La mayoría de las comunidades pasaron a la fase 1 haciendo pruebas a menos de la mitad de los sospechosos

La mayoría de los territorios españoles pasaron a fase 1 cuando sus sistemas de atención primaria todavía no eran capaces de diagnosticar con pruebas PCR ni a la mitad de los casos sospechosos. El Ministerio de Sanidad ha publicado a última hora de este lunes los informes que justifican las causas del cambio de fase (o en su caso, del rechazo a avanzar) y, tal y como se había anunciado, no hay criterios fijos e inamovibles. Cada documento hace énfasis en las virtudes o necesidad de mejora de cada comunidad y los cambios de fase se han dado con valores muy dispares.

En La Rioja, por ejemplo, la atención primaria diagnosticaba al 100% de los casos sospechosos mediante pruebas PCR. Pero es la excepción. La mayoría de comunidades quedaban muy lejos de esta cifra y Sanidad les insta en sus informes a hacer esfuerzos por mejorar la capacidad. Madrid, por ejemplo ha avanzado haciendo test a la mitad de personas que acudían al médico de cabecera con síntomas; el País Vasco a un 41%; Castilla y León, más del 80% en cinco provincias; Castilla-La Mancha a entre el 40% y el 43%, Asturias solo al 14,3% (pero con una muy baja incidencia de la epidemia); Andalucía con un 52,7%, mientras que Málaga y Granada se quedaron rezagadas pudiendo diagnosticar al 48% y al 45,3%, respectivamente. Para cambiar de fase, Granada subió su capacidad hasta el 50,5%, pero Málaga bajó al 32,8%. En Cataluña, Barcelona y su área metropolitana norte y sur hacían PCR al 21% de los sospechosos en primaria, informa Jessica Mouzo.

Estas disparidades se pueden deber, como ha explicado Fernando Simón en varias ocasiones, a que unos factores son interdependientes de otros. Por ejemplo, si una comunidad no tiene grandes capacidades de detección, pero tampoco una gran incidencia de la epidemia (caso de Asturias, por ejemplo), estaría en mejor situación que otra con gran capacidad, pero muchos casos, como sucedía en Castilla y León.

No obstante, la capacidad de detectar con rapidez los casos para poder aislarlos, identificar a sus contactos y cortar así las cadenas de transmisión ha sido siempre uno de los requisitos que el Ministerio de Sanidad ha señalado como fundamentales en el camino de la llamada “nueva normalidad”. El Gobierno encargó a la atención primaria la tarea principal de detectar cada nuevo caso y, a partir de ahí, junto a los servicios de Salud Pública de las comunidades, rastrear todos sus contactos para comprobar si estaban infectados.

A tenor de los informes publicados por Sanidad esto estaba lejos de ser una realidad para la mayoría de los territorios cuando pasaban a fase 1. La primaria se dejaba un amplio porcentaje de sospechosos sin diagnosticar mientras en los hospitales la realización de pruebas PCR ya era del 100%.

Los informes son muy técnicos y poco valorativos. En general no subrayan las carencias sino que destacan las virtudes o los esfuerzos para mejorar. Solo en contadas ocasiones los técnicos alertan con frases como “El compromiso de llegar al 100% a partir del 11 de mayo requerirá de un esfuerzo organizativo importante”, que fue lo que dijeron a Extremadura el día 8. Esta comunidad estaba haciendo pruebas PCR solo al 26,2% de los sospechosos en Badajoz y al 19,1% en Cáceres.

El aviso a Cataluña fue por la capacidad de sus laboratorios de microbiología en las áreas metropolitanas norte y sur (en Barcelona, salvo la capital). Estaban al 88% y al 73% de su capacidad, por lo que los técnicos entendían que quedaba poco margen para escalar: “La capacidad debe incrementarse para la respuesta en caso de rebrote”, alertan.

La Comunidad de Madrid no pudo pasar a fase 1 hasta que el Ministerio de Sanidad comprobó que había reforzado su capacidad diagnóstica y su sistema de detección precoz y seguimiento de contactos en atención primaria. En el informe del pasado día 15 alababa su esfuerzo, pero le decía: “Es necesario que su sistema se consolide en los próximos días para mayor seguridad y que se pueda visualizar su completa capacidad de detección, diagnóstico, aislamiento y seguimiento de casos confirmados y sus contactos”. Finalmente, la semana pasada Madrid explicó su plan, que incluía incrementar la plantilla de personas que hacen vigilancia epidemiológica. Se trata tanto de “voluntarios” como de “efectivos adicionales”. En total, estas personas pasan de 36 a 169, según el informe del 22 de mayo. Esta es la única cifra de refuerzo de profesionales que facilita Madrid, que asegura haber apuntalado su sistema de búsqueda de contactos con “apoyo de la tecnología y equipos multidisciplinares”.

En la Comunidad Valenciana, la decisión del ministerio de que 14 de sus 24 departamentos de salud (los más poblados) no pasaran el 11 de mayo a la fase 1 de desescalada, provocó una airada protesta del Gobierno autonómico, que acusó a Sanidad de falta de transparencia en los criterios para el cambio de fase. En el informe que lo justifica, el Ministerio de sanidad pedía un esfuerzo para hacer más pruebas de diagnóstico por PCR (entre el 80% y el 100% e casos sospechosos) en el plazo de uno o dos días y alertaba de que todavía había departamentos con tasas superiores o alrededor de 50 casos por 100.000 habitantes. El documento indicaba además que la situación epidemiológica había mejorado, con un índice de reproducción de casos por debajo del 1% desde el 15 de abril, pero añadía que en las dos semanas anteriores se habían diagnosticado más de 1.000 casos en Alicante y Valencia, y casi 200 en Castellón.

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