pudieran seguir viviendo, pero quedó totalmente paralizado por el proceso judicial.

Mientras se decide sobre su futuro, un grupo de voluntarios de distintos ámbitos ayudan en el mantenimiento diario del recinto para evitar su deterioro, cuidando de los huertos y jardines que alberga en su interior. “Se han dicho muchas mentiras, las monjas no se plantearon venderlo para nada. Que lo quisiera hacer el Obispado es otra cosa. De todas formas, si consideras que ha llegado el momento, vender es legítimo, lo que no es legítimo es robar un monasterio”, sentencia la abogada.

El Obispado de Mallorca ya ha anunciado que presentará un recurso de apelación contra la sentencia y ha insistido en que su voluntad también es “retornar la vida religiosa al monasterio de Santa Isabel”. Desde la institución sostienen que llevan tiempo realizando gestiones para devolverle el uso para el cual fue construido y que sea “definitivamente habitado” por una comunidad monástica como, dicen, se ha hecho con otros inmuebles y antiguos conventos de la diócesis.

Sin embargo, las suspicacias por el futuro de un complejo de ese tamaño en el centro de la ciudad y con vistas al mar seguirán sobrevolando el asunto, más en una ciudad turística donde el metro cuadrado se paga a precio de oro. “Me queda la incógnita por la insistencia del Obispado de quedarse con el monasterio”, concluye la priora.