Un audio en el juicio del ‘caso Costumero’ revela que madre e hija fueron separadas entre gritos
La grabación rebate la versión ofrecida por Diputación y Ertzaintza de que la separación de la niña y la madre ocurrió sin resistencia
El falso síndrome de alienación parental ha estado en el centro de todas las declaraciones de testigos y encausados en la vista que comenzó el lunes contra cuatro funcionarios de la Diputación de Bizkaia a los que Irune Costumero señala como responsables de haberle quitado a su hija en 2017. El proceso terminó ayer. Pero mientras poco a poco los imputados y los testigos de la defensa comenzaron a utilizar términos como “instrumentalización” de la niña o simplemente “alienación parental” para describir las razones que movieron a la Diputación Foral a quitarle a la niña, la fiscal, Rosario Ramírez, defendió, sin complejos, que se trata de una patología. Además de asegurar que “el síndrome de alienación existe”, en sus conclusiones ha puesto como ejemplo varias sentencias en las que se cita, “aunque quizás como desorden”.
Ramírez no tuvo en cuenta que el supuesto síndrome nunca ha estado como enfermedad en ningún catálogo de la Organización Mundial de la Salud, y que el propio Consejo General del Poder Judicial lo rechaza. Tampoco que la Ley de Protección a la Infancia aprobada el mes pasado va a prohibir su uso como argumento en los pleitos porque menoscaba la credibilidad de las madres volviendo hacia ellas las denuncias de malos tratos, recientemente aprobada.
Varios psicólogos forenses cuestionaron el informe de la psicóloga Beatriz Lafuente que sirvió a la Diputación para tomar la decisión de separar a la niña de su madre y que concluía que el riesgo grave que sufría la niña se debía a la “alienación parental” que en este caso ejercía Costumero. “De todo lo que describe ese informe no hay nada que diga que puede haber alteración como el síndrome de alienación parental”, criticó la psicóloga Dolores Serrat.
Sin aval judicial
Una orden foral firmada y ejecutada por los cuatro imputados dio luz verde el 4 de agosto de 2017 a la separación de la niña y su madre en unas instalaciones públicas, con presencia de dos policías uniformados y con arma. Aunque un juez había dictado la custodia compartida, la Diputación entregó la niña al padre sin aval judicial. A los procesados se les acusa de prevaricación, maltrato y lesiones psíquicas contra la madre y la hija. Se les piden penas de cinco años, ocho meses y un día de prisión, además de 15 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público
El resultado de aquellas actuaciones fue que la Costumero le retiraron la custodia de la niña y solo puede verla en encuentros con supervisión de los servicios sociales.
En el juicio también se presentaron unos audios supuestamente del momento en que la niña y la mujer fueron separadas. “¡Soltadme, soltadme! ¡ama, ama!”. Los gritos continuados durante varios minutos de la niña llenaron de angustia la sala. Sin embargo, las posibilidades de que la grabación sea admitida como prueba se redujeron tras el cuestionamiento de la Fiscalía y de la defensa, que han solicitado en sus conclusiones que se declare nula, y la libre absolución de los imputados.
El audio se escuchó durante la tercera y última jornada del juicio. Los gritos de la niña cuestionan frontalmente las versiones ofrecidas por una de las funcionarias que comunicó la orden a la madre y por los policías que participaron en la operación y que describieron aquellos hechos como una separación absolutamente normal, no traumática. La funcionaria que se encargó de coger a la niña y llevársela al padre, relató en la primera jornada que recordaba que la madre y la abuela se agitaron en un principio, pero que ella solo tuvo que coger “a la niña de las manitas” y que esta luego estuvo tranquila. Costumero y su madre se derrumbaron durante esa primera sesión del juicio recordando aquellos hechos que consideraron que se habían producido con violencia.
Pero esas dos versiones radicalmente diferentes se han reproducido a lo largo de todo el juicio, también con los informes psicológicos y las evaluaciones de la niña, dependiendo de si los peritos son de una parte o de otra.
La grabación fue entregada por “alguien del Servicio de Infancia de la Diputación” a la propia denunciante, según la versión de Costumero. La acusación particular solicitó las grabaciones y la respuesta fue que no estaban disponibles. Fiscalía y defensa cuestionaron la prueba. La juez se reserva el derecho de no admitirla, que interrumpió su emisión después de varios minutos de gritos en los que se mezclaban los de la niña, la madre y la abuela.
La defensora fue tajante. “Me tengo que creer que la grabación es de la niña, pero es una prueba nula de pleno derecho”, afirmó.
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