Bélgica reduce el contacto con no convivientes a cinco personas y Amberes declara el toque de queda

Sacrificar agosto para salvar la vuelta de la actividad en septiembre. El Gobierno belga ha elegido dar marcha atrás en la progresiva apertura del país ante el alarmante aumento de los contagios. La batería de medidas, concebida para las próximas cuatro semanas, apunta al epicentro de la vida social. Y sus consecuencias serán visibles desde mañana miércoles: cada familia podrá verse con solo cinco personas de fuera del hogar, ya sean amigos o parientes, ni celebraciones privadas ni bodas podrán superar los diez asistentes, eventos como conciertos u obras de teatro verán limitada su capacidad a 100 personas en recintos cerrados y 200 al aire libre, y las compras deberán hacerse en solitario en un tiempo máximo de 30 minutos.

La reacción llega en paralelo al deterioro de los datos. Los infectados han escalado a 311 por día en la última semana, un 69% más, la mayoría jóvenes. Bélgica ya es el séptimo país de la UE con más contagiados respecto a su población en las últimas dos semanas —España, el tercero—, y la tendencia augura nuevos ascensos en esa clasificación. Consciente de la gravedad del momento, la primera ministra, Sophie Wilmès, adelantó a este lunes la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, prevista en un principio para el viernes. “El objetivo es esquivar un reconfinamiento generalizado y evitar poner en peligro el regreso de septiembre”, explicó.

El sistema de burbujas sociales se ha convertido en una de las armas preferidas del Gobierno belga para atajar los contagios. Hasta ahora, cada ciudadano podía frecuentar a 15 conocidos. Con el endurecimiento de la norma, esa cifra baja a cinco para todos —los menores de 12 años están excluidos—, con lo que en los hogares deberán ponerse de acuerdo sobre quiénes son los elegidos, las únicas personas con las que podrán relacionarse físicamente. La medida, sin embargo, tiene mucho de voluntarismo. Sus críticos advierten de que es imposible controlar los encuentros privados de millones de personas. Y dado que no hay policías suficientes para asegurar su aplicación, dan por hecho que quien no quiera cumplir la regla seguirá saltándosela sin consecuencias.

El rastreo de los casos es una de las mayores preocupaciones, hasta el punto de que todos los clientes de bares y restaurantes en Bélgica deben escribir en un formulario su nombre y teléfono para que puedan ser localizados si se detecta un rebrote.

La situación en la provincia de Amberes se ha convertido en el mayor dolor de cabeza para las autoridades. La segunda ciudad del país y sus aledaños concentraron casi la mitad de los nuevos contagios la semana pasada. Y el centro de crisis local decidió a última hora de este lunes prohibir a sus habitantes salir a la calle entre las once y media de la noche y las seis de la mañana. El toque de queda irá unido a la obligación de que bares y restaurantes cierren a las once de la noche, el uso de mascarilla cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad, el teletrabajo o la prohibición de los deportes de contacto y en equipo.

Fragilidad política

Si los rebrotes derivan en una segunda oleada, la crisis amenaza con coger a Bélgica con el pie cambiado. Pese a que el país lidera las muertes por millón de habitantes debido a un estricto sistema de conteo que incluye a los casos sospechosos como víctimas de la pandemia, la primera ministra, Sophie Wilmès, dotada de un estilo directo y transparente, ha sobrevivido a la crisis. Sin embargo, en la fragmentada escena política belga, su Gobierno, respaldado únicamente para afrontar la emergencia, pende de un hilo. En la sombra, continúan las negociaciones para forjar un nuevo Ejecutivo e incluso se especula con la posibilidad de repetir elecciones.

El divorcio con algunos de los expertos a cargo de la pandemia ha añadido inestabilidad. El antiguo portavoz y responsable de la política de tests y trazabilidad, Emmanuel André, abandonó su puesto en junio. Y la presidenta del grupo de expertos y jefa del servicio de enfermedades infecciosas del hospital universitario de Amberes, Erika Vlieghe, dejó su lugar en el Consejo Nacional de Seguridad tras un choque con el presidente de Flandes, Jan Jambon, sobre la reducción de las burbujas sociales.

Las condiciones de la colaboración de los expertos médicos con el Gobierno, del que no reciben ninguna remuneración, han generado debate. Marc van Ranst, uno de los virólogos de cabecera del Ejecutivo, quiso zanjar la discusión con un mensaje en redes sociales en el que rechazó que debieran tener sueldo público. “A todos nos pagan lo suficiente en nuestros empleos. En una crisis como esta todos debemos convertirnos en servidores públicos”.