El Vaticano pide a Italia que cambie su proyecto de ley contra la homofobia y transfobia
La Secretaría de Estado considera que algunos pasajes de la norma violan el Concordato que regula las relaciones entre Iglesia y Estado desde 1984
El Vaticano ha pedido formalmente al Gobierno italiano que modifique el proyecto de ley contra la homofobia y transfobia que se está examinando estos días en el Senado, después de que se aprobara en la Cámara de los Diputados. La Secretaría de Estado vaticana, el órgano de gobierno y relaciones exteriores de la Iglesia, considera que algunos pasajes de la norma violan el denominado Concordato, el acuerdo que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado que se firmó durante el Gobierno socialista de Bettino Craxi en 1984.
Según ha revelado este martes el diario Il Corriere della Sera, el secretario de Relaciones con los Estados del Vaticano, Paul Richard Gallagher, presentó una comunicación formal el pasado jueves en la Embajada italiana ante la Santa Sede en la que señala que “algunos contenidos actuales de la propuesta legislativa que se está examinando en el Senado reducen la libertad garantizada a la Iglesia católica por el artículo 2, párrafos 1 y 3 del acuerdo de revisión del Concordato”.
En concreto, el Vaticano ha protestado contra la disposición que prevé que las escuelas católicas privadas no estarían exentas de organizar actividades durante la futura Jornada Nacional contra la Homofobia. La Santa Sede considera, además, que el proyecto de ley italiano ataca la libertad de pensamiento de los católicos y ha manifestado su temor por las posibles consecuencias judiciales. “Pedimos que se tengan en cuenta nuestras preocupaciones”, ha escrito el Vaticano, según apunta Il Corriere.
El responsable de las relaciones exteriores del Vaticano alega que si Italia lleva adelante sus intenciones sobre la nueva ley contra la homofobia estaría incumpliendo el nuevo Concordato, que a su vez es una revisión del rubricado con Benito Mussolini en 1929, que marcó la reconciliación entre el Estado Italiano y la Santa Sede. Aunque por el momento el Vaticano no se ha pronunciado al respecto, el diario italiano señala que Gallagher, en su nota formal, defiende que el acuerdo vigente garantiza a la Iglesia “libertad de organización, de público ejercicio de culto, de ejercicio de magisterio y del ministerio episcopal”.
El primer punto del Concordato al que se refiere la Secretaría de Estado afirma en concreto que “la república italiana reconoce la plena libertad de la Iglesia católica para llevar a cabo su misión pastoral, educativa y caritativa de evangelización y santificación”. Gallagher también aduce que el documento bilateral certifica a los católicos y sus asociaciones y organizaciones “la plena libertad de reunión y manifestación del pensamiento con la palabra, los escritos y cualquier otro medio de difusión”.
El primer ministro, Mario Draghi, ha anunciado que mañana miércoles hablará sobre esta cuestión en sede parlamentaria.
Un choque sin precedentes
Se trata de un choque sin precedentes en la historia de las estrechas relaciones entre Italia y el Vaticano, puesto que este último, hasta el momento, nunca había intervenido directamente en el proceso de tramitación de las leyes italianas. En otras ocasiones la iglesia ya había entrado en el debate político italiano, como durante las tramitaciones de las leyes del divorcio y del aborto en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado o recientemente contra la ley de uniones civiles, la fecundación asistida o la investigación científica con células madre, pero no se había llegado a poner en marcha la maquinaria diplomática ni se había creado un clima similar de conflicto diplomático.
Este movimiento de la Secretaría de Estado del Vaticano, un órgano de gobierno de la Iglesia, es significativo y se ha interpretado como una exhibición de fuerza, ya que cabría esperar una respuesta así más bien de los organismos de la Iglesia local italiana, a través de la Conferencia Episcopal del país. De forma paralela, la Conferencia Episcopal ya ha expresado su rechazo al proyecto de ley italiano contra la homofobia, a través de declaraciones públicas. La última se produjo en abril y en ella los obispos italianos señalaban que “una ley que pretende combatir la discriminación no puede ni debe perseguir el objetivo con intolerancia, cuestionando la realidad de la diferencia entre hombres y mujeres”. A partir de ahora, el asunto se gestionará directamente entre el Vaticano y el Ejecutivo italiano.
Aunque en el pasado el Estado papal ha mantenido algunas fricciones con los Gobiernos italianos, como por las férreas políticas antiinmigración de Matteo Salvini durante su etapa como ministro de Interior, las relaciones bilaterales de las últimas décadas han sido estrechas. Ahora son particularmente cercanas, con el primer ministro, Draghi, católico declarado, y que se ha formado en instituciones de los jesuitas y que también es miembro, nombrado por el Papa, de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, un organismo vaticano que promueve el estudio y el progreso de las ciencias sociales, económicas, políticas y jurídicas a la luz de la doctrina social de la Iglesia. También el predecesor de Draghi, Giuseppe Conte, mantuvo excelentes relaciones con el Pontífice.
El proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia impulsado por el diputado del Partido Demócrata (PD) Alessandro Zan se aprobó en la Cámara de los Diputados con 265 votos a favor y 193 en contra el pasado 4 de noviembre. Desde entonces espera la luz verde del Senado por la feroz oposición de la derecha y la ultraderecha. Con la intervención de la Iglesia se ha recrudecido el debate. El líder de la Liga (extrema derecha), Matteo Salvini, ha agradecido al Vaticano “su sentido común”. Otros exponentes de la política, como el propio Alessandro Zan o la senadora Alessandra Maiorino del M5S (Movimiento 5 Estrellas, izquierda) y la expresidenta de la Cámara Laura Boldrini (PD) han repetido que el proyecto de ley no prohíbe la expresión de opiniones, sino que sólo castiga la incitación al odio. El PD, principal formación progresista italiana, ha abierto la puerta al diálogo. “Siempre hemos estado a favor de unas normas muy estrictas contra la homotransfobia, y seguimos estando a favor de estas normas y del proyecto de ley Zan, pero [también] siempre hemos estado abiertos a la discusión en el Parlamento y vamos a estarlo ante los problemas legales”, aseguró el martes el secretario de la formación, Enrico Letta, tras revelarse la petición del Vaticano.
