El ataúd de un muerto por la covid-19 que no pudo ser enterrado refleja el descontrol de la pandemia en Bolivia

El ataúd, envuelto en bolsas negras, va sobre una carretilla. Sobre él, un cartel con el infaltable “Q.E.P.D.”. Se trata de un hombre que falleció hace ya una semana por la covid-19 y que no había podido ser enterrado en el cementerio de la ciudad boliviana de Cochabamba. Quienes fueron sus amigos más cercanos exhiben el ataúd sobre la pista de una importante avenida de la ciudad para demandar a las autoridades locales su falta de acción. Los vecinos han creado un perímetro de seguridad con pilares y una cinta, de modo que nadie se acerque demasiado. Un dirigente cuenta que el cadáver no puede seguir depositado en la que fuera su casa, porque en ella viven niños. Otros vecinos gritan que ya son cinco muertos abandonados en el barrio y demandan: “¡Cuántos más quieren las autoridades para hacer algo!”.

Esta escena, recuperada en un vídeo por el diario local Opinión, es un testimonio de los dramáticos momentos que está viviendo Cochabamba en medio de la pandemia. Según el Gobierno boliviano, los sistemas sanitario y funerario de esta ciudad “están saturados, pero no han colapsado”. No obstante, la hija del fallecido declaró a Opinión que no recibió asistencia: “Yo llamé a las ambulancias para que nos ayuden porque le faltaba oxígeno a mi papá y no les dio la gana de venir. ¿Qué puedo hacer? Soy menor de edad… Si las autoridades no hacen nada, las familias van a sufrir más”. El hecho no es aislado. Hace unas semanas, la misma indignación fue reflejada por otras víctimas en ciudades del oriente del país como Trinidad y Santa Cruz, que han sufrido especialmente los efectos de la pandemia. Esta vez le tocó a Cochabamba, ciudad del centro, que en los registros oficiales tiene más de 4.000 enfermos y más de 240 fallecimientos. En total, Bolivia registra casi 37.000 contagios y supera los 1.300 decesos por la covid-19.

La pandemia recrudece la tensión política

El “bloqueo” de una calle con un féretro no es el único conflicto social que sufre esta urbe, la tercera más importante del país. En la mañana de este sábado, aviones militares hicieron vuelos rasantes sobre otro barrio cochabambino, el de K’ara K’ara, luego de que la policía fracasara en su intento de romper el bloqueo al botadero municipal. 60 camiones de basura custodiados por 300 policías intentaron sobrepasar el bloqueo y llegar al botadero, pero los manifestantes lo impidieron apedreándolos. Según el Gobierno, dos policías resultaron heridos, varios vehículos fueron dañados y las oficinas de la empresa de acopio quedaron destrozadas.

Este bloqueo está activo desde hace varias semanas, pero se ha intensificado desde que el Ministerio de Gobierno (Interior) detuviera y acusara de “terrorismo y sedición” a tres dirigentes de los grupos movilizados. Ahora los bloqueadores exigen –como primera demanda– la liberación de estos dirigentes, una de las cuales es candidata del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido del expresidente Evo Morales) en las elecciones generales convocadas para el 3 de septiembre. Los manifestantes también piden que se flexibilice más la cuarentena, con un permiso de circulación para los moto-taxis que abundan en la zona, y que se haga efectiva la subvención estatal en los pagos de las facturas eléctricas, que el Gobierno interino asegura estar cumpliendo. Las protestas en contra de las autoridades interinas en algunas zonas de Cochabamba han sido especialmente denigradas por el Gobierno, que considera que estas son “acciones terroristas” planeadas por el MAS y por Morales, que comenzó su carrera política en el sur del departamento de Cochabamba.

Entre las demandas de los manifestantes también impera la suspensión del “rastrillaje” casa por casa de enfermos, en tanto no se convenza a los pobladores de la necesidad y utilidad de estos rastreos. El rechazo a esta medida se debe al miedo que muchas personas sienten a ser consideradas públicamente como casos positivos o sospechosos. El colapso de los servicios sanitarios junto al miedo de la población a enfrentar los embates del virus han generado una ola de discriminación y especulaciones sobre el tratamiento de los pacientes con plasma sanguíneo de pacientes recuperados. Hace unos días, un grupo de vecinos atacó a una brigada de trabajadores sanitarios, causando la indignación de los funcionarios del Ministerio de Gobierno (Interior), que advirtieron que impondrán drásticas sanciones contra los responsables. Las autoridades también afirmaron que “por culpa del sabotaje”, en K’ara K’ara se recogen hasta tres veces más cadáveres vinculados con la covid-19 que en otras zonas de Cochabamba.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que los bloqueadores “quieren prohibir el ingreso de la basura [al botadero] para que haya doble pandemia” y que el Gobierno “va a caer con toda su fuerza” sobre los “delincuentes vestidos de políticos” que actuaron en este barrio. Murillo también acusó al expresidente Morales por las protestas: “Todo esto tiene nombre y apellido: Evo Morales Ayma”. Desde el derrocamiento de Morales, Murillo ha acusado frecuentemente al expresidente y a su partido de realizar “acciones terroristas” en contra del Gobierno. El MAS, por su parte, asegura que estas protestas son movimientos espontáneos generados por la dureza de las circunstancias que vive Bolivia y por la represión gubernamental de los sindicatos.