Una de cada cuatro muertes por covid notificadas desde el final de agosto procede de residencias
Los contagios en los centros sociosanitarios han subido un 34% desde final de octubre, según datos de las comunidades autónomas
![María Sosa Troya](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fe34e5182-6cd9-4158-b0a6-afc32935b9b7.png?auth=cfff25ba8c980d37d8559a601fa0c21805e03271c0a2d96b7a3337f5a1a41499&width=100&height=100&smart=true)
Una de cada cuatro muertes por covid-19 notificadas desde final de agosto por las comunidades es de un residente en un centro sociosanitario (de mayores o de personas con discapacidad). Tras el tsunami de la pasada primavera, cuando el virus irrumpió en muchas de estas instalaciones y causó más de 20.000 fallecidos, las residencias siguen siendo un importante foco de contagio, especialmente los geriátricos. Ante la falta de cifras oficiales a nivel nacional, el porcentaje es una estimación de este diario tras solicitar datos a las 17 autonomías, tanto de los decesos de los residentes como del total en la región. Entre el 31 de agosto y el 17 de noviembre se comunicaron 14.464 muertes, de las cuales 3.484 corresponden a residencias. A esa fecha —o a la última actualizada por la comunidad hasta entonces— había, además, al menos 8.700 contagios activos en centros (ni Castilla y León ni Asturias facilitan esta información). Son un 33,6% más que a final de octubre. Un 281% más que a final de agosto.
Los datos de las comunidades son muy poco homogéneos. Pero permiten calcular que, hasta el 17 de noviembre, más de 24.500 residentes en centros sociosanitarios habían muerto por covid confirmada o sintomatología compatible desde el inicio de la pandemia. Las 3.484 notificadas desde final de agosto suponen el 24,1% del total de muertes registradas en el mismo periodo. Pero la cifra se eleva al 29,8% si se excluyen los datos de Madrid, que son incompletos porque solo incluyen las muertes en los propios centros, y ahora muchos mayores fallecen en los hospitales, dado que hasta el momento no ha habido problemas para derivar los casos que así lo requieran. Solo en dos comunidades, además de en Madrid (3,5%), este porcentaje baja del 20%: Comunidad Valenciana (18,9%) y Canarias (8,7%). En Baleares los decesos de mayores que vivían en residencias suponen casi seis de cada 10 (58,4%) de todos los fallecimientos notificados en este tiempo.
En valores absolutos, las comunidades que más muertes de residentes en centros sociosanitarios notificaron desde final de agosto fueron Cataluña (702), Castilla y León (595) y Andalucía (544). Porcentualmente, las mayores subidas se han registrado en Murcia (las 99 muertes comunicadas suponen un incremento del 150% respecto a hace dos meses y medio), Baleares (94 muertes, un 97,9% más) y Andalucía (un 93,2% más).
Hay grandes diferencias en la forma en que las comunidades presentan sus datos. Hay regiones como Aragón o Andalucía que actualizan las cifras de residencias una vez a la semana, por lo que se ha utilizado la más próxima al 17 de noviembre (nunca un dato posterior a esa fecha). La mayoría informa de la situación específica en geriátricos, pero Madrid y Castilla y León no detallan la situación en estos centros, sino en los sociosanitarios en general, aunque la gran mayoría también son mayores, a juzgar por los datos del resto de comunidades. Hay territorios que desglosan los datos, divididos entre los mayores que se sometieron a una prueba y los que presentaban síntomas compatibles con el virus y fallecieron sin que se les realizara un test, y otros que dan la información conjuntamente.
Pero, aun con estas deficiencias, la única forma de conocer cuál es la situación en las residencias de mayores (o los centros sociosanitarios, para las comunidades que no especifican los datos de los geriátricos) es recurrir a las 17 autonomías y sus 17 sistemas de información (en el caso vasco hay que consultar también con las diputaciones). Porque, ocho meses después de que estallara la pandemia, los datos de fallecimientos y contagios siguen sin estar centralizados. El Ministerio de Sanidad recaba información únicamente de los brotes, que da a conocer cada viernes en su informe diario. En el Ministerio de Derechos Sociales explican que no reciben información directa de las autonomías (que son competentes en servicios sociales).
![Una sanitaria realiza un test PCR a una mujer en una residencia de Barcelona.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/SFXFVA2RE2MQS7CN4N5RU7CQVQ.jpg?auth=caaa0bcea69e15baf7257650a865d898e21acc915433b446c15fb2fd80ea66e1&width=414)
La situación es ahora diferente a la de la primera oleada. Entonces los centros luchaban contra la infección sin poder hacer test a los residentes, sin tener equipos de protección individual para los trabajadores, sin poder enviar al hospital todos los casos necesarios. En el borrador del grupo de trabajo de residencias formado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, las comunidades y los agentes sociales, adelantado por EL PAÍS, se calculaba en 20.268 los fallecimientos hasta el 23 de junio en centros sociosanitarios. Es la primera cifra oficial que trasciende a nivel nacional. Se estimó que fueron aproximadamente la mitad de todos los decesos registrados en el país.
En la “tormenta perfecta” que derivó en el horror vivido en primavera en los centros influyeron cuestiones que no pueden cambiarse, según el informe, como que el virus golpea más fuerte a los mayores o su alta contagiosidad. Pero se citaron también problemas como que, cuando se cerraron los centros, el virus ya estaba dentro; que las ratios de personal son insuficientes o la mala coordinación con el sistema sanitario. Ahora esta última sigue siendo una de las principales reivindicaciones del sector, junto a que se habiliten centros intermedios a los que trasladar a los mayores contagiados y a la petición de test periódicos para los trabajadores, principales transmisores de los contagios, algo que no todas las comunidades realizan.
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), explicó el pasado jueves que, “teniendo en cuenta que hay una transmisión comunitaria [del coronavirus]”, las residencias tenían que afectarse “tarde o temprano”, y ello pese a que ahora están “mejor preparadas” y al “enorme esfuerzo” de los trabajadores. El impacto del virus, por ello, “es mucho menor”. Simón reconoció que no hay datos específicos de letalidad en estos centros, pero afirmó que en mayores de 70 y 80 años, entre los que están quienes viven en geriátricos, rondó el 22% en la primera ola y ahora se sitúa en el “8% o el 8,5%”. El portavoz del Ministerio de Sanidad aseguró que en la primera ola resultaron afectadas alrededor del 20% de las residencias, que aglutinaban muchos casos, y que ahora son “las otras”, pero en menor volumen, las que sufren las consecuencias del virus. Pese a ello, algunos brotes siguen sobrepasando el centenar de infecciones, tal y como pone de manifiesto el CCAES en sus informes.
Si se comparan los datos con los de final de agosto, los contagios activos suben en todas las regiones que facilitan los datos, a excepción de en Bizkaia. Respecto a finales de octubre, solo disminuyen en Castilla-La Mancha (317 menos), Cataluña (317), Galicia (30) y Madrid (1, con información a 12 de noviembre), mientras que aumentan en 845 en Andalucía y en 655 en Aragón (hasta el 12 de noviembre). Dada la situación, los al menos 8.700 contagios activos en residencias reavivan el temor en los centros a que un nuevo colapso del sistema sanitario vuelva a dejar a los mayores en la estacada, el miedo a que vuelvan a restringirse los ingresos hospitalarios de los ancianos que lo requieran.
Se desconoce la cifra real de muertes en Madrid
Cataluña y Madrid son las comunidades con más fallecimientos en residencias desde el inicio de la pandemia, con 7.137 y 4.940, respectivamente, según datos de los certificados de defunción. La primera hace referencia a los decesos de ancianos que vivían en residencias, bien murieran en los propios centros o en hospitales. La segunda, a todos los centros sociosanitarios y, además, no incluye a quienes murieron en hospitales. Es decir, que aún se desconoce el verdadero impacto del virus en los centros sociosanitarios de la región.
Además, los datos de las consejerías de Políticas Sociales y de Sanidad no coinciden. Hasta el final del estado de alarma, Políticas Sociales remitía los datos dos veces a la semana al Ministerio de Sanidad. Según una petición de este diario por el portal de transparencia, con información facilitada por la consejería en base a lo transmitido por los propios centros, hasta el 7 de julio fallecieron 5.954 residentes en los propios centros.
Pero, según los datos que publica diariamente Sanidad, en base a los certificados de defunción, hasta el 17 de noviembre se contabilizaron 4.940 muertes en centros sociosanitarios. Dos cifras oficiales con una diferencia de más de un millar.
Para este artículo, y dado que desde principios de verano la única forma de hacer un seguimiento de los casos en las residencias de Madrid es a través de la información que se publica en el informe epidemiológico diario, se han empleado los datos de Sanidad. Según ellos, del 31 de agosto al 17 de noviembre se contabilizaron 109 fallecimientos en los propios centros. Pero los responsables de las residencias explican que en estos establecimientos ahora fallecen fundamentalmente quienes ya se encontraban en un proceso terminal, lo que quiere decir que los mayores que se infectan y lo requieren son trasladados al hospital. Se desconoce cuántos han sido, ni el número de fallecimientos. Imposible conocer la cifra real de muertes de usuarios de residencias sociosanitarias en Madrid.
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