Prisión para un concejal de Ponferrada por agredir presuntamente a su esposa

El concejal de Ponferrada (León, 65.000 habitantes) Pedro Muñoz ha ingresado en prisión en la tarde de este martes tras haber sido detenido por la Guardia Civil este lunes acusado de agredir presuntamente a su esposa, que se encuentra ingresada en estado grave con un traumatismo craneoencefálico en el Hospital de León. El Juzgado de Instrucción 5 de Ponferrada, con competencias en Violencia sobre la Mujer, ha ordenado la prisión comunicada sin fianza del concejal detenido por supuestos malos tratos a su pareja y se le investiga una causa abierta por tentativa de homicidio y malos tratos habituales en el ámbito familiar. El regidor de la localidad leonesa, Olegario Ramón (PSOE), ha apartado cautelarmente de sus funciones a Muñoz —de Coalición por el Bierzo, partido con el que gobierna junto a Podemos en coalición—, hasta que se esclarezca lo ocurrido.

Cuando se produjeron los hechos, el pasado jueves, fue el propio Muñoz el que avisó a los servicios de emergencias. El concejal explicó que su mujer se había caído accidentalmente en la casa en Toreno (León) en la que pasaban el confinamiento, según fuentes de la investigación citadas por Efe, que señalan que algunas evidencias ponen en entredicho su versión de los hechos y apuntan a una agresión machista.

La mujer, Raquel Díaz, es abogada y ocupa un puesto importante en la coalición bercianista. Fue candidata a la alcaldía de Villafranca del Bierzo en 2019. Muñoz, enfermero de profesión, tiene una trayectoria política larga y en varias formaciones, en la que destaca su cargo como procurador del PP en la Junta de Castilla y León o como alcalde de Toreno.

El regidor ponferradino afirma que el Consistorio “tiene conocimiento escaso de lo ocurrido” y explica la decisión de desmarcarse del acusado por la “tolerancia cero contra la violencia machista”. El primer edil advierte de que la medida es “cautelar” y de que “los jueces y la policía han de hacer su trabajo y determinar responsabilidades”. Los hechos, si se confirmasen, son “execrables", mantiene, y no quiere que se identifique a su Ayuntamiento “con estas conductas”.

El alcalde asegura desconocer “las circunstancias personales” de la pareja y sostiene que el abogado de Muñoz le hizo llegar la noticia de la detención. Ramón destaca que el sospechoso “estaba muy preocupado” por la salud de su esposa y que habían hablado del tema desde que se produjo el ingreso hospitalario, pero prefiere no abundar en ello por la confidencialidad de los datos e informaciones personales.

El secretario de organización del partido, Pedro Quintana, se refiere a ellos como “un matrimonio normal” y apunta que nunca vio episodios de violencia, aunque matiza que “no significa nada”. Quintana pida paciencia antes de tomar decisiones: deberán hablar con él, conocer la resolución judicial y a partir de ahí evaluar si prosigue en sus filas políticas. “Entiendo que si se le imputa él, por higiene personal, se irá”, opina, y añade que las posibles medidas a tomar están determinadas en los estatutos de la formación.

La decisión de retirar de sus responsabilidades a Muñoz resulta preventiva, indica el regidor ponferradino, quien insiste en respetar la presunción de inocencia. El concejal de Medio Rural e integrante de la coalición berciana, Iván Alonso, asumirá las funciones en el equipo de Gobierno y en la junta de Gobierno local que hasta el lunes ocupaba el arrestado. Las plataformas feministas de Ponferrada se han solidarizado con la mujer y han recalcado que deben estudiarse “todas aquellas cuestiones que puedan estar en relación a un no deseado, pero posible caso de violencia machista".

Olegario Ramón subraya también que la medida de retirar al detenido de sus responsabilidades se enmarca en desligar a Ponferrada y su Ayuntamiento de la violencia machista, con el recuerdo de lo ocurrido con Nevenka Fernández en 2001. La entonces concejal denunció al alcalde de la época, Ismael Álvarez, por acoso sexual. Este dimitió del cargo y fue sancionado con una multa económica tras pasar el caso por el Tribunal Supremo, que retiró la agravante de abuso de superioridad por entender que entre un regidor y una concejala no existe relación jerárquica, y por el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso de amparo que solicitó el político.

En lo que va de año, 20 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España. El año 2019 se cerró con 55 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, la cifra más alta desde hace un lustro. Los menores asesinados son 36 desde 2013, cuando entraron también en el registro oficial.

El 016 es el número de atención a las víctimas de violencia de género. No deja huella en la factura, pero hay que borrarlo del registro de llamadas. Los menores también pueden dirigirse al teléfono de la Fundación Anar (900 20 20 10). Además, las mujeres en riesgo pueden enviar un mensaje de alerta por la aplicación para móviles ALERTCOPS, que activa una geolocalización que recibirá la policía. También está disponible un sistema de chat de asistencia psicológica (en los teléfonos 682 91 61 36 y 682 50 85 07).