Johnson ignoró la petición de sus expertos científicos de endurecer el confinamiento

El clima de desconfianza entre Boris Johnson y el equipo de expertos científicos que le asesora en la pandemia se ha revelado en toda su crudeza. Apenas una hora después de que el primer ministro británico anunciara un nuevo sistema de triple alerta para controlar regionalmente el virus, el Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE, en sus siglas en inglés) publicó las actas de su reunión del pasado 21 de septiembre, en las que advertían de que “la incidencia de la covid-19 está aumentando por todo el país y entre todos los grupos de edad”. Con los últimos datos que manejaban, “las nuevas infecciones podrían estar duplicándose cada semana”. Johnson presentó las nuevas restricciones, que entran en vigor este miércoles, como un mal necesario para frenar la pandemia. Los medios británicos definieron las medidas como “draconianas”, y muchos alcaldes y diputados del norte de Inglaterra han amenazado con rebelarse ante lo que consideran un agravio comparativo. La realidad es que, hasta ahora, el único agravamiento de la situación lo sufren la ciudad de Liverpool y sus alrededores, donde se ha impuesto el cierre de bares, pubs, gimnasios y casas de apuestas, o la reunión en interiores de personas de dos domicilios distintos.

El SAGE, sin embargo, proponía al Gobierno ir mucho más allá, para contener el avance desbocado del virus. Ponía sobre la mesa la idea de un “confinamiento-cortocircuito”, de dos semanas de duración, y sugería que se pusiera en práctica de inmediato. Para que resultara eficaz, indicaban, debería prohibirse en todo el país “todo contacto en interiores con miembros de otra vivienda”; el cierre de bares, restaurantes, cafés, gimnasios y comercios de atención personal (es decir, peluquerías); todas las clases universitarias deberían impartirse online; y, finalmente, la recomendación a todas las empresas de que mantuvieran el teletrabajo de sus empleados.

Johnson, aterrado ante la posibilidad de una estocada definitiva a la economía del país, solo aceptó una de esas recomendaciones. En contra del consejo dado por el Gobierno desde principios de agosto de que las personas regresaran a las fábricas y oficinas, Downing Street volvió a sugerir que se trabajara desde casa siempre que fuera posible. El resto de medidas son un confuso laberinto de horarios, prohibiciones y excepciones, aplicadas de modo diferente en distintas zonas del país, que han irritado a los políticos y suscitado el escepticismo de los expertos sobre su posible eficacia. La demostración venía del propio médico jefe del Gobierno, Chris Whitty. Compareció en rueda de prensa junto a Johnson a última hora del lunes, y fue incapaz de respaldar por completo la eficacia del sistema triple de alerta que se acababa de anunciar. “No tengo la confianza, ni creo que nadie la tenga, de que las medidas contempladas en el nivel tres de alerta [muy alto] sean suficientes para poder frenar el virus”, dijo Whitty. Aunque añadió a continuación que las nuevas medidas contribuirían a hacer más lento el avance de la segunda ola, sus palabras entraron en directa contradicción con las de Johnson, quien aseguraba que había logrado el delicado equilibrio necesario entre la necesidad de actuar con firmeza y evitar un nuevo hundimiento de la economía.

El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha exigido al Gobierno este mismo martes que haga caso a las recomendaciones del SAGE e imponga un confinamiento nacional de dos semanas para intentar controlar el avance del virus. “Ya no queda tiempo para otorgar al primer ministro el beneficio de la duda. El plan del Gobierno no está funcionando”, ha dicho Starmer. “Necesitamos una alternativa. Por eso pido un confinamiento-cortocircuito de dos a tres semanas, como propone el SAGE. Un conjunto de restricciones claras y eficaces que logren rebajar de nuevo el índice de transmisión [R] por debajo de uno”.

El ministro británico para las Administraciones Locales, Robert Jenrick, ha sido el primero de los hombres de Johnson en dar la cara para responder a la publicación de las actas del SAGE. Ha asegurado que el Gobierno sigue haciendo caso de las recomendaciones de los científicos, pero “ha tenido que tomar una decisión equilibrada”. “El primer ministro ha puesto en la balanza el deber de proteger la vida de las personas y la fortaleza del Servicio Nacional de Salud, junto a la necesidad de dar prioridad a las cosas que más importan a la sociedad, como la educación o el intento del menor número de personas pierdan su puesto de trabajo”, ha dicho.

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