La Justicia confirma 10 años de prisión para la mujer que denunció falsamente que su expareja la agredió y echó pegamento en la vagina

El tribunal superior de Castilla y León ratifica la pena impuesta a esta mujer leonesa por simulación de delito y detenciones ilegales

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Burgos.
Sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Burgos.Europa Press

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado una pena de 10 años de prisión para una mujer, de iniciales V.G.G., que denunció falsamente que su expareja la había amenazado, secuestrado, agredido y echado pegamento en la vagina en 2016. Los magistrados le atribuyen un delito de simulación de delito y detenciones ilegales —el hombre pasó 79 días privado de libertad por esta denuncia falsa— y ratifican así la sentencia de la Audiencia Provincial de León. La resolución judicial también impone una multa de 2.100 euros a un segundo implicado que, compinchado con la mujer, pretendía “que su exnovio fuera detenido y encarcelado”. La memoria anual de 2019 de la Fiscalía recoge que solo siete de las 168.057 denuncias por violencia de género presentadas en toda España fueron falsas.

La sentencia establece que V.G.G. planeó utilizar a los agentes y al juez para que el hombre con quien había mantenido una relación sentimental en el pasado fuese arrestado y conducido a prisión. El hombre, que había quebrantado varias órdenes de alejamiento de la mujer en el pasado, tuvo que pasar varios días entre rejas por unos hechos que “revestían fundados indicios de delito y riesgo para su integridad física”. La mujer todavía puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La condenada, procedente de la localidad berciana de Fabero, recurrió el fallo de la Audiencia Provincial de León y alegó que se le atribuían unas “complejas maquinaciones” que no se correspondían con “sus limitadas capacidades y su frágil personalidad”. Asimismo, argumentó que las distintas privaciones de libertad que sufrió su exnovio, que sumaron un total de 79 días, no se debieron a sus complots, sino a cómo la Policía aplicó los protocolos de violencia de género y a la presión de los medios de comunicación.

Según la sentencia, la acusada y su socio crearon en agosto de 2016 una cuenta de correo electrónico desde donde le enviaron a V.G.G. mensajes amenazadores y fotos del su domicilio. Posteriormente, denunciaron estas supuestas coacciones y su expareja estuvo encarcelada varias semanas. Una vez este recuperó la libertad, en octubre, la mujer llevó a la Guardia Civil unos presuntos mensajes hostiles en Facebook que finalmente no supusieron perjuicio para el afectado.

La acusada, entonces, “resuelta a provocar la privación de libertad” del varón, urdió un plan para que su cómplice la recogiera de su casa en la noche del 17 de octubre de 2016. Dejó a su hijo en el inmueble, que quedó con la puerta abierta. Después, viajaron hasta Bembibre (a 34 kilómetros), donde residía el otro hombre. Una vez allí, cerca de la estación de tren, el compinche ayudó a la mujer a atarse las manos con cinta adhesiva, a colocarse una media en la cabeza, a romperse la camisa y a echarse pegamento cerca de la zona púbica en la pierna izquierda. Asimismo, la leonesa se autolesionó en varias zonas de su cuerpo y quedó descalza.

A continuación, ya de madrugada, la mujer vagó hasta una farmacia cercana, simuló un ataque de pánico y reclamó la ayuda de la Guardia Civil asegurando que su expareja iba a matar a su hijo y que había sido secuestrada y abandonada. Según el relato falso dictado a los agentes, dos individuos la asaltaron en su vivienda y la trasladaron en coche hasta Bembibre, donde le derramaron “líquido caliente” entre las piernas para posteriormente soltarla cerca de las instalaciones ferroviarias. La sentencia recoge que la decisión de aprehender al varón en ese momento era “consecuencia de la valoración de la entidad de la entidad de los hechos, tal y como fueron presentados por la acusada” y que esta intervención, ante el riesgo potencial percibido hacia su integridad física, era “proporcionada y acorde con la vigente ley de violencia de género”.

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Las investigaciones posteriores de las autoridades revelaron que las excusas de la acusada, que aseguraba carecer de “conocimientos técnicos” para crear las cuentas ficticias de correo electrónico, se desmontaron al hallar en su vivienda anotaciones “de su puño y letra” sobre cómo ficcionar correos y fotos de las redes sociales de la víctima. Asimismo, tampoco se han encontrado razones que indujeran a la “meticulosa escenificación del secuestro”. Los informes periciales psicosociales apreciaron que “su capacidad de distinguir entre sucesos vividos e inventados, y su capacidad de mentir y decir verdad será como la que se pueda encontrar en cualquier adulto”.

Sobre la firma

Juan Navarro

Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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