La archidiócesis de Madrid admite por primera vez ocho casos de pederastia cometidos por clérigos

La archidiócesis de Madrid ya puede hacer un primer balance de las denuncias de abusos que ha recibido desde que hace un año abrió su oficina de atención a las víctimas y puso en marcha el proyecto Repara para acoger y ayudar a los afectados. El resultado es que por primera vez admite ocho casos de abuso sexual de sacerdotes o religiosos sobre menores, que sucedieron hace décadas y no habían trascendido hasta ahora. Además, ha recibido otras 10 denuncias de abuso sexual sobre adultos. Otros nueve clérigos han sido acusados de violencia física, maltrato o abuso de autoridad. En 2018, cuando EL PAÍS preguntó por primera vez a las 70 diócesis españolas sobre cuántos casos de abusos de menores les constaban, la de Madrid se negó a responder, como la inmensa mayoría. Pero algo va cambiando, ya opta por la transparencia.

Con estos ocho, el total de casos de abusos de menores en la Iglesia conocidos en España asciende ya a 231, con más de 500 víctimas, según el recuento que lleva EL PAÍS, ante la ausencia de datos eclesiásticos y oficiales. La Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha negado a revelar cuántos casos conoce y a investigar el pasado. Tras la apertura obligatoria de oficinas de atención a las víctimas en cada diócesis, impuesta por el Vaticano el año pasado, su portavoz aseguró hace tres meses que habían recibido “cero o muy pocas” denuncias. La de Madrid, dirigida por el actual vicepresidente de la CEE, el cardenal Carlos Osoro, es una de las que mayor esfuerzo ha dedicado a este problema, con un proyecto específico, y no tiene problemas en dar cifras.

La contabilidad de casos en España de EL PAÍS: 231 desde 1986

EL PAÍS contabiliza por primera vez los casos de abusos conocidos, lo que incluye sentencias, investigaciones periodísticas y denuncias públicas que hayan destapado los posibles delitos de un religioso español.

Hasta ahora, el único caso del pasado del que se tenía constancia en Madrid, solo en cuanto a los sacerdotes diocesanos, no de órdenes religiosas, era el del cura Rafael Sanz Nieto. Fue condenado en 2006 a dos años de cárcel por abusar de un niño de 12 años y el obispado a pagar 30.000 euros como responsable civil subsidiario. El caso se destapó a raíz de la denuncia de un grupo de catequistas, que acusaron al por entonces arzobispo de la capital, Antonio María Rouco Varela, de ejercer presiones para que el caso no saliera a la luz.

La nueva oficina, que se abrió con la intención de atender a cualquier persona afectada por “cualquier tipo de abuso”, tanto dentro como fuera de la Iglesia, ha recibido también a otras 35 víctimas que sufrieron abusos dentro del ámbito familiar y 13 que los denuncian en otros entornos. De ese grupo, nueve de las víctimas eran menores en el momento de la denuncia. En estos casos la diócesis informó a la Fiscalía, “siguiendo lo prevenido por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor”. “A los adultos se les informa siempre de la posibilidad de denunciar ante la jurisdicción civil”, explica un portavoz del episcopado.

Con todo, el obispado no ha querido dar detalles de los casos. Ni los lugares donde ocurrieron ni los nombres de los ocho clérigos pederastas “con el objetivo de proteger el anonimato de las víctimas”. Ha precisado que solo uno pertenece a la diócesis, y ya se ha abierto una investigación canónica, mientras que los otros siete son miembros de órdenes religiosas. Estos últimos cometieron los delitos en colegios y entornos educativos “la mayoría de las veces”. Las víctimas, ahora entre los 50 y 65 años, tenían entre 8 y 15 en el momento de los abusos. “Algunas están conversando con Repara y con la congregación. A otras les basta con que les creamos, escuchemos y pidamos perdón. Es decir, que no quieren denunciar ni iniciar ningún trámite al respecto”, explica un portavoz, que añade que a algunos se les ha brindado asesoramiento canónico. Algunas víctimas, añaden fuentes de Repara, acudieron a la entidad en busca de ayuda psicológica después de haber presentado su denuncia en otra diócesis u orden, ya que en ellas no lo tenían.

Ante la pregunta de si el cardenal Osoro ha comunicado a los superiores de las congregaciones las denuncias contra sus miembros que han recibido, la diócesis responde: “Hay víctimas a las que se acompaña y, si son adultas, lo que se hace es informar de las posibilidades jurídicas que tienen, pero no nos corresponde a nosotros presentar la denuncia ante la otra realidad eclesial cuando no se trata de menores”. Sin embargo, el motu proprio (norma emanada directamente del papa Francisco) Vos estis lux mundi, fruto de la cumbre vaticana contra los abusos de hace dos años, obliga a informar “sin demora” al responsable competente de cada provincia o diócesis religiosa donde haya tenido lugar el delito. Su artículo 31 dice así: “El Ordinario [obispo o superior religioso] que haya recibido la noticia de delito debe transmitirla sin demora al Ordinario o al Jerarca del lugar donde hayan ocurrido los hechos, [...] en el caso de un religioso, a su Superior Mayor, o en el caso de un diocesano, al Ordinario de la diócesis o al Obispo eparquial de incardinación”.

Por otro lado, la diócesis también precisa que, de momento, ninguna víctima se ha acercado a la oficina con la intención de recibir una indemnización, pero aclara que, si en el futuro se diera el caso, estudiaría cómo llevarla a cabo en cada caso. Si hubiera un proceso civil en curso, cumpliría lo que dicten las autoridades pertinentes. Hasta ahora, comenta el obispado, el servicio más solicitado ha sido la atención psicológica y la escucha. De hecho, cuenta la entidad, la mayoría de casos donde el afectado era menor de edad en el momento de la denuncia, llegaron a Repara con la denuncia civil realizada con la única intención de buscar apoyo de este tipo. A lo largo de este año se han realizado más de 400 sesiones, dedicadas tanto a las víctimas como a una decena de familiares. “Cuando una persona sufre, el sistema familiar sufre; de ahí que, a veces, se le preste atención psicológica también al familiar que lo necesite (víctima de segundo orden)”, comenta el portavoz diocesano.

Un aumento de denuncias durante el confinamiento

El equipo que coordina el primer contacto de la víctima con Repara afirma que notó un crecimiento del número de llamadas de afectados. “Ha sido un alivio para muchas personas. Durante el confinamiento se han reabierto las heridas y se han despertado los fantasmas”, explica Lidia Troya, responsable de primera acogida de la organización. Para ellos, no poder acoger físicamente a las víctimas ha sido un reto, aunque Troya dice que las videollamadas son un recurso con el que ya estaban familiarizados. Los portavoces de Repara también afirman que, durante este primer año, “otras entidades” les han llamado para derivarles casos, aunque la mayoría de las veces no han podido atenderlos, ya que “no son un recurso de emergencia”. Otro dato relevante es el número de mujeres atendidas, 57 frente a 18 hombres. “A menudo, han vivido durante muchos años con la incomprensión de sus propias familias, de la misma sociedad, de sus ámbitos comunitarios o de la propia Iglesia. Lo que más necesitan es que la creamos y la comprendamos. No buscan venganza. A veces, ni siquiera nos dicen los nombres de los victimarios”, relata Troya. A su vez, Repara también ha puesto en marcha un curso básico de formación para sacerdotes y catequistas, entre otros, para prevenir y ofrecer claves para la atención de estas situaciones.

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