El presidente del Tribunal Superior de Castilla y León sostiene que el estado de alarma “suspende derechos fundamentales”
También cree que el Gobierno usa “la paralización del país para fines distintos de salvar a la población del virus"
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), José Luis Concepción, ha asegurado que el estado de alarma instaurado ante la pandemia del coronavirus provoca que los españoles tengan "suspendidos algunos derechos fundamentales”. Concepción ha asegurado este jueves en Onda Cero que se encuentra “muy preocupado” ante la “crisis sanitaria y económica” y también ante la “crisis política derivada de un Gobierno que usa la paralización de un país para fines distintos que salvar a la gente de la enfermedad”.
El magistrado, que ya ha cargado en ocasiones anteriores contra decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la exhumación de Franco, entiende que “de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución y la ley" el estado de alarma “permite al Gobierno limitar o restringir algunos derechos”. Pero Concepción cree excesiva su aplicación ante derechos como “la libertad ambulatoria”. El jefe del alto tribunal, ubicado en Burgos, adscribe su pensamiento a una “reflexión desde lo jurídico” y desde la “libertad de expresión” porque “se está utilizando un estado de los previstos en la ley de estados de alarma para algo más de lo que permite la ley de 1981 para restringir ocasionalmente algún derecho, con la finalidad exclusiva en este caso de parar una epidemia”. Concepción, que dice dudar entre denominarlo “estado de alarma” o "estado de excepción” asegura que este mecanismo se está empleando “para legislar extramuros de la necesidad que provoca la epidemia”.
El juez ha criticado asimismo el “colapso” judicial ante la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de suspender, salvo los casos excepcionales, la actividad en los juzgados. Concepción insta a “levantar ya” los plazos judiciales y encuentra “paradójico” que desde hace tres semanas “se permita que los profesionales del derecho presenten escritos en órganos judiciales” pero que las plantillas judiciales “estén a un porcentaje ínfimo de funcionarios" dándoles respuesta. El Superior de Castilla y León aprobó este lunes instar a “levantar la suspensión de los plazos procesales para desarrollar la reactivación judicial” porque “si no, cualquier plan será inviable”. “Hemos pedido que se nos permita dar respuesta a la demandas de los ciudadanos”, ha sentenciado Concepción. Los plazos están suspendidos desde que se decretó el estado de alarma y el plan acordado por el ministerio y el Consejo General del Poder Judicial contempla levantar esta suspensión a partir del 2 de junio.
El juez también ha sostenido en la entrevista radiofónica que “no parece acertado que las calles se hayan poblado de gente pero los negocios o los juzgados estén sin poder funcionar al 100%, el Gobierno debe conjugar ambos riesgos” en referencia a lo sanitario y lo económico. Concepción ha incidido en la gravedad de la crisis económica que conlleva la emergencia sanitaria y, en cuanto a las propuestas de partidos como el PP de remplazar el estado de alarma por la Ley de Seguridad Nacional, asegura que “el Gobierno debiera de adoptar todas las medidas legales para tratar de parar esta epidemia, la amenaza sanitaria es trágica pero debe de poner los medios para reactivar la economía inmediatamente”.
Recuento de fallecimientos en Castilla y León
José Luis Concepción también ha apuntado que el registro de defunciones solicitado por el alto tribunal que comanda a los registros civiles doblan a las cifras oficiales entre marzo y abril. Según este conteo, ha afirmado, los decesos ascienden a 3.672 contra las algo más de 1.800 computadas formalmente en ese periodo. El Superior de Castilla y León, igual que el de Castilla-La Mancha, reclamó “dos o tres semanas después” de la suspensión de las “actuaciones judiciales” las certificaciones médicas de defunción y de entierros porque “no cuadraban en absoluto con las cifras oficiales”.
El propósito de esta iniciativa, mantiene, pasa por “colaborar con lealtad institucional con el Gobierno de España, que puede recabar estos datos a través del Ministerio de Justicia para que pueda poner remedio a lo que está ocurriendo”. Castilla y León continúa, salvo una minoría de las zonas básicas de salud regionales, bajo el modelo de fase 0 de desescalada a causa de una alta incidencia de la covid-19 en el territorio.
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