La Fiscalía de Alicante investiga la vacunación irregular de siete cargos públicos tras una denuncia ciudadana
Los activistas califican los hechos de “vergonzantes” y solicitan que se estudie la posibilidad de aplicar la obligación de inhabilitación
![Dimision Ximo Coll](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/PSMUWP5ZOTO66GVVB2BIPQANYI.jpg?auth=ebb79948ba7617ce2e575c785ba0fe4bd1d6c35bdf9f8f7d1fe4c359a2939b6e&width=414)
La Fiscalía de Alicante investiga la vacunación contra la covid-19 de alcaldes y concejales de la provincia tras la denuncia de los presidentes de dos colectivos vecinales de la capital en la que solicitaban la posibilidad de inhabilitar a los cargos públicos que no hayan respetado los protocolos, según han confirmado fuentes conocedoras de la decisión.
El escrito presentado el pasado 27 de enero ante el ministerio público hace referencia a la vacunación de los alcaldes de El Verger y Els Poblets, el matrimonio formado por Ximo Coll y Carolina Vives —ambos del PSPV—; el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano (PP); el diputado provincial encargado de la gestión del centro psiquiátrico Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló (PP); el concejal de Sanidad de Orihuela, el popular José Galiano; el edil de Sanidad de Benejúzar y excomisionado de Salud del Departamento de Torrevieja, José Antonio García Gómez (PSPV) y la concejal de Bienestar Social de Dénia, la única que ha dimitido por tales hechos, Cristina Morera (PSPV).
Ambos dirigentes vecinales califican en el escrito los hechos ocurridos de “vergonzantes” y solicitan que se estudie la posibilidad de aplicar la obligación de inhabilitación para ostentar cualquier cargo público, ya sea actual o en un futuro, para todas las personas que se han saltado la normativa establecida en la provincia sobre el orden de vacunación.
“No sabemos cómo calificar estos actos legalmente, por lo que pedimos a Fiscalía que encuentre la fórmula legal para que estos sucesos vergonzantes no se puedan dar más en un sistema democrático”, recoge el escrito presentado por los activistas ciudadanos José María Hernández Mata y José Luis Valdés Fernández. Los denunciantes señalan que estos hechos les han “alarmado totalmente” y subrayan que está “claro” que en la fórmula de gestión establecida por el gobierno central se ha fijado “la primacía de la vacunación por grupos de personas en un orden del grado de edades vulnerabilidad que padecen o por edad por actividades necesarias para mejorar la situación del conjunto de la población”, y adjunta un listado de cargos publicados por los medios “que han utilizado su posición política para vacunarse fuera del tiempo en el que verdaderamente le correspondiera” .
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