Si el desarrollo de la vacuna contra la covid-19 es una carrera que ha quebrado récords históricos de velocidad, implementar campañas para que las dosis lleguen a la mayor cantidad de personas posible —y en las condiciones que deben llegar— será una carrera de resistencia en América Latina.

Los países de la región, que casi no han tenido participación en las vacunas que se encuentran más avanzadas, están en peor posición para acceder a un mercado que apenas va a poder satisfacer una pequeña parte de la necesidad existente: todo el mundo, literalmente, necesitará las vacunas, y no parece que haya de sobra por ahora. Pero el desajuste entre la demanda y la oferta es apenas el primer obstáculo de esta carrera: “No es solamente la vacuna. Hay que tener toda la planificación y toda la preparación”, asegura Jarvas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud.

Además del acceso a las dosis, América Latina deberá resolver con condiciones desiguales dos grandes frentes de batalla: los problemas técnicos —falta de recursos e infraestructura para almacenar, distribuir y aplicar las dosis— y los problemas culturales, porque la vacuna se ha convertido también en un asunto político. Es una cuestión de confianza: la predisposición de las sociedades a vacunarse está atravesada hoy por el nivel de apoyo o recelo hacia sus gobernantes, la polarización y un puñado de prejuicios alimentados por noticias falsas, hábitos arraigados y campañas de desinformación.

Obtener la vacuna

“Hemos llegado a un acuerdo con” es uno de los inicios de frase más repetidos en los últimos meses entre los dirigentes latinoamericanos, seguido por el nombre de una farmacéutica o institución metida en la producción de vacunas. Pero “un acuerdo” puede significar muchas cosas. A veces solo es el inicio de una negociación. Otras, las menos, es una compra. Luego están los acuerdos que no se anuncian o tardan en hacerse. Lo que sabe, a día de hoy, es incompleto. Los datos disponibles señalan que solo el país más rico de la región, Chile, cuenta con un stock preadquirido de vacunas comparable (incluso superior, al menos por ahora) al de Estados Unidos o la Unión Europea: 84 millones de dosis para una población estimada en 19 millones de personas. Es decir, 4,4 dosis por habitante.

Una sola dosis no es suficiente por dos razones: primera, los ensayos preliminares para los que existen datos disponibles indican que hará falta más de una para garantizar una inmunidad significativa durante un tiempo razonable, que ni siquiera se sabe cuán largo será. Segunda, y más importante ahora mismo: aún no se sabe a ciencia cierta qué vacunas van a funcionar. Aunque hay datos preliminares muy prometedores para algunas de ellas, también es posible que a medida que avancen los estudios los porcentajes de efectividad se vayan ajustando. Así que tiene sentido no arriesgarlo todo a un solo corredor.

“Hay que recordar que a estas vacunas, por ejemplo en Inglaterra, o incluso en Estados Unidos, si todo sale bien, se les está dando una autorización de emergencia”, explica la científica mexicana Laura Palomares, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que lidera uno de los dos proyectos de desarrollo de vacuna de esta universidad. Eso no significa que las que ya comienzan a aplicarse serán inseguras, apunta, pero el proceso es diferente a una aprobación para la comercialización, “que es lo que normalmente requiere una vacuna para ser utilizada”. Y eso también supone, como punto de partida, un desafío para las regulaciones internas de cada país a la hora de aprobar y liberar un medicamento.

No todas las vacunas en los portafolios de compra de los países —cuanto más ricos, más diversas son sus preadquisiciones, de acuerdo con los datos recogidos por la Universidad de Duke— cuentan con las mismas garantías. En Chile, tres cuartos de sus adquisiciones vienen de la china Sinovac, sin pruebas de efectividad a día de hoy. Aparte del caso chileno, Ecuador y México cuentan con un portafolio de compras que incluye dos de las más prometedoras ahora mismo (Oxford con AstraZeneca y Pfizer). México en concreto ha diversificado durante noviembre, al parecer esperando a contar con resultados preliminares prometedores para cerrar negociaciones, pues antes no contaba con ninguna de las dos.

En Argentina, Brasil y Venezuela se apuesta por la rusa de Gamaleya. Sputnik V (así se llama el proyecto) ha anunciado una efectividad muy elevada, pero al mismo tiempo despierta dudas en la comunidad científica por la falta de transparencia del proceso manejado por el Gobierno de Vladímir Putin. De la misma manera, si finalmente la vacuna encabezada por AstraZeneca con Oxford se tuerce, Argentina, Brasil y Ecuador se quedarían sin la mitad de su inversión actual.

Para algunos países, la dimensión geopolítica juega también un papel determinante: Venezuela, por ejemplo, no tiene probablemente capacidad por sí misma para acceder a otras vacunas que no sean de origen chino o ruso. En teoría, el régimen mostró desde el principio su disposición para formar parte del mecanismo COVAX, una alianza internacional formada por 172 países, sobre todo de ingreso medio y bajo, cuyo cometido es precisamente construir una cartera diversificada de inversión en proyectos de vacuna. Sin embargo, a finales de octubre se supo que no disponía de fondos para unirse a Colombia, México o Brasil, otros grandes países latinoamericanos que lo integran. De esta manera, la realidad política también condiciona la sanitaria, y se une a la creciente fragmentación del panorama internacional: al fin y al cabo, los miembros latinoamericanos de COVAX están adquiriendo ya vacunas por su propia cuenta.

Mecanismos como COVAX deberían servir también para mejorar el ajuste entre oferta y demanda en un mercado de vacunas que se volverá complejo más rápido de lo previsto. Y su propia complejidad es también el inicio de obstáculos que muchos países no han anunciado aún cómo van a resolver: 17 días antes de que el Gobierno mexicano anunciara que había firmado un acuerdo con Pfizer, por ejemplo, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell había dicho que el país no pensaba comprar la vacuna de Pfizer porque no disponía de una “red de ultracongelación” para poder maniobrarla en condiciones.

Material delicado

La vacuna de Moderna, una de las que cuentan con resultados preliminares, no aparece en las listas de América Latina por dos motivos elocuentes: por un lado, porque su dosis apunta a ser una de las más caras del mercado —entre 10 y 50 dólares (8,2 y 41,2 euros), según ha dicho Moderna, y probablemente más cerca de la segunda cifra—; por otro, porque deben ser mantenidas por debajo de -20 grados centígrados. Aunque su manejo no requiere de congeladores especiales como la vacuna de Pfizer (que necesita mantenerse por debajo de -70 grados), el elevado precio de la dosis se suma a las condiciones de una región con una geografía muy diversa y compleja, poblada de rincones donde se combinan temperaturas tropicales con falta de infraestructura energética adecuada.

“Es el mayor desafío logístico que el mundo jamás ha visto”, ha dicho Toby Peters, profesor de Economía fría en la Universidad de Birmingham, el Reino Unido, que participa en un proyecto de investigación para elaborar un plan de acción para futuros programas de vacunación a gran escala en el sur del mundo.

Después de los obstáculos que suponen la adquisición, la evaluación y la liberación de la vacuna, la doctora Palomares señala el desafío que suponen las condiciones particulares de cada una. La enumeración que hace con el ejemplo de la vacuna de Pfizer, que viene en multidosis, es suficiente para hacerse una idea: “Hemos escuchado que hay que descongelarla; que descongelada solamente va a estar 5 días disponible, pero una vez que ya está diluida —porque es necesario diluirla con una solución salina—, pues entonces son horas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la logística para aplicarle a las personas esa primera dosis? Y ahora viene el problema siguiente: son dos dosis. Todas estas vacunas que están en estas fases son dos dosis. ¿Y cómo vas a saber qué vacuna se le puso a cada persona en la primera dosis si conviven las vacunas, lo cual seguramente va a pasar. Esa es una pregunta. Y la segunda es: ¿Cómo te vas a asegurar de que la persona vaya a ser vacunada”.

Los desafíos logísticos llegan, además, en un momento complicado. Si, en 2016, la OPS había declarado América Latina como la primera región del mundo que había erradicado el sarampión, la misma organización reconoce en un informe reciente que “los progresos en la cobertura de la inmunización se estancaron” en los últimos años: citan justamente la cifra del 85% para las vacunas del sarampión, una de las enfermedades más fácilmente transmisibles que existen en el mundo, lo que ha llevado a países como Brasil a sufrir rebrotes localizados pero significativos en los últimos años. También para la DTP (difteria, tétanos, tos ferina). “El Pacífico Occidental y especialmente la región de las Américas están sufriendo descensos en cobertura”, añade la OPS: “En las Américas, varios países se han descolgado, incluyendo algunos con grandes cohortes con resultados anteriormente muy buenos, como Brasil o México”.

Así lo evidencian los datos: desde 2012 en México, 2014 en Argentina y 2015 en Brasil, las tasas de vacunación de DTP entre niños de un año ha disminuido de manera significativa. Con la epidemia, solo cabe esperar que esta situación empeore. La encuesta sobre el terreno realizada por la OMS para conocer la impresión de los expertos sobre inmunización y covid-19 apunta a que, efectivamente, la vacunación se está resintiendo este año. El miedo entre la población es el factor más frecuentemente citado por dichos expertos.

La Agenda 2030 de la OMS, cuyo objetivo es una vacunación mucho más completa en la siguiente década, cita aprendizajes clave del pasado que no han desaparecido y que, por el contrario, pesan mucho en la región: la capacidad disruptiva de los conflictos políticos y sociales y de las crisis climáticas se suma a los movimientos migratorios cada vez más intensos para interrumpir procesos.

Países como Honduras o Venezuela sirven de ejemplo de la interacción entre coyuntura y estructura: en el primero, los desastres climáticos y la migración pueden haber afectado de manera diferencial sus tasas de vacunación en ciertas áreas (la cobertura de DTP entre bebés se ha despeñado del 98% en 2015 a menos del 90% en 2019). En Venezuela, la triple crisis social, política y económica ha destruido el sistema de salud hasta convertirlo en el país con menor cobertura de la región.

En su estrategia con horizonte 2030, la OMS habla de un factor más para explicar los vaivenes en la vacunación, que en realidad es el primero de su lista: sostener la confianza es crucial. Todo ello se ve afectado por la disponibilidad de instalaciones, servicios, personal preparado y, por supuesto, la expansión de la desinformación o la frustración de expectativas: ellas solas, en realidad, se bastan para poner en peligro la vacunación.

¿Y si no se la quieren poner?

Porque qué sucede si después de conseguir dosis suficientes de una vacuna segura, eficaz, funcional y accesible, si tras montar las redes y la estrategia de vacunación, hay una proporción importante, tal vez hasta mayoritaria de la población, que no está dispuesta a vacunarse.

Los datos que el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) recoge con Facebook en una encuesta continuada que inició en julio para cuatro países de la región son preocupantes. En Argentina, Brasil y Colombia ha venido descendiendo de manera sostenida la proporción de población dispuesta a vacunarse. En México se ha mantenido en niveles del 70% desde el principio.

La confianza media durante todo este periodo, si se agregan los datos de las diversas olas de encuesta para minimizar el efecto del ciclo de noticias, es aún más alta en Brasil (o Venezuela) que en Chile, Argentina o Colombia. En los dos últimos, organizaciones expertas en verificación de datos y análisis de discursos en redes sociales coinciden en la gran cantidad de ruido acumulado alrededor de “la vacuna rusa”, como se conoce a la Sputnik V.

Así lo ha detectado Pablo Medina Uribe, de ColombiaCheck, y también Cristina Vélez Vieria, de Linterna Verde. La política partidista (acusaciones de afinidades políticas, como la de Cristina Fernández de Kirchner con el Gobierno de Putin) se mezcla con el escepticismo ante la falta de resultados confiables según el monitoreo que mantiene Linterna, donde Vélez Vieira detecta una mayor cantidad de tráfico justamente en los países que han anunciado compras a Gamaleya.

China también despierta recelos, mediados en cualquier caso por una interacción partidista. Cristina Tardáguila, directora de Agencia Lupa, menciona por ejemplo la existencia de movimientos antiChina y una xenofobia creciente como uno de los factores detrás del ruido en torno a las vacunas en Brasil. Promovida, sobre todo, por Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, como motor de una confrontación basada en intereses políticos. De hecho, Tardáguila considera que el debate en torno a la vacuna en el país “tiene muy poco que ver con la salud, y mucho que ver con la disputa y la polarización política”. La vacuna, en esencia, se ha vuelto un arma arrojadiza en la tensionada política de dos dirigentes que ya piensan en elecciones futuras: “Por un lado tienes a Bolsonaro diciendo que la gente no estaría obligada a tomarla; y por el otro lado está el gobernador de São Paulo, João Doria, que está promoviendo una de las opciones como siendo ‘la vacuna de São Paulo’. Y ellos dos son nombres para disputar la presidencia en 2022”.

La manipulación de información sobre la vacuna en función de intereses sectoriales y pujas políticas se reproduce también en Argentina, con particularidades propias. Además de la desconfianza de los opositores al Gobierno sobre la vacuna rusa —porque ven allí una afinidad ideológica sospechosa—, Laura Zommer, directora de Chequeado, relata cómo un proyecto de ley encaminado a permitir al Gobierno la firma de acuerdos para la compra de vacunas despertó reacciones desde el extremo antivacunas: grupos como Psicólogos por la verdad y Médicos por la verdad, que suelen distribuir información falsa sobre el coronavirus, difundieron publicaciones que afirmaban (falsamente) que el proyecto pretendía garantizar impunidad ante eventuales efectos adversos. Chequeado determinó, por ejemplo, que una de sus referentes más visibles, la médica Chinda Brandolino, es una activa militante antiaborto que apoyó un partido de extrema derecha en las últimas elecciones. El proyecto de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo que dividió profundamente a la Argentina en 2018 —en estos momentos la Cámara de Diputados debate un nuevo proyecto enviado al Congreso por el Ejecutivo—, ha sido también un gran factor de polarización que interfiere en las miradas sobre la vacuna.

El particular caso colombiano

A los casos de Argentina y Brasil se une Colombia, uno particularmente llamativo tanto por su bajo índice relativo de confianza como por el repunte que, al parecer, ha sufrido en las últimas semanas (y cuya duración está por verse). Vélez Vieira conjetura que el efecto de la comunicación constante que mantiene el Gobierno en torno a la pandemia podría estar teniendo un efecto positivo, sobre todo entre los segmentos de población que más siguen el programa televisivo diario que mantiene el presidente Iván Duque desde marzo. Tarde tras tarde, durante una hora, Duque habla de la situación epidemiológica y publicita las medidas que va tomando. Este esfuerzo tendría un reverso: alinear de manera más nítida la confianza en las medidas del Estado frente a la pandemia con la propia fe en las instituciones.

El ámbito conservador colombiano, al que pertenece el partido del presidente, tiene una larga tradición de confianza institucional que contrasta con el escepticismo del otro lado del espectro ideológico. Una división que, al parecer, estaría filtrándose a la visión sobre la vacuna, mucho más confiada entre quienes albergan una buena opinión del Gobierno actual.

Además de los efectos secundarios, citados por la mitad de los escépticos de la vacuna, parece que la desconfianza hacia las farmacéuticas cuenta con cierto peso específico: casi 3 de cada 10 la citan como motivo. Esto casa bien con la desconfianza institucional mediada por la ideología que ya vimos en Brasil o en Argentina, pero que aquí se reproduce con una estructura invertida: una derecha proinstitucional, y una desconfianza antisistema más volcada hacia la izquierda.

La falta de fe tiene también una imbricación en Colombia: es la clase media la que muestra una mayor desconfianza hacia la vacuna. Los estratos altos cuentan con mayor acceso a información de calidad (y tiempo libre para procesarla); los bajos disponen de un conocimiento mucho más cercano y realista de los efectos de esta u otras enfermedades (en Bogotá, por ejemplo, la incidencia de la epidemia es varias veces mayor entre las personas residentes en hogares de menor estrato). Los segmentos intermedios, sin embargo, no disponen ni del tiempo, ni del acceso, ni tampoco de los incentivos de manera tan nítida para irse por la vacuna.

Tardáguila aporta una pista para Brasil que quizás pueda completar la interpretación del dato de clase: según su impresión, el movimiento antivacunas brasileño tiene años apoyándose en ciertas iglesias evangélicas, con particular predicamento entre las clases medias más castigadas de la región. Un vínculo que Medina Uribe también ha detectado en Colombia, y que de hecho proviene de mensajes que circulan por todo el continente. Un episodio ocurrido en mayo sirve para atisbar el poder de estas conexiones: Miguel Arrazola, conocido pastor evangélico nacido en Cartagena de Indias, aprovechó la pandemia para acrecentar su fama uniéndose a Ruddy Gracia, dominicano residente en Estados Unidos y fundador del ministerio Segadores de Vida. Su presentación en un directo de Instagram despertó la atención de medios masivos en el país a base de señalar una conspiración mundial según la cual Bill Gates habría lanzado el virus al mundo solo para después implantar un mecanismo de control global mediante la vacuna. Como si fuera una colaboración entre cantantes, Arrazola unió sus 400.000 seguidores en Instagram a los 800.000 de Gracia para atraer atención y multiplicar sus audiencias: lo consiguieron.

A finales del año pasado, la red internacional de noticias de ciencia para el desarrollo Scidev.Net reportaba que las barreras habituales contra la vacunación en América Latina se habían diversificado: no eran ya las clásicas brechas económicas y geográficas las que estaban obstaculizando la vacunación, sino el aumento de las dudas sobre su efectividad, la influencia de información externa y las creencias religiosas. A eso había que sumar, señalaban los especialistas, problemas de desabastecimiento. Eso para prevenir enfermedades conocidas. Un año después, con las brechas habituales profundizadas por la crisis, un desabastecimiento de partida y la desinformación desatada, la región debe enfrentar la vacunación para una enfermedad nueva.