La larga sombra de la industria tabacalera

El tabaco mata. Mucho. A ocho millones de personas cada año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero sigue siendo una droga legal y los países hacen malabares para convivir con la industria tabacalera y encajar, a su vez, las políticas de salud pública para el control del tabaquismo. Una encuesta internacional sobre las injerencias del sector alerta de falta de transparencia en las interacciones de los gobiernos con esta industria, conflictos de interés y apoyos gubernamentales a acciones benéficas relacionadas con el tabaco. España está entre los países más permisivos con este tipo de intromisiones de la industria, en el número 36 de 57, empatado con Malasia, Kazajistán y Alemania. Los expertos alertan de que el sector funciona como un lobby, sortea su mala prensa con contribuciones sociales y puede influir en la toma de decisiones de salud pública sobre el tabaco. El sector defiende su derecho a participar y “ser escuchado” en la elaboración de las normativas que le afecten.

Sobre el papel, el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, al que España se adhirió en 2005, recalca que los Estados deben proteger sus políticas antitabaco “contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera”. En la práctica, sin embargo, cumplir esto, es difícil. Según recoge el Índice Global de Interferencia de la Industria del Tabaco, que es una revisión internacional sobre cómo responden los gobiernos a la influencia de la industria, la tabacalera Philip Morris International (PMI) presionó en, al menos, 12 países “de forma agresiva” para promocionar y vender su producto de tabaco calentado, el IQOS. El sector también apretó en Colombia, entre otros países, para que no se subiesen los impuestos al tabaco.

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La investigación, que se base en información de acceso público, está coordinada por el Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco (CGBGCT), una de las organizaciones que conforman la asociación STOP (junto a The Union, el Grupo de Investigación de Control del Tabaco de la Universidad de Bath y el apoyo de Bloomberg Philanthropies). El secretariado del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco designó al CGBGCT como Centro de conocimiento para la implementación del artículo 5.3 del convenio, que obliga a proteger contra la interferencia de la industria. Según el último estudio, el país peor parado en el ránking es Japón y los que mejor frenan las interferencias de la industria son Brunéi y Francia.

Puertas giratorias

“La industria está influyendo de manera directa o indirecta para poner zancadillas en las medidas de prevención y control del tabaco”, sostiene Francisco Camarelles, del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. De los 32 países analizados, España se ha quedado, dentro del ránking, entre los más permisivos con este tipo de interferencias de la industria, por delante de países como Egipto, India o Mozambique, y muy lejos de Francia, Nueva Zelanda o Reino Unido. Los encargados de analizar la situación de España para el informe internacional han sido los investigadores del Instituto Catalán de Oncología (ICO), centro colaborador de la OMS para el control del tabaco. “Es preocupante”, resume Esteve Fernández, director de Epidemiología y Prevención del Cáncer del ICO y autor del análisis español.

Pese a las leyes antitabaco, que prohíben la publicidad y el consumo en lugares públicos cerrados, por ejemplo, España no se libra de las “interferencias”. La industria tabacalera no tiene una silla en los despachos donde se toman las decisiones sobre políticas de salud pública y de control del tabaco, pero sí tiene voz como parte del comité consultivo de la Comisión del Mercado de Tabaco (TMC) del Ministerio de Hacienda, con labores de asesoramiento. “Consideramos que su presencia en este comité es un riesgo para la salud pública”, sostiene el informe. Aunque la industria se defiende: “Tanto en la Unión Europea como en España, los procedimientos legislativos prevén la participación pública de los ciudadanos y los sectores afectados en relación a los proyectos regulatorios”, señala una portavoz de la Mesa del Tabaco, que aglutina a todo el sector.

Según el Ministerio de Sanidad, casi un tercio de la población española entre 15 y 64 años fuma diariamente. El consumo está estabilizado, pero en cifras demasiado altas, advierten los expertos, y crece el uso de otros productos, como el cigarrillo electrónico (del 6,8 en 2015 al 10,5% en 2019 la prevalencia del consumo al menos una vez en la vida). Aunque Sanidad rechazó valorar el contenido del estudio internacional, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, Joan Ramon Villalbí, alertó el martes de las nuevas dinámicas de la industria para atraer más consumidores. “Ahora no estamos viendo una disminución del consumo de tabaco porque los grupos de interés que ganan dinero con el tabaco están sacando nuevas estrategias para potenciarlo. Estrategias de promoción. No pueden hacer publicidad, pero pueden pagar a influencers para que salgan fumando. O lanzando productos electrónicos que no están regulados como el tabaco convencional y que les permite hacer publicidad. Son ámbitos difíciles de regular, que se nos escapan un poquito, pero sabemos que tienen cierta influencia en algunos partes de la población”, avisó.

“La industria influye para poner zancadillas en las medidas de control del tabaco

Francisco Camarelles, médico

En cualquier caso, el informe español destaca las “interferencias” de la industria a través de relaciones “innecesarias” de la Administración con el sector y vía las actividades de responsabilidad social corporativa (RSC), que sirven, según el estudio internacional, para “atraer funcionarios de alto nivel”. “Los funcionarios y departamentos que reciben o respaldan estas organizaciones benéficas patrocinadas inevitablemente se convierten en portavoces de la industria”, avisa el estudio.

Fernández señala que estas acciones de RSC sirven como publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, tres prácticas prohibidas por la ley en España con excepciones muy limitadas (en el punto de venta, por ejemplo). “Esto se hace como inversión a medio plazo. Es un lavado de imagen. No se puede aceptar dinero ni que la industria participe a estos niveles en la Administración pública”, insiste. La Mesa del Tabaco recuerda que, en lo que respecta a la publicidad, “España alcanza una puntuación muy alta en el ranking de cumplimiento de las exigencias de la OMS”.

El informe recoge cómo la Guardia Civil, encargada de combatir el tráfico ilícito, firmó un acuerdo con Philip Morris para combatir el contrabando de tabaco. La compañía entregó al cuerpo policial “cámaras acuáticas, sistemas de visión nocturna, furgonetas con escáneres y dispositivos móviles para el seguimiento de productos del tabaco”, reza el informe. En 2019, el cuerpo policial incluso entregó la Cruz de la Orden del Mérito al responsable de Prevención del Comercio Ilícito de Tabaco de Philip Morris España.

Menos impuestos en Canarias

Asimismo, el Gobierno de Extremadura tiene un acuerdo con la misma tabacalera para el cultivo sostenible de tabaco y la universidad de esta comunidad firmó otro con Altadis, una de las principales tabacaleras españolas, para desarrollar una línea de investigación sobre el reciclaje de filtros usados de cigarrillos como materiales acústicos. En 2018, el Gobierno de Canarias también intervino en un acto en el que Philip Morris entregaba becas a los ganadores de su concurso de Emprendedores jóvenes. En esta comunidad, el informe también denuncia cómo la reducción de impuestos respecto a la península afecta a los productos del tabaco, que son más baratos. El incremento de los precios de los cigarrillos es una de las medidas antitabaco con más impacto en la reducción del consumo.

Los ejemplos recopilados en el estudio se suceden en toda España. El Ayuntamiento de Santander, Altadis y los estancos de la ciudad pusieron en marcha una campaña de sensibilización ciudadana para abordar el impacto de las colillas en el medio ambiente y la limpieza urbana. “Se está violando el tratado de la OMS. Ese binomio ayuntamiento-industria no tiene sentido. El Ayuntamiento se está beneficiando de una relación con la industria que no está permitido. El problema es que se lo dices y te dicen que no lo sabían. Desconocer la ley no te exime de su cumplimiento”, zanja Fernández.

Los conflictos de interés y las puertas giratorias también están a la orden del día. Según recoge el estudio, el expresidente del Gobierno, José María Aznar (PP), fue asesor de Philip Morris para América Latina en 2018 y “promovió los cigarrillos electrónicos en Chile y Perú”; la exministra socialista Cristina Garmendia está en el consejo de administración de Logista, “la mayor empresa de logística y distribuidora de tabaco de España”; los exministros Eduardo Zaplana y Luis de Guindos “también formaban parte de Imperial Brands, la cuarta tabacalera más grande del mundo”.

“La industria es un lobby que hace presión. Aquí perdimos una oportunidad muy grande de establecer el envasado genérico. Y eso no es casual. Es una presión de la industria para parar esto. En 2010, cuando se aprobó la ley antitabaco, la hostelería dijo que se perderían miles de millones. Pero detrás de ellos estaba la industria del tabaco influyendo”, valora Camarelles. Los expertos urgen a limitar las interacciones con la industria, penalizar las puertas giratorias y reforzar las medidas antitabaco, como subir el precio o el envasado genérico. “Entendemos que la legislación actual garantiza el control sobre le tabaco, por lo que debe garantizarse su cumplimiento antes de abordar nuevas medidas”, tercia la Mesa del Tabaco.