El Estado, casero de la Iglesia en Francia

La catedral de Notre Dame todavía ardía, los bomberos se jugaban la vida para apagar el fuego y el presidente de la República, Emmanuel Macron, se desplazó a la zona del siniestro y declaró: “Esta catedral la reconstruiremos. Todos juntos”. Macron anunció entonces una suscripción internacional para financiar las obras, que deben concluir en 2024.

Era el 16 de abril de 2019 y Macron actuaba como “el ángel guardián de las iglesias”, explicaría tiempo después en un artículo en la publicación Revue des deux mondes Maryvonne de Saint Pulgent, exdirectora de Patrimonio en el Ministerio de Cultura. Al prometer la reconstrucción en aquellos momentos dramáticos, el jefe del Estado ejercía su papel como representante del propietario de Notre Dame y de 87 catedrales y basílicas en Francia. No solo eso: los municipios son propietarios de 40.307 iglesias y capillas.

La propiedad pública de una inmensa mayoría de catedrales e iglesias es una particularidad francesa. Tiene su origen lejano en la Revolución de 1789, cuando un decreto colocó los bienes eclesiásticos “a la disposición de la nación”, recuerda Saint Pulgent. Pero el origen más inmediato es la ley de 1905 sobre la separación entre la Estado y las iglesias, hoy leída en relación al islam y a la influencia del islamismo en la Francia laica, pero diseñada en su tiempo con el objetivo de atajar la influencia del catolicismo.

Para la Iglesia, que no aceptaba aquella ley, la consecuencia fue que el Estado y los municipios asumieron la propiedad de los templos. Lo que a primera vista parecía un acto hostil contra curas y obispos acabó resultando una bendición para los afectados.

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“Se quiso fastidiar a la Iglesia. Pero en realidad aquello fue beneficioso para la Iglesia, que se aprovecha de un monumento sin pagar alquiler ni cargas”, dice en una entrevista telefónica Édouard de Lamaze, presidente del Observatorio del Patrimonio Religioso. “El sueño de todo el mundo. Vivir en una casa bonita sin pagar”. Desde entonces, los edificios construidos antes de aquella fecha son de propiedad pública. Los templos construidos después de 1905 son propiedad de las diócesis. Esto incluye 1.951 iglesias y capillas y catedrales como la moderna de Évry, cerca de París. La propiedad entraña la obligación de sufragar los costes de mantenimiento y de preservación del patrimonio.

Y aquí llegan los problemas. “El coste es enorme”, dice Lamaze, que también es alcalde de Bois-Héroult, un pueblo de 191 habitantes en Normandía. “Los municipios están exangües y ya no tienen dinero. Cuando las iglesias están protegidas por ser patrimonio histórico, el Estado ayuda a los municipios en las obras. Pero si estas iglesias no están protegidas, entonces el Estado no da dinero, los municipios no pueden mantener las iglesias y las destruyen”, añade.

Acceso libre

El Observatorio del Patrimonio Religioso ha registrado 100.000 edificios y 45.000 abiertos al culto. De estos, 15.000 están clasificados como monumentos históricos y 30.000 financiados por los municipios sin ayuda del Estado. De estos últimos, 5.000 “están en estado de peligro”, explica Lamaze.

Otro problema son las catedrales. La ley de 1905 establecía que el acceso debía ser “público, libre y gratuito”, lo que cierra la puerta a cobrar entrada como vía de ingresos. “Lo que sucede es que el Estado no mantiene las catedrales”, comenta Lamaze. “En Francia arde más o menos una cada diez años por falta de mantenimiento”.

Cuando en la noche del 15 de abril de 2019 Macron lanzó el llamamiento para recaudar fondos para Notre Dame, asumió el papel de propietario, pero era un propietario en precario, que no había podido prevenir el incendio y que necesitaría donativos para reconstruirla a la velocidad deseada. Sus palabras recogieron el espíritu de los legisladores del año 1905, que consideraban que las catedrales no eran únicamente espacios de culto sino obras de arte propiedad de todos. “Notre Dame de París”, proclamó, “es nuestra historia, nuestra literatura, nuestro imaginario”.

40 millones anuales para 87 catedrales

El Estado francés gasta unos 40 millones de euros anuales para el mantenimiento y la restauración de sus 87 catedrales, según un informe de la Asamblea Nacional de 2019. “Los resultados”, añadía el informe, “no son satisfactorios respecto al estado de las catedrales: solo una cuarta parte puede considerarse que estén en buen estado, 15 están en mal estado y dos en estado de peligro parcial”. La especialista Maryvonne de Saint Pulgent señalaba en un artículo publicado el año pasado que, más allá del mantenimiento de las catedrales, el gasto del Estado para los monumentos históricos religiosos se elevaba a los 100 millones, a los que añadía otros 130 más a cargo de municipios, departamentos y regiones.