El Gobierno impulsa una ventanilla única para las víctimas de violencia machista

El plan de medidas urgentes, elaborado tras un repunte de asesinatos en mayo, persigue llegar a las mujeres aunque no denuncien y proteger a los menores

Manifestación en Barcelona contra los asesinatos machistas, el pasado 11 de junio.
Manifestación en Barcelona contra los asesinatos machistas, el pasado 11 de junio.Alejandro García (EFE)

Ocurrió en mayo. En solo 30 días hubo más asesinatos machistas que en los primeros cuatro meses de 2021, seis de ellos en solo una semana. Mujeres de todos los perfiles y condición: una alta directiva de hotel, una dependienta, la trabajadora de una residencia, un ama de casa embarazada… Y saltaron las alarmas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, prometió un diagnóstico de urgencia para detectar cuáles son las lagunas que impiden frenar la lista de asesinadas en un país con una de las leyes contra la violencia de género más avanzadas del mundo, aprobada hace ya 17 años, y un Pacto de Estado que cumple cinco años con muchas medidas aún pendientes de ejecutar.

Dos meses después de declarar la “alarma machista”, en palabras de Montero, Igualdad ha cerrado un catálogo de medidas urgentes contra la violencia de género, que será aprobado previsiblemente el próximo martes en el Consejo de Ministros. El diagnóstico incluye la creación de una ventanilla única para que las víctimas puedan hacer todos los trámites, favorecer la detección de casos a través de los centros de salud, más formación en todo tipo de juzgados y la promoción de programas de rehabilitación de agresores, campañas para concienciar a los allegados para que denuncien o planes para proteger más y mejor a los menores. 28 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2021. Son 1.106 mujeres menos desde que empezó la contabilidad oficial en 2003 y 40 niños asesinados desde 2013.

Igualdad se ha reunido en estos meses con comunidades autónomas y con entidades que trabajan a pie de calle con las víctimas. El ministerio asegura que ha incorporado la información y propuestas que les han trasladado en esas reuniones. El acuerdo lo suscriben otros cuatro ministerios: Interior, Justicia, Sanidad y Derechos Sociales, según el borrador del texto al que ha tenido acceso EL PAÍS y que puede sufrir cambios.

El Gobierno necesitará la colaboración de las comunidades para poner en marcha las medidas, que espera ampliar a partir de septiembre continuando con el plan previsto de mejora y modernización de las herramientas y protocolos actuales para la lucha contra la violencia machista. Estas primeras medidas no cuentan con un presupuesto específico. Los compromisos están condicionados a “las disponibilidades presupuestarias existentes”, según el documento del acuerdo. Tampoco se han comprometido plazos concretos para ejecutarlas, más allá del carácter “urgente” que señala el texto.

La filosofía de la propuesta es romper con el silencio, llegar a las mujeres aunque no denuncien e implicar al resto de la sociedad en su protección. La última macroencuesta de violencia contra la mujer, elaborada por el Gobierno en 2019, señala que solo el 27,7% de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia o ha sentido miedo ha denunciado. Los datos oficiales de los asesinatos son aún más elocuentes: el 80% de las asesinadas nunca denunció a su maltratador. Viven la violencia en silencio por vergüenza, por miedo a no ser creídas o por falta de conciencia del riesgo que corren. “No son factores personales si no en su mayor parte, culturales y sociales, lo que nos conmina a trabajar sobre ellos”, señala el documento de nuevas medidas del Gobierno. También persigue mejorar la coordinación entre administraciones y una actualización en base al Convenio de Estambul, el acuerdo que España ratificó en 2014 y que amplía la consideración de violencia machista más allá de la que se vive en el seno de la pareja. Estas son las principales medidas previstas:


Una médica forense, en la consulta de la Unidad de Valoración Forense integral de Violencia de Género de Paterna, a finales de junio.
Una médica forense, en la consulta de la Unidad de Valoración Forense integral de Violencia de Género de Paterna, a finales de junio. Mònica Torres

Ventanilla única

Además de la vergüenza o el miedo a no ser creídas, hay mujeres que no dan un paso adelante para salir de la violencia por su situación económica. Entre las medidas del nuevo plan está fortalecer “el acceso cercano” a ayudas sociales o una vivienda. En 2020, se concedieron 948 ayudas sociales por renta baja o dificultades para conseguir un empleo en toda España, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Significa que solo una de cada 159 mujeres que denunciaron recibió una ayuda. Para favorecer el acceso a las ayudas y los apoyos a las mujeres y evitar farragosos trámites y bailes entre administraciones para conseguirlas, acceder a una casa o a derechos laborales, el Gobierno prevé la implantación de una ventanilla única de violencia de género en los servicios sociales. Será en colaboración con las comunidades y los ayuntamientos. Esa oficina atenderá también a familiares de las mujeres que son asesinadas. Al dolor de la pérdida se les suman, en la situación actual, un sin fin de papeleos sobre pensiones, prestaciones de orfandad, apoyo psicológico o becas. No siempre saben dónde acudir. En este espacio se prevé solucionar también todas esas dudas.

Cribado sanitario

La mayoría de las mujeres no denuncian pero todas acuden en algún momento a un centro de salud. El documento prevé un instrumento “validado estandarizado” para facilitar la detección de la violencia machista en la Atención Primaria. Se llama cribado sanitario y es un sistema que la Comunidad Valenciana puso en marcha hace más de un lustro. A toda mujer que entra en la consulta se le pregunta si ha sido o es víctima de malos tratos y se hace un seguimiento específico sobre este asunto. El Ministerio de Sanidad explicó recientemente a este periódico que el modelo solo se ha probado en otras dos autonomías: en La Rioja entre mayo de 2018 y junio de 2019 y en Extremadura, aunque exclusivamente en un área sanitaria (Plasencia). La propuesta es su implantación “progresiva” en todo el país. No es una medida nueva, ya estaba recogida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que aprobó el Congreso en 2017. El nuevo plan incluye una formación “específica” en detección precoz para trabajadores de atención primaria y hospitalaria, además de en servicios sociales, en el ámbito educativo, la Inspección de Trabajo y en los servicios consulares en el extranjero.


Manifestación en contra de la violencia machista en la Puerta del Sol, el pasado 11 de junio.
Manifestación en contra de la violencia machista en la Puerta del Sol, el pasado 11 de junio. DAVID EXPOSITO

Campañas para que los allegados denuncien

Las denuncias del entorno siguen siendo muy bajas: apenas suponen el 2% de todas las que llegan a los tribunales. Entre las llamadas que se hacen al 016, apenas el 6% proceden de allegados. El diagnóstico de urgencia del Gobierno prevé la mejora de la prevención y la concienciación con campañas para que el entorno íntimo, los testigos e incluso los comercios actúen ante la violencia.

Contar con otros testimonios

Prevé que las medidas de vigilancia se activen también cuando quienes acudan a las comisarías sean los allegados. El objetivo, según informó en junio el Ministerio de Interior al presentar las primeras ideas sobre este plan, también llamado Formulario Cero, es “aprovechar los testimonios de los familiares o integrantes del entorno social de una mujer víctima de maltrato para generar mecanismos policiales de protección y ayuda, aunque esta decida no denunciar a su agresor”.

Un protocolo policial más abierto

El protocolo policial que siguen las mujeres que acuden a las comisarías, el llamado sistema VioGén, se centra en su respuesta a un cuestionario prefijado a las víctimas. La intención del Ejecutivo es completar la información que da ese cuestionario permitiendo que los servicios sociales y los de atención especializada autonómicos y municipales puedan facilitar información “cercana y actual” sobre las mujeres y su entorno para mejorar la valoración del riesgo que hace ese sistema. Junto con esta media se prevé una acción formativa “masiva y multidisciplinar” a todos los agentes policiales que puedan entrar en contacto con las víctimas, especialmente a los de las unidades de seguridad ciudadana. Estará impulsada por Interior e Igualdad y será un curso “reglado, certificado y obligatorio”.

Agentes de la Guardia Civil en la finca en Valencia del detenido ayer en relación con la desaparición de una joven, el 17 de junio.
Agentes de la Guardia Civil en la finca en Valencia del detenido ayer en relación con la desaparición de una joven, el 17 de junio. Jorge Gil (Europa Press)

Más formación en los juzgados y programas de rehabilitación

Se prevé la formación del personal de Justicia en todas las jurisdicciones, no solo en la penal, y especialmente en los juzgados de familia. El compromiso es también automatizar los sistemas de comunicación de las órdenes de protección y otras resoluciones judiciales. Se promocionarán programas de formación y rehabilitación de agresores.

Mejorar la protección de los hijos e hijas

La violencia de género ha dejado 317 huérfanos en los últimos ocho años y 40 menores asesinados (en la estadística oficial no consta Anna, una de las dos menores asesinadas por su padre en Tenerife, cuyo cadáver no fue encontrado en el mar). La ley de protección integral a la infancia, aprobada el pasado junio, prevé medidas específicas para los menores víctimas de la violencia machista. Uno de los últimos cambios aprobados para su protección, que se aplicará a partir de septiembre, supone que no se podrá establecer un régimen de visitas cuando el padre “esté incurso en un proceso penal” por violencia machista. El catálogo que el Consejo de Ministros aprueba este martes prevé elaborar un plan de actuación sobre los derechos de estos menores como víctimas directas de la violencia dirigido a los ámbitos judicial, de familia, servicios sociales y especializados.


Sobre la firma

Pilar Álvarez

Es jefa de Última Hora de EL PAÍS. Ha sido la primera corresponsal de género del periódico. Está especializada en temas sociales y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en este diario. Antes trabajó en Efe, Cadena Ser, Onda Cero y el diario La Opinión. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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