La Fiscalía pide 12 años de prisión para el responsable de una ONG por explotar laboralmente a toxicómanos

En 2012, Julián Márquez y su pareja María José Palma, comenzaron presuntamente a captar en los comedores sociales y otros centros asistenciales de Valladolid a personas en situación de “extrema necesidad” con la promesa de ayudarles en su rehabilitación social, según el escrito de la Fiscalía. Después de registrar una asociación sin ánimo de lucro, con el nombre de Retomar (Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y Marginales), ambos forzaron a cerca de 50 personas sin recursos o adictas al alcohol o las drogas a trabajar para esa ONG jornadas de hasta 10 horas sin remuneración. Este lunes ha arrancado en la Audiencia Provincial vallisoletana el juicio en el que ambos serán juzgados. La Fiscalía pide para Palma ocho años de prisión por un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. Para Márquez, solicita un total de 12 años, ya que le añade el delito de contrabando.

Tal y como señala el escrito de acusaciones de la Fiscalía, lejos de ofrecer a las víctimas “una terapia efectiva para su rehabilitación personal y reinserción social”, se les ocupó laboralmente en actividades que “no respetan la normativa ni los convenios colectivos existentes en el sector”, con la “única finalidad de su enriquecimiento personal”.

Los hechos se remontan a 2012, cuando la pareja contactó con la empresa Plásticos Magonsa S.L., en Palencia, para venderles residuos de plástico. Cada día, unas 14 personas, supuestos empleados de Retomar, se desplazaban a esa compañía para la selección y tratamiento de esos materiales plásticos. Durante años, los dos responsables de Retomar solo dieron de alta en la Seguridad Social a cuatro trabajadores y a media jornada (cuatro horas al día), mientras que en el escrito del Fiscal aparece que llegaron a trabajar en ese puesto hasta 50 personas. La jornada laboral se extendía desde las ocho de la mañana hasta la nueve de la noche, con un descanso de media hora a media mañana y otro de dos horas para comer. Los supuestos empleados no percibían ningún salario por esa actividad, tan solo comida, alojamiento y, en alguna ocasión, picadura de tabaco. Este último producto era otro de los negocios ilegales de Julián Márquez.

La policía encontró en las instalaciones de Retomar, en la avenida de Gijón de Valladolid, “picadoras de tabaco profesionales en el patio”. Según las pesquisas policiales, Márquez obligaba a las personas captadas en comedores sociales a picar hoja de tabaco. La Abogacía del Estado, personada en el juicio celebrado este lunes, ha informado de 70 envíos de bolsas de tabaco, unos 2.500 kilos en total, valorados en 416.000 euros. El acusado se ha desmarcado durante la celebración del juicio: “Nunca he comercializado tabaco”. “Suministraba tabaco a los usuarios no como remuneración ―según sospechan los investigadores―, sino como tratamiento. Es fundamental para quitar el ansia”, ha explicado al juez.

Uno de los guardias civiles ha asegurado en la vista que los denunciantes “se sentían esclavos” ante “horarios eternos”, sin sueldo y sin elementos de protección. Además, les prohibían acudir al médico si sufrían accidentes laborales como el del “Chato”, un hombre que se rompió las dos piernas por un accidente sufrido en la empresa de gestión de plásticos y al que obligaron a decir que se había caído de una escalera mientras asistía a su terapia en las instalaciones de Retomar.

La asociación Retomar facturó “importantes ingresos” hasta 2015, según consta en el escrito de la Fiscalía: 67.753 euros en 2012; 182.408 en 2013; 130.789 en 2014 y 921.288 euros en 2015.

Rehabilitación sin especialistas y con contrabando

La ONG, ha reconocido su responsable, no contaba con especialistas en rehabilitación porque él y su pareja, ex toxicómanos, “bastaban”. “Éramos toxicómanos, la mejor ayuda es nuestro propio conocimiento”. “Mejor que yo no creo que haya nadie”, ha sostenido Márquez, con un corazón tatuado en el cuello.

El primer guardia civil en testificar ha destacado que un indigente llamó al 112 y les relató cómo él y sus compañeros tenían que mendigar porque sus supuestos jefes jamás les pagaban ningún salario. Además, les contaron que debían reclutar a personas en situaciones similares y que llegaron a participar en matanzas porcinas organizadas sin las condiciones sanitarias pertinentes.

La ausencia de charlas con rehabilitadores se sustituía por trabajo y más trabajo. Los guardias civiles han destacado que ninguna de las personas con las que conversaron les mencionó siquiera estar registrados en la seguridad social. “La única terapia era tenerlos trabajando”, han apreciado. Hasta el tabaco que picaban estaba en mal estado, les contaron las víctimas: “Las hojas tenían hongos”.