La falta de datos de hijos asesinados por sus padres o madres lastra la protección de los menores

Olivia tenía seis años. Anna, solo uno. Yaiza, apenas cuatro. A las dos primeras las mató su padre en Tenerife y las arrojó al mar. A Yaiza la asfixió su madre con una bolsa en Sant Joan Despí, en Barcelona. Son las tres últimas menores asesinadas por sus progenitores en 2021, unos crímenes que España no analiza ni contabiliza en profundidad. Entre 2011 y marzo de este año, 78 menores han sido asesinados a manos de sus progenitores o las parejas de estos. Este dato, facilitado por el Ministerio del Interior, no permite saber si lo hizo la madre o el padre ni ahonda en los motivos del crimen. Existe algo más de luz en los casos en los que el asesino es el padre, porque los menores que viven en hogares donde se produce violencia machista se consideran víctimas directas de esta desde 2015 y sus asesinatos se contabilizan oficialmente desde 2013 por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género: son 41 con Anna y Olivia. Pero resulta imposible saber a cuántos mataron sus madres, no hay ni una sola cifra oficial. La nueva ley de protección a la infancia prevé poner fin a este apagón informativo, algo que los especialistas reclaman para poder tener una foto real de la situación y diseñar políticas destinadas a protegerlos mejor dentro de su familia.

Lo pidió Beatriz Zimmermann, la madre de Anna y Olivia, después de que el barco de rastreo encontrara en el fondo del mar el cadáver de la mayor: “Espero que las leyes se pongan más duras protegiendo a los niños. Ellos no tienen por qué cargar con esa mochila, y si el amor se acaba, lo más importante es el bienestar de los hijos”, dijo en una carta abierta. La expectación que creó el caso, en el que pasó más de un mes desde que las niñas desaparecieron hasta que se supo que habían sido asesinadas, aumentó su exposición mediática. Otros asesinatos, cometidos tanto por padres como por madres, no reciben la misma atención. En el caso de la niña Yaiza, su padre ha lamentado en una carta a los medios de comunicación que las instituciones no hayan “condenado unánimemente el crimen”. Hasta este jueves no se ha convocado un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Sant Joan Despí, casi tres semanas después del asesinato. “Que ninguna otra niña sufra a manos de su padre o de su madre. Y que ninguna otra víctima caiga en el olvido”, ha escrito. “Me gustaría que se recordara que la víctima es ella. Se llamaba Yaiza y tenía cuatro años”.

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Los asesinatos de los hijos o filicidios, como se conocen en la literatura científica, forman parte de la brutal punta del iceberg que supone la violencia contra los menores, de todo tipo de delitos, desde el abuso sexual al maltrato físico o el acoso. “Ahora mismo solo conocemos los datos de denuncias, que en 2019 fueron más de 40.000, por delitos que tenían como víctima a un niño o niña”, explica Cristina Sanjuán, técnica de políticas de infancia en Save the Children. “Pero estimamos que apenas se denuncia el 20% de los casos”, alerta.

La ley de protección a la infancia y la adolescencia, aprobada en mayo, prevé la creación de un registro unificado, que permitirá por un lado realizar un seguimiento de los casos y, por otro, hacer una recopilación estadística. Ahí se deberá especificar la edad, el sexo y la relación del agresor con la víctima. No se trata de un listado de agresores. El foco debe ponerse en la atención a la víctima. “Los datos son muy necesarios para poder realizar políticas adecuadas, cuantos más y de mayor calidad, mejor”, prosigue Sanjuán.

Precisamente la ausencia de esos datos impide tener el dibujo completo. Pero hay una parte de esa realidad que se conoce mejor que otra. En España han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres 41 menores desde 2013. Con el caso de las niñas de Tenerife ha vuelto a emplearse el concepto de violencia vicaria. En líneas generales, se trata de una violencia que se ejerce contra alguien a través de una víctima interpuesta. La psicóloga clínica Sonia Vaccaro acuñó el término en 2012 con esta definición: “Aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento utilizando como objetos a las hijas e hijos, para dañarla. A veces, es desplazada sobre personas significativas de la vida de esa mujer como los hermanos, el padre o la madre”. Vaccaro insiste en que, en estos casos, los asesinatos son “el punto final”, la “expresión extrema”. Ella solo la contempla en el contexto de la violencia de género, es decir, cuando lo hacen los hombres sobre las mujeres, aunque en ese punto no hay consenso entre los expertos.

Beatriz Zimmermann, la madre de las niñas de Tenerife, recordó en su carta que su terrible caso había servido para que se conociera este término, que recoge sin citar por su nombre la ley de violencia de género, y aparece explícitamente citado en algunas leyes autonómicas posteriores y en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de 2017. Tampoco hay datos oficiales claros de cuántos de esos 41 casos fueron violencia vicaria y en cuántos las madres fueron asesinadas también junto a sus hijos. En una muestra que elaboró el Consejo General del Poder Judicial, con 17 casos con sentencia entre 2016 y 2018, 13 de los homicidas mataron a los niños y dejaron a las madres con vida. La media de edad de esos menores era de 5,9 años. Seis de los asesinos se suicidaron tras matar a los niños.

Violencia vicaria es un concepto que solo se emplea en España. Vaccaro señala que lo acuñó porque era otra de las violencias sin nombre: “El maltratador sabe que el daño a las hijas e hijos es un daño irreversible para esa mujer. Sabe que ella no se recuperará jamás”. Antonio Andrés-Pueyo, catedrático de psicología y experto en psicología de la violencia de la Universidad de Barcelona, admite que “es un concepto muy funcional”. Y añade: “Estos asesinatos ya los había y los habrá, ahora hay un nuevo marco de explicación, que es la violencia de género”. El forense Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la violencia de género, critica en un artículo reciente que violencia vicaria es un término que destaca la agresión y “no el contexto de la violencia del que surge”. Ese aspecto, considera, “facilita la confusión” cuando las asesinas son las madres y se usa indistintamente, como en el caso de Yaiza. Cree que el término no destaca “la violencia diaria que sufren los niños y niñas dentro de la violencia de género”. Por ello pide hablar de “violencia vicaria en violencia de género”, porque “cualquier persona puede matar, una madre también, pero no bajo el amparo de toda una serie de circunstancias que definen” la violencia machista.

Noemí Pereda, directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente en la Universidad de Barcelona, sostiene que en violencia contra la infancia no solo hay pocos datos, sino que se trata de una realidad “poco estudiada”. Precisa que “hay muy pocos niños asesinados en el mundo occidental”, pero “cuando pasa, ocurre tanto por parte de padres como de madres”. “Parto de estudios internacionales que demuestran que la madre es la principal homicida, especialmente cuando se trata de bebés con pocas horas de vida”, continúa. Esto tiene una explicación, dice: “Generalmente los niños están con la madre, son las personas cuidadoras, se trata de mujeres desesperadas, no hay pareja en muchos casos”.

Uno de los trabajos de los que habla Pereda, una revisión de estudios internacionales, apunta que el mayor riesgo se presenta durante las primeras 24 horas de vida de un bebé. Y señala una mayor implicación de la mujer en estos crímenes cuando las víctimas no han llegado aún a los dos años y que, a partir de ese momento, el riesgo está más relacionado con la figura paterna.

Andrés-Pueyo, que dirige el máster de Psicología Forense y Criminal en la misma universidad, explica que hay más diferencias en la forma de matar a los hijos que en la motivación de estos crímenes. “Hay progenitores que matan a sus hijos porque creen que les espera un futuro malo, se conocen como crímenes altruistas; hay muertes que derivan de malos tratos, una agresión que termina con el fallecimiento del menor, y hay tanto padres como madres que cometen el crimen por venganza”, indica este experto. “Sí hay diferencia en la prevalencia, hay más casos de estos últimos en hombres que en mujeres”, asegura. Pereda, en cambio, cita un estudio internacional en el que se analizan 62 crímenes por venganza “que concluye que la proporción entre hombres y mujeres es parecida”. El resumen es sencillo: faltan datos.

La psicóloga infanto-juvenil propone dejar a un lado “la polarización” y analizar los casos. “Lo ideal sería estudiar uno a uno los asesinatos de menores en España, para poder mejorar la prevención. Si realmente es un problema el maltrato infantil, que puede derivar en muertes, diseñemos políticas encaminadas a ello; si la depresión de los progenitores es un factor de riesgo, estemos vigilantes ante estos casos”, sostiene. Andrés-Pueyo puntualiza, no obstante, que al haber pocos asesinatos, “la probabilidad de que pase es tan extremadamente baja que la mayoría de las veces te equivocarás al asociar factores de riesgo a la prevención de un posible crimen”. Pero conviene estudiar más estos casos, en eso coinciden ambos. Siendo escasos, son el peor de los asesinatos, el crimen inexplicable.