Un Tribunal Supremo de mayoría conservadora se inclina por socavar el derecho al aborto en EE UU

Una vez más, las dos Américas cara a cara, más feroces que nunca, elevando la voz y caldeando los ánimos. Este miércoles nueve jueces, la mayoría hombres, han escuchado argumentos por los que finalmente podría derogarse la ley que en Estados Unidos garantiza el derecho al aborto, lo que permitiría a cada estado de la Unión prohibir esa garantía de forma discrecional. Frente al Tribunal Supremo en Washington, la opinión pública también se ha dejado oír en forma de manifestantes desde primera hora. “El aborto es asesinato”, clamaban los autodenominados defensores de la vida. “Mi cuerpo; mi elección”, exclamaban, del otro lado, los defensores de la interrupción voluntaria del embarazo.

Tras dos horas de audiencia, todo apunta a que una corte profundamente conservadora, nacida al amparo de Donald Trump, se inclinará a recortar significativamente, por primera vez en casi 50 años, el derecho a abortar conquistado para las mujeres. Se acababa de dar el pistoletazo de salida a la que podría ser la batalla final contra el aborto en Estados Unidos.

“Es involución”, afirma categórica Skylar Deuce, quien ha viajado junto con su madre desde Nueva York para dejarse oír. “Creía que los tiempos de luchar por lo obvio habían acabado con mi generación”, alega la madre, Eleanor Zimms, de 65 años, en referencia a la conquista del derecho al aborto en 1973, cuando fue declarado legal bajo el manto de la enmienda 14 de la Constitución por el Tribunal Supremo con la sentencia conocida como Roe contra Wade. Desde entonces, una veintena de magistrados han pasado por la máxima autoridad judicial norteamericana y el derecho al aborto se ha mantenido.

Hasta que en los últimos años, una corriente ultraconservadora subida a la ola populista que surfeó Trump fue socavando, Estado tras Estado, el derecho a abortar. Solo en 2021 se han promulgado cerca de 100 leyes que limitan hasta lo imposible el acceso al aborto. La ley que desde hoy revisa el Supremo data de 2018, cuando el entonces gobernador republicano de Misisipi Phil Bryant restringió ese derecho al establecer como tope las 15 semanas de gestación, lo que automáticamente entró en conflicto con el derecho constitucional que desde 1973 garantiza poder interrumpir el embarazo hasta el momento en el que exista viabilidad para el feto, es decir, “sea potencialmente capaz de vivir fuera del útero materno, sin ayuda artificial” (lo que sucede sobre la semana 24).

En el sureño Estado de Misisipi, con cerca de tres millones de habitantes, tan solo existe ya una clínica en la que las mujeres que lo deseen puedan poner fin a su gestación. Contra ese dispensario es contra el que se ha querellado el Estado, en poder de los republicanos, después de que dos tribunales inferiores dictaminaran la derogación de la ley que, según declaró el gobernador Bryant de forma solemne durante su promulgación en 2018, traía “la salvación para los niños no nacidos”. La ley de las 15 semanas ha llegado finalmente al Supremo, para regocijo de los contrarios al aborto y el temor de los que abogan por el derecho a decidir de las mujeres.

Las dos visiones de Estados Unidos escenificadas ante las escalinatas del Supremo se vivían en paralelo dentro de la corte. Allí, la jueza Sonia Sotomayor no se andaba con lindezas al sugerir que los arquitectos de la ley de Misisipi —o la de Texas, que pone el límite para abortar en las seis semanas de gestación— estaban convencidos de que podrían triunfar debido a que “ha cambiado la composición de la corte”. Su pregunta iba directa a la cuestión del balance de poder que ejerce desde hace ya años el Supremo, cuyos cargos son vitalicios. “¿Podrá sobrevivir esta institución a la pestilencia que esto crea en la percepción pública, que la Constitución y su lectura son tan solo actos políticos?”, se cuestionaba la jueza de origen puertorriqueño, nombrada para el cargo por Barack Obama. Su respuesta era pesimista: “No veo cómo eso es posible”. Stephen Breyer, nombrado para la corte en 1994 por Bill Clinton, y quien se alinea con el ala progresista del tribunal, se sumó a la argumentación de Sotomayor al destacar la necesidad de que el Supremo actúe en este caso “basándose en principios relativos a la ley y no en la presión social o política”.

John Roberts, presidente del Supremo, parecía buscar su idílico término medio en el que se pudiera permitir que los Estados prohibieran el aborto antes de la viabilidad del feto, y salvaguardar alguna parte del de la sentencia de 1973. En su opinión, las 15 semanas que establece la ley de Mississippi no es “una desviación dramática” de la viabilidad. Sorprendió la neutralidad en la que parecía sentirse cómodo el polémico juez Brett Kavanaugh al señalar que, incluso si se dejara en manos de los Estados el derecho a legislar, siempre quedarían Estados en los que el aborto sería accesible para las mujeres. Para el juez nombrado por Trump, los partidarios del derecho al aborto tienen un “argumento contundente”, tanto que consideraba que quizá el asunto no debería de estar dirimiéndose en tan alta corte.

Existía gran expectación ante la argumentación de la jueza Amy Barrett, nombrada in extremis al final de la presidencia de Trump y devota católica. No defraudó. La magistrada indicó que podría inclinarse a no proteger el derecho constitucional de una mujer a abortar ya que siempre existe la opción de dar al niño en adopción.

Seis hombres y tres mujeres tienen en sus manos el futuro del aborto en Estados Unidos. Seis magistrados conservadores (cinco hombres más una mujer) frente a tres progresistas (dos mujeres y un hombre). Durante semanas evaluarán los hechos y los medirán bajo la lupa de la Constitución y sus precedentes. Su dictamen tiene que llegar antes de que acabe el curso judicial en 2022, a finales de junio de este próximo año o principios de julio, cuando la nación esté entrando de cabeza en las elecciones legislativas de mitad de mandato, donde los demócratas se juegan la Cámara y el Senado.

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