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El polémico paso a la educación infantil obligatoria

Unos expertos defienden adelantar la escolarización a los dos años mientras otros advierten del coste y creen que basta con universalizar una oferta gratuita

Ignacio Zafra
Escuela Infantil San Antón, en Madrid.
Escuela Infantil San Antón, en Madrid. Jaime Villanueva

¿Debería adelantarse la escolarización obligatoria a la etapa de infantil, al menos al segundo ciclo (de tres a los seis años)? La mayoría de los países europeos escolarizan, como España, a partir de los seis años. Pero 17 de los 38 que forman parte del programa Erasmus+ de la UE lo hacen antes, en general a los cinco. Y Francia ha implantado este curso la escolarización a los tres. La cuestión, tratada en el Foro de Educación de EL PAÍS, despierta opiniones encontradas en la comunidad educativa.

“La etapa de infantil es una garantía de acceso a la educación y la cultura, para la igualdad y la conciliación familiar. El ciclo de tres a seis años debería ser sí o sí obligatoria. Entre otras razones porque, al no ser obligatoria, se abre la puerta a que sea electiva no solo para los padres, sino para las Administraciones, que aunque sea gratuita pueden decidir no sufragar por ejemplo las becas de comedor y transporte”, afirma Vicent Máñez, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos de Educación Infantil y Primaria. Máñez también es partidario de convertir en obligatorio el curso de dos a tres años siguiendo el modelo de las aulas de dos años que regiones como el País Vasco y la Comunidad Valenciana han empezado a implantar en las escuelas públicas de infantil y primaria.

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Igual que también sucedía en Francia antes del cambio de regulación, la escolarización de tres a seis años está muy extendida en España: alcanza entre el 96,5% según el Ministerio de Educación. Siendo alto, ello implica que unos 40.000 niños de esa edad que no van a la escuela. En el ciclo anterior, de cero a tres años, la tasa de escolarización es muy inferior (38%) y las diferencias entre comunidades, acusadas. Si se toman los seis cursos que forman la etapa de infantil, un niño del País Vasco pasa escolarizado un año más (4,5 años en total) que uno canario. La ministra Isabel Celaá en una entrevista este domingo en este diario no se mostraba partidaria de la obligatoriedad: “Está matriculado el 96,5% de los niños en esa etapa. La familia que no lleva a su hijo es porque no quiere”.

La prioridad, cree, Miguel Soler, secretario de Educación valenciano, es universalizar y convertir en gratuito “todo, incluido comedor y transporte, en toda la etapa”. “Y después lo deseable sería que el ciclo de tres a seis años también fuera obligatorio. Que ese 3% que nos falta se escolarice, porque posiblemente sea el que más lo necesita”, afirma. Aparte de padres con tiempo y recursos socioculturales, que prefieren tener a los hijos en casa, apunta que otra parte de las familias que no escolarizan pronto se halla más bien cerca de la exclusión.

Implantar la obligatoriedad en el segundo ciclo de infantil no sería muy caro. Adelantarla aún más, sí. Y Francisco García, secretario de Educación de Comisiones Obreras, recuerda que hay muchas urgencias educativas aguardando respuestas. “Avanzar en la universalización de infantil a través de la red pública es razonable, porque genera equidad y cohesión social. Pero también tenemos que reparar los daños causados por los recortes en el sistema público, que han sido especialmente graves en las medidas de atención a los alumnos más expuestos al fracaso escolar, como los programas y profesores de apoyo o los desdobles”, afirma.

Otras voces advierten de que, siendo valiosa, la etapa no es la panacea, sobre todo antes de los tres. “El lado positivo de la escuela es que cuida, socializa, educa y enseña. El negativo es que es una institución, y no siempre está a la altura de las necesidades ni de las posibilidades. La escolarización infantil es estupenda..., con moderación. No puede sustituir a la familia, ni ofrecer el mismo nivel y calidad de cuidados que una familia ordinaria, pero sí es un complemento importante y puede ser una tabla de salvación para niños en situación de desventaja. En consecuencia: oferta obligatoria, sí; obligatoriedad, en ningún caso”, zanja Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense.

Espacios familiares

Una opinión que comparten padres como Montse Rodríguez, psicóloga y madre de un niño de 18 meses. “Deberíamos dejar a los niños jugar. ¿De qué sirve institucionalizarlos tan pronto? Debería haber menos escuelas infantiles y más espacios compartidos por educadores, familiares y criaturas, disponibles hasta los seis años”, afirma Rodríguez, que hasta que el horario laboral la empujó a matricular a su hijo en una escuela infantil ordinaria estuvo yendo con su bebé a “espacios familiares” de este tipo, como los centros Cotxeres Borrell y Aurora en Barcelona.

No hay duda de que la universalización contribuiría a reducir la desigualdad en primaria, asegura Leire Salazar, profesora de Sociología de la UNED especializada en primera infancia: “Las familias con menos recursos escolarizan en menos medida a sus hijos en esta etapa” y cuando lo hacen tienen menos capacidad en términos de “información, tiempo y dinero” a la hora de elegir.

Pero incluso si la universalización fuera acompañada de unos estándares exigentes en capacitación del profesorado, dotación de los centros y reducción de la segregación escolar, prosigue Salazar, la capacidad igualadora de la educación infantil seguiría siendo limitada porque hay otros factores que alimentan las diferencias. Abordar las condiciones materiales de los hogares, “por ejemplo a través de transferencias monetarias”, tendría seguramente un impacto mayor, afirma la profesora, que insta a abrir el debate sobre “cómo garantizar el bienestar infantil en un sentido amplio, superando el énfasis obsesivo en las competencias escolares”.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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