La ministra que trabaja para acercar el feminismo al Gobierno de Pedro Castillo

La ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables de Perú, Anahí Durand Guevara, da esta entrevista cuando el Gobierno del presidente Pedro Castillo cumple 110 días de un mandato convulso, en el que ha tenido que cambiar a la mitad de su Gabinete. Ella es una de las que se mantiene del equipo inicial. Su ministerio prepara cambios en el programa de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, mientras las cifras de agresiones siguen en aumento. La socióloga y feminista asegura que al asumir el cargo encontró un Estado “muy replegado por la pandemia” y lamenta que aún falte personal en la labor de prevención, para no llegar tarde, cuando los hechos ya han ocurrido.

Durand es militante de Nuevo Perú, la agrupación política de izquierda progresista que lidera la excandidata presidencial Verónika Mendoza. La formación respaldó la campaña de Castillo en la segunda vuelta electoral frente a Keiko Fujimori. La distancia entre el partido de Mendoza y Perú Libre, del actual presidente, es enorme sobre todo en materia de feminismo o derechos LGTBI, con los que Castillo, como candidato, nunca se identificó. La política asegura que se siente apoyada por el Gabinete y constata avances: “Estamos trabajando con todo el respaldo político (del presidente y la primera ministra), con las mujeres de los sectores populares y vulnerables, no creo que haya una contradicción. El respaldo político ha estado y se ha incrementado la presencia de ministras, pero ojalá también se incremente más el número de congresistas y alcaldesas. Tiene que haber más espacio para las mujeres y estamos trabajando para ello”.

La socióloga, con un largo recorrido como feminista e investigadora académica, reconoce que sus colegas en el Ejecutivo han cometido errores por su poco conocimiento sobre igualdad de género. El primer Gabinete designado en julio tenía dos ministras mujeres de un total de 19, en el segundo esa cifra aumentó a cinco, entre ellas la primera ministra. Ella está dispuesta a hacer pedagogía incluso dentro del propio Gobierno. Durand había anunciado que los ministros asistirían el 2 de octubre a una capacitación obligatoria sobre derecho a la igualdad y prevención de las violencias, pero fue postergada debido a los continuos cambios en el Gabinete. “Será en un par de semanas, con motivo del día de erradicación de la violencia”, indica. Además de los altos cargos, la intención es extender el curso a todos empleados estatales.

La ministra asegura que las dificultades del Gobierno para avanzar en sus políticas desde que llegó al poder responden al “abuso del Congreso en su facultad de interpelar a los ministros”. “Sentimos un asedio en el Gabinete desde el día uno porque hay un grupo que no asume su derrota electoral”, dice. “Más que inestabilidad política ha sido el esfuerzo de ir afianzando un equipo acorde a las demandas del país. A diferencia de otros gobiernos, tenemos un Congreso que hace una labor activa para que esos diez ministros hayan cambiado”, interpreta.

Durand acaba de regresar de tres días de trabajo en Puno, la región altiplánica donde Castillo recibió más del 90% de votos de comunidades indígenas aymara. Mientras, en Lima se gesta una nueva crisis, la enésima dentro del Gabinete, por la supuesta interferencia en los ascensos militares por parte del ministro de Defensa, que fue destituido por Castillo. “En la élite limeña hay un esfuerzo por montar una narrativa de que esto ya va rumbo al fracaso ineluctablemente. En Puno sigue habiendo un respaldo fuerte y se entiende que estamos recibiendo un país devastado, en crisis, y que en 100 días no vas a poder hacer las reformas prometidas. Entonces hay que ponderar ese discurso de los grandes medios —de que ya vamos rumbo a un golpe o una vacancia— porque otros sectores comprenden los esfuerzos que se están haciendo”, añade.

Diálogo por la infancia

La ministra espera tender puentes de concertación con el Congreso a raíz de un proyecto de ley que su despacho ha presentado a favor de los menores en situación de pobreza y vulnerabilidad. Perú es el país del mundo con la mayor cantidad de huérfanos a raíz de la pandemia. La revista The Lancet calcula que 98.000 niños perdieron a sus cuidadores, es decir, uno de cada 100. El Gobierno anterior identificó casi 11.000 familias que podían mostrar el certificado de que los padres o abuelos murieron por covid-19, y les asignó desde abril una pensión mensual de 50 dólares.

“Estamos pidiendo que se prescinda del certificado covid y que sea una pensión para orfandad vulnerable. Este tipo de acciones podemos trabajarlas en conjunto con el Congreso, pero es una presión para el gabinete saber que no tenemos una interlocución consensuada con el Parlamento. Queremos construir pero si hay una cerrazón desde el comienzo es difícil avanzar”, lamenta.

Durand anota que la ley beneficiaría a más de 83.000 niños en pobreza o vulnerabilidad, no solo con la asistencia económica, sino con un acompañamiento educativo y psicológico. “Mucha gente de sectores populares murió en su casa durante la primera y segunda ola y no tiene un certificado del sistema de defunciones”, añade.

Contra la violencia de género

La ministra explica que ha encontrado un Estado “bastante replegado en su rol rector protector, promotor, impulsor y garante de derechos” y por ello está en evaluación el programa de prevención y erradicación de la violencia de género —llamado Aurora— que cumple 20 años. “Tenemos una normativa interesante, hemos desarrollado políticas muy importantes y las estadísticas de violencia no bajan: vamos a establecer los pasos que se tengan que dar. Estamos viendo cómo reformulamos la parte preventiva y cómo involucramos a la población”, detalla.

En 100 días de esta administración, el Ministerio atendió a más de 37.700 ciudadanas en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y orientó por teléfono a más de 55.000 personas afectadas por casos de violencia sexual o que reportaron maltrato en su entorno. Durand adelanta que los cambios serán de recursos y personal, porque es necesaria la presencia en el territorio.

La funcionaria destaca que también el Estado se replegó “totalmente” de su rol respecto de los niños como población vulnerable. “Empezó a tercerizar aspectos tan importantes como los albergues. Hay más albergues privados que públicos y el ministerio no tiene un rol sancionador. Si un albergue funciona mal no podemos cerrarlo. Habría que cambiar la ley para que el Ministerio pueda hacerlo”, sostiene. Existen denuncias recientes de vecinos de casas de acogida que escuchan a niños pidiendo auxilio o de familiares a los que se les impide visitar a los menores internados en estos establecimientos.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región