El alto tribunal de Castilla y León reprende al alcalde de Valladolid por criticar a un juez

Las diferencias por la validez de una multa de 200 euros ha provocado un conflicto dialéctico en la justicia de Castilla y León. El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, cargó este jueves contra la decisión de un juez de retirar una penalización a una conductora que se saltó un semáforo en rojo. “No me pienso comer esta sentencia”, recalcó Puente ante un fallo del juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Valladolid, a la que calificó de “no ajustada a la ley” y “arbitraria”, además de señalar al juez, Francisco Javier Zaratain y Valdemoro, al llamarlo “reincidente” por otras infracciones similares levantadas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha censurado dichas declaraciones en un comunicado que reprueba la reacción del edil: “La crítica de toda resolución judicial es legítima. La descalificación personal del juez o magistrado que la dicta no lo es bajo ningún concepto”.

Puente, con un historial de intervenciones polémicas, apoyó sus declaraciones con seis imágenes en las que el sistema de radar conocido como “foto rojo” detectó cómo un vehículo rebasa un semáforo ya en rojo. El alcalde vallisoletano sostuvo que el magistrado le dijo que conocía bien el tema porque a su pareja “le han caído tres multas". El TSJCyL ha entendido que “las alusiones personales a la esposa del magistrado son inaceptables y solo descalifican a quienes las realizan”.

El también portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE lamentó que esta resolución firme no se pueda recurrir, pero aún así destacó “no me pienso comer esta sentencia”. La autoridad judicial castellanoleonesa le ha precisado que esa afirmación “supone una directa vulneración del principio constitucional de separación de poderes” y le ha recordado que ese precepto recoge que "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”.

El juez Zaratain y Valdemoro, a quien Puente tildó de “reincidente” por “trasmitir el mensaje de que saltarse un semáforo en rojo sale impune” justificó la eliminación de la multa porque el Ayuntamiento “vulnera consciente y deliberadamente” la Ley de Procedimiento Administrativo Común porque no notificó la primera denuncia a la conductora del turismo. El TSJCyL recalca que “la sentencia dictada no afecta a la ciudad; advierte que el proceder municipal no es conforme a derecho. Lo que sí afecta a los vallisoletanos es la actuación contraria a derecho de su propia Administración”.

El Alto Tribunal ha respaldado la decisión del magistrado y ha presentado cinco motivos, además de sentencias del Tribunal Supremo, que avalan al jurista. La primera, que no se informara a la ciudadana “conforme a derecho”. El escrito añade otros motivos, como que el Consistorio “no puede obligar al conductor a autoinculparse”; que "el Ayuntamiento está obligado a contestar las alegaciones que se le hagan y no es suficiente el uso de modelos proformados; que se debe “instalar carteles anunciadores de la existencia de dispositivos de captación de imágenes, radares de cualquier tipo o instrumentos equivalentes, máxime si son utilizados para sancionar a los ciudadanos” porque “en cualquier ciudad de España lo están”; y que “el Ayuntamiento está obligado legalmente a someter a control metrológico esos dispositivos”.

Este tipo de cámaras, como las que pillaron a la mujer rebasando de forma prohibida el semáforo, llevan 14 años instaladas en la ciudad. La infracción se cometió entre la Avenida de Zamora y el Camino Viejo de Simancas, en las afueras de Valladolid, una zona que habitualmente tiene poco tráfico.