Querer devolver unas tortugas a su hábitat y acabar sancionado por contrabando

“¡Para ser ilegales mira que tienen papeles estas tortugas!”. El ecologista gaditano Juan Clavero tira de ironía para explicar cómo ha acabado acusado de contrabando al intentar devolver 23 tortugas moras a su hábitat original en Marruecos. Con el visto bueno de este país y de la Junta de Andalucía para su proyecto, al activista de Ecologistas en Acción solo le faltaba lograr un último permiso para repatriarlas, pero se ha topado con una posible multa de 20.700 euros de la Agencia Tributaria por una supuesta infracción administrativa grave que “aún está en trámite de alegaciones”, según excusa la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. 

Al sol de una tarde fría de enero, Clavero sostiene en sus manos una de los reptiles que hiberna relajada en el jardín de su casa de El Puerto de Santa María, ajena a su protagonismo en un embrollo administrativo que el ecologista sigue sin comprender y en el que le acusan de no tener documentación que acredite su procedencia. “Lo teníamos todo organizado para devolverlas, ha sido mucho trabajo para que nos digan ahora que somos traficantes de tortugas”, se queja Clavero, entre la incredulidad y la resignación. Él ha sido el único expedientado; a Antonio Acosta, otro de los miembros de la entidad, le reclaman otros 1.600 euros por participar en el mismo proyecto y tener custodiados dos especímenes más en El Bosque. 

Pese a haber acabado acusados de contrabando y estar amenazados por una cuantiosa multa, los activistas pretendían ahora “hacer bien” con lo que hace años se consumó como una ilegalidad, como rememora Clavero. Las tortugas moras o Testudo graeca son una especie norteafricana que, décadas atrás, los españoles introducían desde Marruecos para mantenerlas como mascotas, habitualmente sin permisos ni controles. Con el endurecimiento de las leyes por la introducción de animales no autóctonos —castigada por el Código Penal con hasta cuatro años de prisión— Ecologistas en Acción detectó el incremento de abandonos de estos reptiles en el medio natural de la provincia de Cádiz. 

Aunque la tortuga mora fue introducida en el sudeste de la península ibérica ya desde el Paleolítico, la política de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía es confinar o devolver a su hábitat a aquellos reptiles que proceden del norte de África por sus diferencias genéticas con la misma especie naturalizada hoy —y declarada en peligro de extinción— en Almería, Murcia y Doñana (Huelva). De ahí que a Clavero y los suyos se les ocurriese hace 20 años recoger a dos especímenes, macho y hembra, para tenerlos en cautividad y devolverlos en un futuro. La hembra, originaria de Alhucemas, procedía de un pescador que la entregó y el macho de Ceuta, les llegó tras el fallecimiento de un profesor de El Bosque. Ambos engendraron a los más de dos decenas de descendientes que ahora esperan destino en la casa de Clavero. 

Fue hace dos años cuando Ecologistas en Acción comenzó a tramitar los diferentes permisos para repatriar a las 25 tortugas moras —las 23 que ahora custodia Clavero y las dos de Acosta—. “Lo planteamos con la idea de que, por fin, volvían a casa”, rememora el primero de los ecologistas. El pasado febrero, el Alto Comisariado de Aguas, Bosques y Lucha contra la Desertificación del Reino de Marruecos le informó de que no tenía “objeciones a la repatriación” y añadió que las sometería a un periodo de cuarentena legal “antes de soltarlas en la naturaleza”. En mayo, la consejería andaluza también valoró “positivamente” la devolución, según una carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Solo restaba conseguir el certificado CITES, que autoriza a trasladar especies protegidas de un país a otro, y que lo expide el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior (SOIVRE), dependiente del anterior Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

La Dirección Provincial de Comercio de Cádiz pidió a Clavero la localización de las tortugas y unos agentes del Seprona de la Guardia Civil acudieron en julio a su casa para realizar un acta de manifestación voluntaria y hacer fotos de los ejemplares. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, queda constancia de cómo el ecologista explicó la procedencia por donación de los reptiles y la carencia “de documento alguno” que la demuestre. La sorpresa del activista llegó cuando, a finales de diciembre, recibió una notificación de la Agencia Tributaria en el que se le daba traslado del inicio de un expediente de infracción administrativa de contrabando, con multa de 20.700 euros. La penalización emanaba de un supuesto expediente de aprehensión del Seprona en el que se refiere la ausencia de justificantes de su origen. 

“Creo que el error viene porque se ha tomado como un expediente de aprehensión y no como un acta voluntaria. Además, tampoco se refiere la documentación que demuestra que contábamos con el visto bueno de la consejería y del SOIVRE”, relata Clavero. Pese a la petición de EL PAÍS, la Guardia Civil de Cádiz ha rechazado pronunciarse. Por su parte, la Agencia Tributaria ha explicado que no pueden hacer referencias a casos concretos. Solo la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha matizado que el expediente de infracción tiene un plazo de 15 días “para que aporte más información o alegaciones, lo que no significa que ya se le haya sancionado”. 

Acosta ya ha presentado sus alegaciones y el ecologista de El Puerto está a punto de hacerlo, con la justificación de todos los vistos buenos con los que contaba para su proyecto. Mientras, a las 23 tortugas que hibernan ocultas en la hojarasca del jardín de su chalé les tocará esperar un poco más para volver a su casa en Marruecos. Eso sí, lo seguirán haciendo bajo la custodia del ecologista por mandato de la Agencia Tributaria que, aunque le ha abierto expediente, paradójicamente le nombra depositario de los reptiles. “Lo único que queremos es que esto se archive y, sobre todo, que por fin nos den permiso para poderlas devolver a su lugar”, remacha resignado Clavero.