La difícil misión de blindar a dos millones de trabajadores transfronterizos

A unas 10 vacunas por hora, la joven enfermera Amélie Bau acaba de terminar de poner, según calcula, unas 80 dosis contra la covid en el mayor centro de vacunación de la ciudad de Luxemburgo. AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Una tras otra durante ocho horas. Finalizada la jornada, esta enfermera francesa de 23 años se subirá al coche y regresará a su país, Francia, atravesando como cada día la frontera: unos 45 kilómetros hasta su Terville natal, bañada por el río Mosela, afluente del Rin, que discurre como un tajo por esta zona en la que la historia es rica y a la vez tenebrosa.

Bau es una trabajadora transfronteriza de la sanidad, un bien extremadamente valioso en el pequeño Gran Ducado de Luxemburgo, especialmente en tiempos de pandemia. El día en que hace ahora un año los países de su alrededor –Francia, Bélgica, Alemania– comenzaron a cerrar lindes y a entorpecer el espacio Schengen de forma descoordinada para evitar la propagación del virus, el Gobierno se echó a temblar: en torno al 45% de su población activa reside fuera de Luxemburgo. Pero entre los sanitarios, quizá la más esencial de las profesiones esenciales durante la crisis de la covid, la proporción sube hasta el 62%, según cifras del Gobierno. “Nos dio mucho miedo”, dice el doctor Robert Goerens, que dirige este centro de vacunación instalado en el polideportivo Victor Hugo. “Somos muy dependientes”.

El primer ministro, Xavier Bettel, también lo expresó de forma contundente poco antes de reunirse con los líderes de los Veintisiete en aquel Consejo Europeo de marzo de 2020 que trataba de poner orden en varios frentes, de las mascarillas al mercado interior: “Si cerramos las fronteras, igual también nos toca cerrar los hospitales”. Luxemburgo entonces incluso habilitó hoteles para que pudieran dormir los sanitarios transfronterizos y evitar así que quedaran atrapados en largas colas en la carretera. Y lanzó una llamada generalizada entre trabajadores y extrabajadores del sector para formar una reserva sanitaria nacional.

En el 2021, con el incremento de contagios y el avance de las nuevas variantes, se dispararon de nuevo las alarmas. Desde febrero, ocho países de la UE han reintroducido temporalmente restricciones a los desplazamientos. Bélgica mantiene cerradas todas las fronteras a los viajes no esenciales. Alemania, que ha aplicado cierres quirúrgicos con regiones de la República Checa y Austria, ha obligado a decenas de miles de personas que no podían justificar su viaje o no llevaban el test preceptivo a darse la vuelta. Se ha reforzado la vigilancia en los pasos entre numerosos países. Ante la Semana Santa, también España ha endurecido los controles fronterizos por carretera, exigiendo un test negativo a quienes entren desde Francia, a excepción de profesionales del transporte, residentes de las áreas limítrofes y trabajadores transfronterizos.

Para Bruselas es clave proteger estas zonas porosas, reflejo de uno de los bienes más preciados de la Unión: la libertad de movimiento de sus ciudadanos. En enero, cuando la Comisión recomendó el aislamiento de áreas ultracontaminadas (con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, el rojo oscuro del mapa epidemiológico que elabora el ECDC), contempló excepciones específicas para aquellos que cruzan lindes “a diario o frecuentemente para ir al trabajo”. A ellos se les debe facilitar el paso. Si se les exige un test, se recomienda que sea de antígenos, más rápido y asequible.

En la UE hay cerca de dos millones de trabajadores de este tipo, suponen el 1% de la fuerza laboral. Y su abundancia riega, sobre todo, el sector de la construcción: 121.000 albañiles, por ejemplo, cruzan a diario de Polonia a Alemania, cuyas carreteras atestiguan cada jornada el mayor flujo transfronterizo de la UE. España cuenta con 6.663 trabajadores que cruzan a Francia a trabajar y otros 4.800 a Portugal. En Luxemburgo el volumen y la proporción resultan abrumadores. A diario, este país de 620.000 habitantes, recibe unos 105.000 trabajadores de Francia, en torno a 50.000 alemanes y otros 50.000 belgas, según las estadísticas oficiales.

“Sin los trabajadores fronterizos, la economía luxemburguesa se hunde”, dice el belga Jacques Delacollette, representante de este colectivo en la Confederación Sindical Independiente de Luxemburgo, el sindicato mayoritario del Gran Ducado. “Y tampoco habrían podido atender a su población por falta de personal”.

Visitar al belga Delacollete, él mismo un transfronterizo, en su hermosa casa en una colina en las Ardenas (Bélgica), resulta una explicación muy terrenal de los motivos que empujan a atravesar barreras. Vive en un pueblito a unos 20 kilómetros de la frontera con Luxemburgo, rodeado de sus gallinas, burros y ovejas; recolecta su propia miel de abejas negras y para charlar en el jardín esta soleada mañana sirve un delicioso zumo de manzana que él mismo produce. No parece que le importe mucho ir y venir a diario. Se le ve sano, tiene un excelente humor.

-¿Y dice que cobran menos impuestos en Luxemburgo que en Bélgica?

-Claro, resulta mucho más interesante –responde con una carcajada.

Los salarios también son allí más altos, las ayudas familiares más generosas pero el coste de la vivienda, en cambio, resulta más asequible a este lado. La combinación parece imbatible. Y en cierto modo nace de una necesidad del Gran Ducado: en el gremio sanitario es una forma de atraer aquello de lo que carecen. Un estudio del ministerio de Sanidad de Luxemburgo de 2019 ya alertaba de la “dependencia de los países fronterizos para hacer funcionar su sistema de salud”. Y añadía que el país había cruzado “un umbral crítico que lo hace extremadamente vulnerable a las decisiones políticas y económicas de los países limítrofes”.

Luxemburgo es el país del mundo donde más cobra el personal de enfermería (unos 78.000 euros) y el cuarto país donde perciben el salario más alto con respecto a la media nacional, según este estudio del Gobierno luxemburgués que cita datos de la OCDE. Una enfermera novata, añade este estudio, puede percibir una remuneración estimada de 4.400 euros brutos; una veterana, con dos décadas de experiencia, casi 6.700 euros.

El salario, sin embargo, no es el argumento principal que esgrime la enfermera Marie Elise Romain, de 59 años y origen belga, que desarrolló gran parte de su carrera en Luxemburgo, hasta que le llegó la hora de la prejubilación. Con el azote de la pandemia se inscribió en la reserva nacional sanitaria y el Gobierno luxemburgués reclamó sus servicios en diciembre: lleva desde el inicio de la campaña de vacunación recorriendo el viejo trayecto que ha repetido durante años, para visitar este y otros centros de vacunación. “Mi objetivo es ser útil para que podamos inmunizar al mayor número de personas y regresar lo antes posible a una vida normal”, dice antes de meterse en el box a diluir dosis y preparar jeringuillas.

De la estancia de al lado sale la joven enfermera francesa Amélie Bau. Ella se diplomó en Francia en marzo de 2020 y a en pocos días ya estaba trabajando en reanimación en un hospital francés, intubando y desintubando pacientes, con las UCI llenas y todo lo que aquello implicaba, cuenta con una sombra en la mirada que se le esfuma enseguida. Por motivos profesionales decidió dejar su puesto una vez pasado el primer embate del coronavirus. “Me fui un miércoles y el viernes el primer trabajo que encontré fue aquí, en Luxemburgo. Han reclutado de forma masiva con la covid. A la fuerza, tenían necesidad”, relata esta mujer que acaba de concluir la jornada con un un verdadero acto transfronterizo: inyectándole la AstraZeneca a Gerd Zoller, residente en Mettlach, Alemania, y empleado en una residencia de ancianos en el pueblecito luxemburgués de Wasserbillig, que descansa sobre la mismísima frontera.

Él ha cerrado los ojos. Ella se ha inclinado sobre su hombro. Todo ha quedado resumido en ese gesto, de transfronterizo a transfronterizo.