La presión de los ministros socialistas rebaja la ambición de las medidas sobre salud menstrual en la ley del aborto

La filtración del borrador de la nueva ley del aborto, que el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, ha vuelto a provocar fricción entre los miembros del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Representantes de los departamentos implicados, Igualdad, Trabajo, Hacienda, Sanidad, Inclusión y Seguridad Social, Educación y Justicia, se encuentran este jueves debatiendo y puliendo parte del articulado del borrador, y aseguran que seguirán así hasta el mismo martes por la mañana. Ni Sanidad, ni Trabajo, ni Igualdad han querido detallar nada hasta que el documento sea definitivo.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que desde el Ejecutivo están revisando la cuestión de las bajas laborales de tres días bajo supervisión médica, con posibilidad de ampliarse a cinco, para quienes tengan reglas incapacitantes, medida incluida en el borrador del Ministerio de Igualdad. Ha afirmado que el Gobierno cree y “está absolutamente comprometido con la igualdad de género”, pero de forma velada ha expresado sus dudas sobre esta medida. “[El Ejecutivo] nunca va a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres”, ha afirmado.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha replicado de forma contundente a su compañera de Gobierno: “Creo que estigmatiza no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral no es neutro”. También ha expresado sus dudas a la iniciativa el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha afirmado que la baja de las mujeres por la menstruación es una medida “en discusión” dentro del Gobierno de coalición. “Nuestra posición es que esta ley tiene que armonizar dos elementos: mejorar la protección de las mujeres y también impulsar su participación en mejores condiciones del mercado de trabajo”, ha subrayado.

El consenso podría alcanzarse más bien, según fuentes del Ejecutivo, en una baja que no sea automática, sino avalada por la opinión de un especialista que encuentre una causa secundaria de ese dolor. De lo contrario, defiende Escrivá, el coste de esa medida es muy alto y no favorece la inclusión de la mujer en el mercado de trabajo.

El Ministerio de Igualdad se ha pronunciado sobre la polémica a través de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien ha asegurado que si el Estado asume las bajas laborales de las mujeres con la menstruación dolorosa, los empresarios no podrán “alegar” que se trata de una “discriminación” para la mujer.

El borrador de la ley para la protección de los derechos sexuales y reproductivos y la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo prevé, entre otras medidas, que las jóvenes a partir de los 16 años puedan abortar sin permiso de sus padres y considera los vientres de alquiler como una forma de violencia contra la mujer.

Entre las novedades del borrador, también destaca la supresión del IVA de los productos sanitarios higiénicos, algo a lo que el Ministerio de Hacienda es reticente. El departamento, según fuentes gubernamentales, argumenta que una ley orgánica de extensión de derechos no es la vía para una rebaja fiscal; que la política fiscal está ahora enfocada a combatir los efectos de la guerra en Ucrania (como se rebajaron los impuestos de la luz) y que España ya tiene una recaudación por IVA entre las más bajas de la Unión Europea por un uso intensivo de tipos reducidos y superreducidos. Fuentes gubernamentales dan por hecho que esta medida no va a aprobarse.

El permiso remunerado antes del parto, desde la semana 36 y hasta el momento del nacimiento, también está lejos de agradar a todos en el Gobierno. Los ministerios ultiman un acuerdo, en la comisión de subsecretarios, para que dicho permiso prenatal sea desde la semana 39. Es decir, se limitaría a una semana y no a un mes.