El Estado reconoce “un fallo en cadena” de Interior y Justicia en el asesinato de dos niñas a manos de su padre

El Estado falló a Itziar Prats. Lo admite negro sobre blanco en una resolución que reconoce un “fallo en cadena” desde el principio hasta el final del caso de esta madre, cuyas hijas fueron asesinadas por el padre en 2018. Ella alertó de que corrían peligro, pero no la escucharon. Una resolución oficial señala ahora que hubo una intervención “insuficiente e inadecuada” de los ministerios de Interior y Justicia y reconoce sin ambages que en el procedimiento hubo “disfunciones e irregularidades” que dieron lugar a un “fallo global y transversal” en el caso de esta mujer: ninguna de las instituciones a las que acudió hizo caso a su insistente petición para que protegieran a sus hijas Nerea y Martina, que tenían seis y dos años cuando fueron asesinadas.

El caso comienza un día enero de 2018, cuando Prats entró a un centro de salud de Castellón con un cuadro de ansiedad por la actitud violenta del padre de las niñas. Ricardo Carrascosa, del que estaba en proceso de divorcio, había roto el carrito de la pequeña en un ataque de ira. El médico avisó al juzgado de un posible caso de violencia machista: no le hicieron caso. Ella inició entonces un peregrinaje que la llevó a denunciar ante la Policía Nacional que temía por la vida de las niñas, aunque en comisaría nadie le preguntó por ellas y descartaron que hubiera riesgo. Acudió al juzgado para que se suspendiera el régimen de visitas que permitía al padre quedarse con las pequeñas. La ignoraron jueces y fiscales. Tampoco le concedieron la orden de protección que reclamó. Y entonces llegó el final. El 25 de septiembre de 2018, de madrugada, sonó su teléfono. Un policía la avisó de que su exmarido yacía muerto, tirado en el suelo. Se había suicidado arrojándose desde una ventana de la vivienda, donde había asesinado previamente a las dos niñas.

“Quiero que el Estado admita que falló”, pedía Itizar Prats el pasado junio, sentada en una terraza de Madrid con su abogado, Gabriel Rubio. Así ha ocurrido gracias al empeño de ambos, que denunciaron el “funcionamiento anormal” de una Administración pública que no la creyó. E iniciaron el camino administrativo previo al paso a los tribunales: ha sido en esta vía en la que les han dado la razón, por eso la resolución la ha elaborado el Ministerio de Presidencia. En todo el proceso han contado desde el principio con el respaldo del Defensor del Pueblo. Tres años después del asesinato de las niñas, el Estado admite que erró estrepitosamente en su protección. Y establece que los ministerios de Justicia e Interior paguen un millón de euros de indemnización ―800.000 a Prats y 100.000 al abuelo y la abuela maternos de las niñas― por no protegerlas.

La resolución de Presidencia, a la que ha tenido acceso este periódico y que se apoya en un contundente informe previo del Consejo de Estado, no solo admite ese fallo sistémico que acabó con el asesinato de las niñas. A lo largo de 22 folios alerta de que el peregrinaje que tuvo que hacer Prats le hizo perder la confianza en el sistema y desistir. Para el Estado, este desistimiento revela “un hecho de extraordinaria gravedad” que no debe emplearse para cuestionarla a ella sino para abrir una reflexión sobre las “gravísimas consecuencias que se derivan para las mujeres e hijos sometidos a violencia de género cuando la Administración de Justicia (el último resorte que les queda para buscar protección) desarrolla un funcionamiento que no está a la altura de los esenciales intereses que se le confían”.

El Consejo General del Poder Judicial, cuando revisó la queja de Prats, consideró que el hecho de que ella renunciara a recurrir suponía un obstáculo para el procedimiento. El Estado replica que no es así: una vez que la situación está en conocimiento de las autoridades, “estas no pueden escudarse en la actitud de la víctima para justificar la no adopción de medidas adecuadas para prevenir que se lleven a cabo las amenazas”, como recoge la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Tanto Justicia como Interior admiten su responsabilidad en los asesinatos de las niñas, que no fueron escuchadas en todo el procedimiento. Sus nombres solo aparecieron en el expediente después de que el padre las matara.

Cuando Itziar Prats fue a comisaría a denunciar que sus niñas corrían peligro, el protocolo policial para valorar el riesgo de las víctimas de violencia de género ―el llamado VioGén― no incluía preguntas sobre el peligro específico de los menores. Salió de la comisaría con un diagnóstico que condicionaría el resto del proceso: “riesgo bajo”. De hecho, el sistema VioGén se modificó seis meses después del asesinato de Nerea y Martina para incluir precisamente preguntas sobre los menores. “Parece incuestionable”, admite Interior en la resolución, que el protocolo “era insuficiente”. Tal como reclamó el abogado de Itziar, el ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska admite también que el protocolo no cumplía con el Convenio de Estambul (el acuerdo del Consejo de Europa para prevenir la violencia contra las mujeres, ratificado por España en 2014). Ese gran pacto europeo pide a los Estados medidas específicas para proteger a niñas y niños. Aquel diagnóstico policial fue tomado en cuenta después por los distintos actores judiciales para denegar las medidas de protección a las niñas, pese a que se obtuvo sin hacer una sola pregunta ni sobre ellas ni a ellas.

Es lo que reconoce Justicia ―la resolución incluye parte de los pareceres de los dos ministerios implicados― cuando señala que el fallo es “global y transversal”. El Juzgado de Primera Instancia 7 de Castellón llevaba el divorcio y la custodia y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Castellón el riesgo de agresión a Prats y a sus hijas. Ninguno de los jueces y fiscales que intervinieron en las dos vertientes judiciales del caso se dieron cuenta de que esa valoración policial no estaba bien hecha. Tras los asesinatos, fuentes del juzgado de Violencia sobre la Mujer denunciaron que no había disponible un psicólogo que escuchara a las niñas, como constató también un informe del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana —el defensor del pueblo autonómico—: En 2018 el gabinete psicosocial de la Ciudad de la Justicia de Castellón tenía vacante la plaza de psicólogo jefe por baja y no se cubrió “por no estar autorizada por Hacienda”.

“Ninguno de los juzgados concernidos puso en marcha ningún servicio, ni acción, medida o actividad específica y concreta” para velar por el interés superior de las menores “cuya salvaguarda, en aquellos momentos, pendía, en exclusiva, de esos órganos jurisdiccionales y del conjunto de personas y servicios que lo integraban”, reprocha la resolución. Con esa falta de elementos, los juzgados “no fueron capaces de detectar que el temor que se les trasladó no era un mero pálpito o sentimiento irracional, ni una argucia instrumental en relación con el procedimiento de divorcio”, prosigue la resolución, “sino un miedo real, fundado y basado en indicios y señales que lo precedían”.

En definitiva, los intereses de esas niñas “no fueron en absoluto prioritarios”, admite Justicia, ministerio que encabeza Pilar Llop. Tampoco ayudó la actuación “fluctuante” del Ministerio Fiscal, responsable de defender el interés superior de los menores ante los tribunales. Intervinieron varios fiscales con criterios distintos, que les llevaron a pedir una cosa y la contraria, a denegar y solicitar la orden de protección y la suspensión del régimen de visitas que había reclamado Itziar Prats.

El Estado establece que cada ministerio asuma la mitad de la indemnización porque la intervención de todas las instituciones fue “insuficiente e inadecuada”. No se prevé exigir responsabilidades específicas a los distintos intervinientes en el proceso, tal como recomienda también el Consejo de Estado, que señala que la imputación del daño “no se puede concretar en una actuación específica ni en un órgano determinado”. A Itziar Prats y a sus hijas Nerea y Martina les falló todo el sistema.