India y Sudáfrica proponen limitar a tres años la suspensión de patentes de las vacunas del coronavirus

India y Sudáfrica han presentado una nueva propuesta ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) que limita a tres años la suspensión de las patentes de vacunas, medicamentos y materiales sanitarios necesarios para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El documento ya ha sido entregado a los países miembros, que lo discutirán en una primera reunión el 31 de mayo, antes del Consejo General del organismo, previsto para el 8 y 9 de junio.

El texto es una nueva versión de la propuesta inicial, presentada el pasado mes de octubre, que concreta puntos que entonces habían quedado abiertos. Si entonces se decía que la exención de patentes debería prolongarse hasta que los casi 8.000 millones de habitantes de la Tierra alcanzaran la inmunidad de grupo, ahora se fijan tres años con reuniones anuales para evaluar la medida y una final para analizar si fuera necesaria una hipotética prórroga.

La nueva propuesta no es solo más precisa, sino que cuenta con muchos más apoyos y baja al detalle en la búsqueda de más aliados. La de octubre era solo de India y Sudáfrica y, aunque recibió entonces el voto favorable de un centenar de países (los más pobres), se topó con el rechazo frontal de todos los ricos —Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Suiza...—.

Ahora ya son 60 los países los que también patrocinan la iniciativa —entre ellos otras potencias regionales como Egipto, Pakistán, Indonesia...—, que, además, el pasado día 5 recibió su mayor espaldarazo al anunciar la Administración del presidente estadounidense Joe Biden su intención de respaldarla en la OMC.

También grandes organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) —que este lunes ha abierto su asamblea anual— y organizaciones como la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras, además de decenas de entidades de la llamada sociedad civil, están trabajando para que la liberación de patentes sea una posibilidad real.

Una jugada inteligente

“La propuesta me parece una jugada inteligente”, afirma Guillem López-Casasnovas, director del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). “Los impulsores hablan de un plazo de tres años e incluyen las vacunas, pero también todos los procesos y tecnologías necesarias para su desarrollo. Esto demuestra que no están pensando en el corto plazo, sino en un escenario en el que las nuevas variantes hagan necesario adaptar las vacunas existentes y toda la cadena de producción requiera una mayor flexibilidad. Es una propuesta de calado”, añade.

Los analistas coinciden en que el partido de las patentes se juega en el medio plazo y que no tiene sentido plantear que su posible suspensión pueda acabar este año con la falta de vacunas. Solo las negociaciones en el seno de la OMC pueden durar meses, tras los que los países deberían tomar sus decisiones a nivel interno. Posteriormente, debería producirse el proceso de transferencia de conocimiento hacia los nuevos productores, un paso que la experiencia demuestra que puede llevar cerca de otro medio año, según los acuerdos firmados de forma voluntaria hasta la fecha por las farmacéuticas.

Unos plazos que hacen imposible que el mundo pueda disponer este año de los entre 12.000 y 15.000 millones de dosis necesarias para inmunizar a toda su población. “El problema es de tal magnitud que no se va a solucionar en unos meses”, admite Vanessa López, directora de Salud por Derecho, entidad que trabaja por el acceso universal a los medicamentos.

“Las patentes siguen siendo una barrera y el primer paso hacia la solución es quitarla. En el corto plazo, logrará aumentarse algo la producción mundial, porque hay capacidad no utilizada. Pero lo que realmente cambiaría el escenario sería compartir el conocimiento sin límites. Esto sentaría bases sólidas para aumentar la producción y distribuirla mejor por el mundo para lo que quede de esta pandemia y las siguientes”, añade López.

Sobre el primer punto, los ejemplos más citados son los de la canadiense Biolyse; Incepta, de Bangladés; Teva de Israel (el mayor fabricante mundial de genéricos), y la biotecnológica danesa Bavarian Nordic, especializada en el desarrollo y fabricación de vacunas. Las cuatro, según desveló el medio digital Politico, se han ofrecido a las grandes farmacéuticas para contribuir a aumentar la producción mundial. Todas han recibido el silencio por respuesta.

Son muchas, y muy autorizadas, las voces que, sin embargo, abogan por seguir desarrollando el actual sistema de licencias voluntarias —acuerdos entre empresas, de los que ya se han firmado casi 300 en el mundo, según la Universidad de Duke— como la vía más rápida para alcanzar la producción que necesita el mundo.

Es la apuesta de la Unión Europea y la que se impuso en la reunión del G-20 celebrada el pasado viernes, que en la llamada Declaración de Roma anclaba la salida a la crisis en torno a “los acuerdos de licencias voluntarias, la transferencia voluntaria de tecnología y conocimiento” y la creación de un “pooling de patentes”, propuesta esta última sobre la que no se concretó mucho más.

Para Vicente Ortún, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), esta es la “solución más prometedora para lo que en realidad es un problema de producción y no de patentes”. “Las patentes tienen muchas cosas para mejorar, pero ahora mismo no son el problema. Si se insiste en ir por esa vía, entre las negociaciones en la OMC, las decisiones nacionales, los litigios con las empresas, la irrupción de los grandes despachos de abogados de propiedad intelectual..., nos plantamos en 2025 sin una solución que, por otra parte, el propio sector puede alcanzar en un año”, asegura.

Raquel González, responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras (MSF), califica en cambio de “decepcionantes” los resultados de la reunión del G-20. “Hay que ver el resultado práctico de lo surgido de la reunión. Hay novedades que pueden ser interesantes, como la propuesta de sumar nuevos agentes a la producción. Pero mientras el sistema se base en licencias voluntarias, nada será universal. Todo quedará en manos de las compañías, habrá condiciones y límites....”, explica.

Para los partidarios de la suspensión de patentes tiene algo de cínico alegar que esta no solucionaría en unos meses la falta de vacunas cuando hace siete meses no se dejó que esta opción echara a andar. “Lo que hemos visto es que el sistema actual ha fallado. Y no nos podemos permitir que vuelva a hacerlo en 2022 o 2023. La forma de hacerlo es empezar a trabajar desde ahora”, sostiene Vanessa López.

Para quienes consideran que esta no es la solución, el camino pasa por medidas más concretas y eficientes. Critican, por ejemplo, que Estados Unidos apoye ahora la exención de patentes o se comprometa a donar 100 millones de dosis a Covax —gestos que consideran más de imagen que prácticos—, mientras mantiene trabas a la exportación de vacunas desde su territorio.