Celima Gallego, la juez que tutela 16 residencias en Madrid: “Muchos ancianos han muerto sin asistencia”

Uno de los días más negros de la pandemia, con muertes por doquier, la juez Celima Gallego intentó hablar a través de videoconferencia con un anciano que estaba bajo su tutela y que acababa de ser trasladado a una de las 16 residencia del suroeste de Madrid -públicas, concertadas y privadas- que hay en su jurisdicción. Las medidas eran extremas para evitar que el bicho se colase en los centros.

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“¡Que te está preguntando la juez que cómo te encuentras...!”, le alertaron los cuidadores al otro lado del monitor. “Noté que le faltaba el aire, que respiraba con tanta dificultad que casi no podía hablar”, recuerda la magistrada. “Pregunté si le habían hecho el test y me dijeron que no. Comenté también por qué no le llevaban a un hospital, pero alegaron que estaban colapsados y que no aceptaban paciente de residencias. Me sentí impotente”.

Celima Gallego es juez de Familia e Incapacidades del segundo mayor partido judicial de Madrid: Móstoles, Boadilla del Monte, Brunete y Villaviciosa de Odón. Unos 300.000 habitantes. “Ha sido muy duro. Hubo días en que firmé hasta 15 archivos de seguimiento de ingresos en residencias geriátricas por fallecimientos de mayores“, señala. Gallego sostiene que hay que darle una vuelta al tema de las residencias, favorecer las públicas y reforzar más la asistencia sanitaria y domiciliaria de los enfermos, para evitar internamientos involuntarios y que los mayores permanezcan cerca de sus familiares.

Aparte de una adecuada atención, me impactó el clasismo en algunas residencias. Hay ancianos de primera y de segunda según lo que paguen

Celima Gallego, juez

Antes de la pandemia había visitado algunas residencias. “Noté carencias asistenciales: residencias con más de un centenar de mayores que solo tienen médico de lunes a viernes y uno de guardia, externo, los fines de semana, a los que se agradece el esfuerzo, pero no es suficiente. Carecían de geriatra, neurólogo, psiquiatra o neumólogo. Los mayores han estado muy desprotegidos durante el confinamiento”, se lamenta la juez.

En la Comunidad de Madrid, la Fiscalía ha abierto casi medio centenar de diligencias contra residencias, derivadas de denuncias de familiares por la falta de una asistencia sanitaria adecuada. Ahora hay más control, pero el virus de la covid-19 ha hecho estragos “y ha campado a sus anchas” en muchas residencias. “Es terrible, han muerto demasiados mayores en las residencias sin la debida asistencia”, señala.

Los jueces de incapacidades autorizan los ingresos en centros cerrados en los casos de personas que no pueden valerse por sí mismas: mayores y pacientes psiquiátricos con esquizofrenia, psicosis, bipolares y también ancianos que padecen demencia o patologías cognitivas cuyos familiares no pueden hacerse cargo de ellos. “Nuestro cometido es protegerles”, razona. En Móstoles y comarca es la juez Gallego quien tiene que autorizar los ingresos en una residencia o en una planta psiquiátrica (en centros cerrados, por imperativo legal) cuando una persona no está en disposición de manifestar si desea o no internarse en ella.

Asegura Gallego que “durante el confinamiento han crecido sustancialmente las alteraciones en la calle de personas, muchos jóvenes, con ingesta de drogas, o ausencia de ellas”. Los pacientes psiquiátricos han vivido de forma complicada esta situación. “Se han incrementado exponencialmente los ingresos psiquiátricos en estos meses debido a la alteración de hábitat vital”, añade.

La juez Gallego se reparte con otro colega las incapacidades de la zona y los conflictos matrimoniales: “Hay divorcios y rupturas en los que la principal pugna de la pareja es mantener el estatus social, dinero en suma, y no el bienestar de los hijos; y también padres incapaces de afrontar soluciones dialogadas e idóneas para sus hijos debido a una situación económica difícil y en escenarios muy desestructurados tras la ruptura. Estas tensiones se han visto agravadas tras el confinamiento. La solución es relanzar e implantar la mediación entre las parejas en favor de los hijos”.

“Ancianos pobres y ricos”

Le inquieta a la juez, en relación con las residencias de mayores, que gran parte de ellas sean de titularidad privada y que sus dueños (proliferan “los fondos buitre” en el accionariado) se muevan con fines lucrativos y no asistenciales. “Aparte de una adecuada atención, me impactó el clasismo en algunas residencias. Hay ancianos de primera y de segunda según lo que paguen, y los precios en general son altísimos. La media puede estar entre 1.500 y 2.000 euros al mes”, indica. Son muy pocas las que están subvencionadas, en cuyo caso el precio se reduce a unos 1.000 euros al mes. “Pero estas plazas están muy solicitadas y, por tanto, son insuficientes. A esas cantidades hay que sumar, además, los servicios extra que dan algunas residencias a los ancianos, pero hay que abonarlos aparte: por ejemplo, podología, odontología; revisiones médicas, refuerzos de fisioterapia”.

“¿Quién puede pagar todos los meses esa cantidad de dinero?”, se pregunta la juez Gallego. “Me llamó la atención que algunos tuvieran en la residencia su propia habitación, cama individual e incluso su apartamento con su pequeña cocina mientras otros ancianos se ven forzados a compartir habitación; y es que también aquí hay clases sociales, ancianos ricos y pobres, es muy triste”.

El coronavirus es ahora el auténtico enemigo, sobre todo de los mayores. Entre ella y su colega tutelan en este momento a más de 150 internos en áreas psiquiátricas de hospitales y en residencias (cuando se produce un internamiento urgente e involuntario, ella tiene un plazo de 72 horas para autorizarlo).

Una mampara de cristal separa en la actualidad su mesa en el estrado del juzgado de las sillas en que se sientan los litigantes. Tras el descontrol vivido, Gallego ha ordenado a los distintos centros que todos los meses le elaboren informes individualizados mensuales de la evolución de cada paciente declarado incapaz, con la orden expresa de que se les haga periódicamente la prueba de la Covid. “La sociedad no puede permitirse que se le mueran sus mayores en residencias sin el debido control y asistencia”, zanja la magistrada.

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